Telefónica vuelve a salir a escena para presionar a las administraciones. Lo hace después de la complicada creación de Masorange con la fusión de Orange y Másmóvil tras más de dos años de gestiones en Bruselas y con medidas compensatorias que mantendrán un cuarto operador fuerte. Una creación que les ha relegado a una segunda posición por número de clientes totales. El presidente de la operadora en España, Emilio Gayo, ha exigido más consolidación que permita crear "empresas más sólidas", menos regulación para "aplicar la capacidad de inversión" y más colaboración público-privada.
Antes de plantear estas medidas, el primer ejecutivo en el mercado español -el principal de la operadora a nivel global- para el anterior incumbente del sector ha insistido durante la primera jornada del DigitalES Summit -evento anual de la patronal de estas compañías- en que el sector de las telecos "ha sufrido y sufre" ante una caída del 33% de los ingresos en Europa durante la última década frente al crecimiento del 12% en EEUU y del 18% en China en el mismo periodo. Hoy, las principales operadoras tienen un valor bursátil que representa la mitad de cualquiera de las mismas en los otros dos mercados.
"El sector necesita ayuda", apunta Gayo. En la receta que ha puesto sobre la mesa se repiten los que se han exigido en los últimos años. Por un lado, una mayor consolidación que permita construir empresas "más sólidas que puedan abordar la inversión" que necesita en los despliegues de las redes y la asunción de unos "incrementos ingentes de tráfico" que se prevén para los próximos años. Esto se produce después de la creación de Masorange, con la fusión del segundo y el cuarto operador en España y que aglutinan 30 millones de líneas móviles y 7,3 millones de fijas.
Junto a esta mayor facilidad para las fusiones y adquisiciones en el sector con las que ganar tamaño, Gayo vuelve a plantear una menor regulación por parte de Bruselas y del resto de administraciones. "Menos trabas y menos cortapisas, para poder aplicar esa capacidad de inversión", afirma. Lo afirma justo antes de que tome la palabra la directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Alejandra de Iturriaga, y antes de que se aborden los cambios tras la creación de Masorange con la que han perdido el cetro del principal operador por clientes.
Las otras dos medidas que propone está una "mayor colaboración público-privada": "Todavía podemos hacer más". Además, insiste en la necesidad de comprometerse para crear y retener más talento. "Hay que tener más inversión en educación", apunta. En el lado de las operadoras, el ejecutivo ha reslatado el "compromiso" para seguir invirtiendo. "Es el sector que ha puesto las redes y que las va a seguir poniendo pese los incrementos ingentes de tráfico", reivindica.
En un plano más positivo, el directivo ha insistido en que la oportunidad que genera la economía digital es "muy grande y se está acelerando". Y en este contexto, España cuenta con infraestructuras listas. "A falta de cubrir algunos huecos y que serán importantes para no dejar a nadie atrás, España es un país 100% fibra; las redes están preparadas", insiste. El país se está convirtiendo en una potencia en el segmento de los centros de datos, con una inversión de 1.300 millones en el país sólo en 2023. Además señala que se está marcando un "camino aventajado".
Protección del menor
Uno de los puntos clave en el desarrollo tecnológico es la protección del menor. Durante el DigitalES Summit, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en su intervención que la autorregulación de las empresas tecnológicas "es insuficiente" para proteger a los niños y adolescentes. "Debemos reconocer que no han funcionado", admite. "En el entorno digital domina la ley de la selva”, asegura.
“La autorregulación es insuficiente porque delega en las familias la responsabilidad de desenvolverse entre las diversas aplicaciones, comprender su uso y asumir la responsabilidad de la mejor elección”, apunta. El Gobierno ha puesto sobre la mesa el anteproyecto de ley de entornos digitales seguros, que se encuentra en consulta pública. Entre las medidas destaca el sistema de control parental y obligatorio en dispositivos.
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