"No se ha hablado de impuestos a las eléctricas". Así de clara se ha mostrado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la reunión que ella misma y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido este martes con los primeros espadas del Ibex eléctrico. Más allá de esta declaración de intenciones, que choca con la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de aprobar un impuesto sobre los windfall profits de las grandes eléctricas, la vicepresidenta tercera ha vuelto a arrastrar los pies en relación al plan de choque que el Ejecutivo tiene previsto adoptar la próxima semana para atajar los estragos de la meteórica escalada de precios de luz, gas y carburantes, agravada por la guerra en Ucrania.
El citado 'cara a cara' se ha prolongado más de dos horas y ha obligado a retrasar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. El presidente del Gobierno convocó esta reunión de urgencia, con la idea de compartir, a puerta cerrada con los máximos ejecutivos de las principales energéticas del país, el paquete de medidas que está barajando el Ejecutivo.
A la cita de este martes en Moncloa han asistido el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, el primer ejecutivo de Endesa, José Bogas. El presidente de Nautrgy, Francisco Reynés, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques, también han acudido a la llamada del jefe del Ejecutivo. Ribera ha despejado cualquier duda respecto a la propuesta que Díaz puso sobre la mesa hace unos días de aprobar una tasa especial sobre los beneficios sobrevenidos de las grandes eléctricas en el marco del actual estado de emergencia energético.
Ribera ha anticipado que Moncloa ha convocado esta tarde a los 'número uno' del sector petrolero también con la idea de debatir el próximo paquete de medidas excepcionales. El Ejecutivo ha decidido posponer otra semana más la aprobación de medias excepcionales que respondan al 'estado de alarma energético' que vive nuestro país, a dos días de que se celebre el cónclave del Consejo Europeo, donde está previsto que se apruebe la hoja de ruta comunitaria frente a la crisis energética.
El silencio de Ribera sugiere que el Ejecutivo sigue manteniendo el 29 de marzo como fecha tope para dar luz verde a esta batería de medidas de urgencia. El calendario no es casual, el Gobierno sigue a la espera de la respuesta del Consejo Europeo sobre si el conjunto de los Estados miembros se suman al plan español para intervenir el mercado eléctrico o, por el contrario, optan por medidas alternativas a la intervención del mercado. A Moncloa se le agota el tiempo para convencer a sus vecinos europeos de las bondades de esta reforma integral que tanto Ribera como el propio Sánchez están defendiendo a capa y espada en su 'roadshow' por Europa.
No pinta bien. Sánchez sigue encontrando una fuerte oposición entre sus homólogos europeos ante la idea de desligar el precio del gas del pool eléctrico, como quiere España. Se trata de una reforma de un calado histórico que exige de la cooperación de todos los Estados miembros. A a día de hoy, aún se oponen pesos pesados como Alemania, Países Bajos o Dinamarca.
Ribera ha desviado el foco hacia una serie de iniciativas energéticas que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, ideadas para consolidar lo que ha bautizado como "la autonomía estratégica de España". Desde nuevas inversiones en materia de interconexiones, con el punto de mira en Portugal y Francia, hasta el desarrollo de la hoja de ruta del biogás. Ninguna de ellas resuelve la gran incógnita que mantiene expectante al sector: el paquete de medidas excepcionales que adoptará el Gobierno para paliar la desbocada escalada de precios en el mercado eléctrico.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el presidente del Ejecutivo comparecerá en el Congreso para explicar en sede parlamentaria ese plan de choque contra los estragos de la crisis.
Más allá del debate energético, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, la creación de una comisión consultiva para valorar la reubicación de organismos estatales, de acuerdo con la política de descentralización de recursos desde la capital que ha asumido el Gobierno. Adicionalmente, el Ejecutivo ha dado luz verde también al bono cultural de 400 euros que recibirán los jóvenes de 18 años.
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