La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y la Asociación Española de Cogeneración, a la que pertenecen empresas que utilizan electricidad y calor en sus procesos productivos, tienen prevista una reunión esta semana para concretar cómo se pueden modernizar centenares de instalaciones obsoletas y su coste. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera anunció en febrero que en cuestión de semanas pondría en marcha el núcleo de su plan: subastas para otorgar retribución regulada o lo que es lo mismo, ingresos garantizados, a un máximo de 1.200 MW, empezando por las plantas que consumen carbón y fuelóleo.
La idea es encaminar las instalaciones más antiguas hacia el autoconsumo y los carburantes menos contaminantes. Grandes companías como Repsol, Cepsa, Viscofan, Nestlé o Seat utilizan la cogeneración para abaratar su factura energética. El Plan de Energía y Clima prevé la celebración de varias subastas hasta 2030 , con una reducción de la potencia instalada de 5.239 MW a 3.670 MW.
El tiempo aprieta porque en diciembre pasado finalizó la prórroga de dos años concedida en 2018 por el Gobierno a este tipo de instalaciones dado el retraso que se registraba en los planes de modernización de cientos de plantas que utilizan al mismo tiempo energía térmica y energía eléctrica en sus procesos productivos. Finalizada la prórroga y sin nuevo marco normativo, a fin de año se quedaron en el limbo administrativo medio centenar de sociedades y 442MW de generación. Otros dos centenares de instalaciones acabarían su vida útil en los próximos tres años.
Falta de marco legal
La reunión trata de calmar los ánimos. La falta de marco legal afecta al tejido industrial en un momento económico especialmente delicado. En España unas 600 industrias emplean la cogeneración para producir el 20% del PIB industrial en sectores industriales calorintensivos -alimentación y bebidas, papel, química, azulejos, textiles, refino, automóviles, etc.- que mantienen unos 200.000 empleos directos y que exportan globalmente sus productos en más de un 50%.
La preocupación afecta a múltiples sectores porque la cogeneración la emplean todo tipo de industrias, incluyendo casi todas las papeleras, químicas y petroleras, como Repsol y Cepsa, y también pequeñas empresas de otros sectores como olivareras, lácteas o de conservas. Para las compañías gasistas es una actividad clave. Las instalaciones de cogeneración suponen un 20% de la demanda de gas natural del país.
Las peticiones de las industrias se producen en un marco polémico. El Gobierno ha diseñado un mecanismo, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), para sacar del recibo de la luz los cargos que financiaban la cogeneración y distribuirlos entre todas las empresas relacionadas con la venta de energía. Las empresas cogeneradoras consideran que el nuevo fondo las perjudica. Han presentado alegaciones al proyecto y son rotundas: "La propuesta de penalizar la cogeneración y no a las centrales eléctricas convencionales" dicen " es asimétrica y contraria a los principios de equidad, justicia y objetividad, así como a los objetivos de transición energética perseguidos por el anteproyecto".
Subida de costes
La consecuencia de recortar cogeneración implicaría, según las empresas, la subida del 20% de los costes energéticos de 250 industrias - 6% del PIB industrial-, empeorando en un 15% la eficiencia energética en los sectores industriales calorintensivos. Para evitarlo, los cogeneradores piden que se revise el PNIEC para potenciar la industria en la futura Ley de Transición energética que se tramita en el Congreso.
El análisis de situación que hacen las eléctricas, partidarias del nuevo fondo, es muy distinto. Según explican, entre los años 2014 y 2019, los titulares de instalaciones de cogeneración recibieron casi 7.000 millones de prima regulada, según datos de la CNMC. Un dinero que se destina teróricamente a promover la eficiencia en los procesos de generación de calor y de electricidad. En el sector eléctrico, que siempre ha defendido aligerar el recibo eléctrico de cargas, se sostiene, sin embargo, que solo una pequeña parte del total de ayudas a la cogeneración financia las instalaciones. En la práctica, los consumidores eléctricos estarían financiando el coste del gas.
El debate es de calado. Intenso. Tanto que el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco tuvo que transmitir "un elemento de calma" para el sector industrial en un reciente acto con las asociaciones de la industria. Según dijo, no está todo cerrado ya que el anteproyecto de ley para el polémico fondo "está abierto al debate", en su tramitación. Pese a los intentos tranquilizadores de Blanco, el Gobierno no tiene un excesivo margen de maniobra. No puede contentar a todas las partes.
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