Los empresarios Jon Riberas y Jaime Castellanos han completado el primer 'earn out' de la venta parcial de su participación en el grupo de VTC Moove Cars a Uber en el marco del rescate financiero ejecutado en 2021. Cobran otros 15 millones y elevan hasta los 30 millones este variable que está vinculado al cumplimiento de una serie de hitos económicos y operativos. El grupo, que cuenta con la mayor flota de vehículos con conductor, perdió algo más de 7 millones de euros durante el pasado ejercicio, más del doble del año anterior.
Jon Riberas, copropietario de Gestamp, y Jaime Castellanos, presidente de Lazard, encabezan la sociedad que hasta ese rescate controlaba el 30% de los títulos -frente al 70% de King Street Capital, el 'private equity' que financió la compra de las cerca de 4.000 licencias VTC en manos de la familia Ortigüela-. Ahora ostentan el 21%. Esa venta del 9% les generó un primer ingreso en forma de dividendo de 13 millones. Luego en 2023 recibieron una primera parte de un variable de 15 millones. En enero, según queda reflejado en documentación oficial consultada por La Información, han recibido los otros 15 millones adeudados, lo que elevaría ese 'bonus' a 30 millones.
La primera parte ya fue repartida a través de una suerte de dividendo. Y lo previsible es que con esta también hagan lo mismo. Ese 21% es controlado a través de la sociedad Mirtosan, que tiene un accionariado repartido entre nombres relevantes. El 25% de esta sociedad está en manos de una sociedad de Jon Riberas (Gold Iberia Capital); el 13,5% es de Furelos Investment, una patrimonial de la familia de Castellanos con Patricia O´Shea Artiñano; un 12,5% de la sociedad de Rafael García Tapia, quien era consejero delegado del grupo Moove Cars; un 11% de Francisco González-Camino, y otro 11% de Bercort Gestiones, otra sociedad vinculada a Castellanos.
En esa documentación de Mirtosan, la empresa apunta a que tanto los primeros 15 millones como los que se han aportado en enero ha generado un beneficio en la cuenta de resultados. Y se aprovecharán de una exención fiscal en un 95% de estas ganancias. En la venta del 9% de Moove Cars a Uber se generaron unas pérdidas de 4,6 millones de euros por la diferencia de valoración "que no fueron deducibles fiscalmente".
El rescate de Uber se produjo a principios de 2021 en plena tormenta financiera y económica para las grandes flotas de VTC en España. La compañía se hacía con un 30% de los títulos -con opción de comprar más en el futuro- por un precio inicial de 5 millones de dólares y un desembolso de hasta 185 millones "dependiendo de la evolución de Moove y de ciertas condiciones". Estos primeros 30 millones que han recibido los empresarios españoles corresponden con ese variable. A esto hay que sumar un préstamo de 213 millones de dólares y un acuerdo comercial de exclusividad. Hoy esa deuda se sitúa en los 278 millones, a cierre del primer trimestre de este año.
Uber no ha expresado su intención, al menos por ahora, de incrementar esa posición del 30% que de todas formas le hace colocarla como una 'asociada' dentro de sus inversiones y le obliga a ofrecer datos sobre la evolución en los reportes trimestrales ante la SEC estadounidense. Tiene esa posibilidad desde el año pasado pero no la ha ejecutado. La tecnológica cuenta con tres representantes en el consejo de administración (la directora legal y responsable de Competencia en Europa, Angeline Woods; la vicepresidenta responsable del área de movilidad en EMEA, Anabel Díaz, y John Bogmans), mientras que King Street tiene otros tres.
No hay datos completos de negocio de Moove Cars en este año 2023. Lo que sí que existen son cifras sobre la rentabilidad de la compañía en las cuentas de la sociedad luxemburguesa desde la que el fondo King Street Capital controla el otro 40% de los títulos de la gestora de flotas de vehículos. En esa documentación consultada, se refleja que las pérdidas del ejercicio acabado en diciembre de 2023 fueron de algo más de 7 millones de euros, lo que supone duplicar lo registrado el año anterior.
Mientras tanto, Uber sigue pendiente, al igual que buena parte del sector de la VTC, del dictamen que haga el Tribunal Constitucional sobre el acuerdo de exclusividad entre Cabify y otra de las grandes flotas de VTC, Grupo Auro, y el laudo arbitral sobre el mismo. Los magistrados admitieron el año pasado a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el que hasta hace un par de años era el socio de referencia de la startup española. En caso de que el pronunciamiento sea favorable para los intereses del grupo con unas 2.000 autorizaciones, todo apunta a que se formalizará la entrada de la estadounidense en el accionariado. Ya lo ha hecho en el consejo de administración con dos representantes.
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