El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera mantiene el calendario del apagón nuclear pactado en 2019 con las eléctricas a pesar de las advertencias de Endesa e Iberdrola para que rebaje la fiscalidad que afecta a la generación de las instalaciones y que hace inviable su funcionamiento, según sus análisis. Las eléctricas han trasladado su inquietud al Gobierno a través de las manifestaciones públicas de la asociación Foro Nuclear, en la que se integran todas las compañías propietarias de centrales, así como las empresas de ingeniería y materiales relacionadas con el negocio nuclear. Esta semana, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene previsto dar luz verde al informe de la renovación de los permisos de la central de Cofrentes (Valencia), propiedad de Iberdrola. Los permisos expiran el 20 de marzo.
El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha sido el encargado de poner números a las quejas de las empresas dueñas de las cinco centrales que están operativas en España. Según Araluce, en 2020, los impuestos y tasas pagadas por las centrales se situaron en torno a los 21 euros MWh. Esa cantidad supuso el 61% de los ingresos del mercado. Con el 39% restante, las instalaciones sólo cubrieron una parte de los costes operativos, pero nada de las amortizaciones de inversiones. La conclusión de las empresas: la situación no es sostenible y el calendario pactado hace dos años está en el aire.
Fuentes de las empresas afectadas explican que si la situación se mantiene, no se puede descartar alguna petición de cierre antes del calendario de cierres previsto entre los años 2027 y 2035. Pedir no significa obtener. Para cerrar una central, tiene que haber permiso de la Administración, que está obligada a velar por la seguridad de suministro. En el ministerio que dirige Ribera, no hay cambios en los planes. "El Gobierno baraja los mismos escenarios", aseguran fuentes ministeriales.
Nuevas demandas
La referencia en las nuevas demandas de las eléctricas es la negociación que está llevando el Gobierno francés con la Comisión Europea para que esta autorice a las centrales francesas -58 reactores que suministran el 70% de la electricidad- el cobro de un precio fijo por la electricidad que generan de entre 45 y 50 euros MWh que cubra sus costes. El equivalente en España -si se tienen en cuenta los impuestos- a un precio de entre 58 y 63 euros MWh.
La idea de que el pacto del apagón nuclear alcanzado con Ribera es revisable ha planeado siempre con cada decisión de política energética. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, defendió prácticamente desde el minuto uno que el acuerdo con Ribera no debería estar escrito en piedra. Bogas sostuvo hace apenas tres meses que, más que plantear el cierre del parque nuclear inmediato "hay que pelear" con el Gobierno por bajar algunos de los impuestos que gravan a estas centrales, para que su rentabilidad sea "razonable".
En esa línea, a finales del pasado año, el Foro Nuclear contó con la participación en uno de sus actos públicos del director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael M. Grossi, quien abordó la situación de la actividad nuclear en España. El diplomático argentino fue claro en su intervención: "La actividad nuclear vive un momento interesante y con muchas posibilidades", dijo, “también con problemas, también con cuestionamientos y también con legítimas decisiones nacionales, incluida la de España, de avanzar hacia una gradual desaparición de la actividad que también, como toda decisión política, puede estar sujeta a variaciones y a cambios". Nada está cerrado.
Tasas y cierres
El calendario del apagón nuclear está vinculado a la tasa que el Gobierno revisó al alza el pasado año y que pagan las propietarias de las centrales -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- para financiar la gestión de los residuos. Son 0,798 euros por kilovatio hora que deberían ser suficientes para hacer colchón y atender las necesidades del proceso de cierre de instalaciones.
Según los analistas (JP Morgan, Royal Bank o Morgan Stanley), la subida de la tasa debería bastar para financiar el apagón hasta 2035 y evitar déficits. Porque donde se preveían 40 años de funcionamiento de las instalaciones nucleares, el plan pactado entre el Gobierno y eléctricas estima una media de funcionamiento de 45,7 años. Una vida útil más larga de las centrales supone costes más altos en la gestión del combustible, pero también un aumento de efectivo recaudado con los impuestos nucleares por los mayores volúmenes a considerar.
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