El último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica eleva de nuevo las provisiones para afrontar los costes vinculados a los planes de salidas de la plantilla por encima de la barrera de los 5.000 millones de euros. Las tres filiales españolas principales de la operadora de telecomunicaciones cerraron el pasado ejercicio fiscal con casi 800 millones de euros ‘extra’ de reservas asignadas a los despidos colectivos de hace más de una década, el último y los diferentes planes de bajas incentivadas conocidos como ‘planes de suspensión individual’.
Pese a que las salidas se producen de manera escalonada y los pagos se efectúan durante años a los trabajadores desvinculados (todos ellos de más de 56 años), el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete lleva a cabo las reservas en sus cuentas de resultados de la totalidad del dinero y va aplicando progresivamente esas provisiones. En el inicio del año pasado, el grupo arrancaba con unos 4.250 millones de euros entre las tres sociedades -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- después de haber hecho desembolsos que redujeron esas huchas.
Según las cuentas recién presentadas por las compañías, y consultadas por La Información, en total a cierre de 2023 se han llegado hasta los 5.026 millones de euros -prácticamente 4.400 millones correspondientes con la filial cabecera, que es Telefónica de España-. Sigue estando lejos de las cifras alcanzadas a finales de la pasada década, pues los costes vinculados a esos planes de suspensión individual ejecutados entre 2015 y 2019 eran superiores a los últimos que se han completado.
La razón hay que encontrarla, obviamente, en el ERE que se negoció en la Navidad de 2023 aunque se firmó definitivamente con todas las organizaciones sindicales en el mes de enero. Ese expediente concentra algo menos de una cuarta parte de las provisiones. ¿Y el resto? Los ERE de 2003, 2007 y 2011 apenas suman ya 4 millones de euros. Por tanto, los tres planes de suspensión de 2016, 2019 y 2021 suman casi 3.650 millones de euros en total pese a todas las 'liquidaciones' de esas provisiones que se han hecho en los últimos años.
En total, como se había previsto, las provisiones para este último expediente fueron 1.307 millones de euros entre las tres. Estas reservas en cuenta de resultados representa prácticamente 200 millones menos que en el plan de suspensión de 2021 y que en 2019. El objetivo es cubrir tanto las indemnizaciones y los pagos de las rentas de los empleados hasta su jubilación y también la compensación a las arcas públicas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social durante los dos años de desempleo de los incluidos en el ERE. Hay que tener en cuenta que, frente a los planes de bajas anteriores, en esta ocasión se activó precisamente la llamada ‘cláusula Telefónica’ que obliga a correr con estos costes a empresas en beneficios que afrontan un ERE.
El grueso de las salidas ya se ha producido, pues se fijó la última semana del mes de febrero para ejecutarlas, aunque se retuvieron a personal en áreas críticas para tratar de llevar a cabo la transición de la manera más estable posible. Aún queda que se produzcan en los próximos meses -ha habido una nueva ‘hornada’ que han salido a principios de junio-, con marzo de 2025 como fecha tope. La plantilla a cierre del ejercicio pasado, antes de que se ejecutara el ERE, era de 16.580 trabajadores. Con la salida de los 3.447 trabajadores incluidos en el expediente se quedará en los 13.000 trabajadores. El nuevo convenio para los que se quedan, que se pactó con los sindicatos en paralelo al ERE, estará en vigor hasta diciembre de 2026 con la posibilidad de prórrogas acordadas por las partes.
Con este nuevo convenio y (y el ERE), la empresa se aseguraba la paz social en España, al igual que lograra también en otros mercados con revisiones salariales como la suscrita en Alemania o el cierre de hasta 76 acuerdos sindicales en Brasil durante el año pasado. Hace unos meses también se pactó definitivamente el convenio colectivo nuevo para la división de tiendas propias de la operadora de telecomunicaciones en España (Telyco). Donde aún no ha habido ‘fumata blanca’ con los sindicatos es en Telefónica Ingeniería de Seguridad. Según apuntaban desde Comisiones Obreras, la revisión de los sueldos de los años 2025 y 2026 había encallado y las propuestas planteadas por la dirección “se sigue encontrando fuera de las expectativas” de CCOO.
Otros frentes laborales en telecos
Al margen del caso de Telefónica, el sector de las telecomunicaciones tiene sobre la mesa varios frentes laborales que se tendrán que resolver durante los próximos meses. El más inmediato es el de Avatel, el quinto operador de facto que ha optado por asumir un papel especialmente duro en la negociación del ERE con el que pretende reducir de manera drástica la estructura de costes (este martes accedió a reducir un 18% la afectación y a mejorar las condiciones económicas). Pero la plantilla de Vodafone España también está pendiente de los primeros movimientos de la nueva dirección, liderada por José Miguel García como consejero delegado. La ausencia de exigencias claras de mantenimiento de empleo por parte del Gobierno en su autorización de la venta a Zegona ha incrementado la tensión en la plantilla.
El otro frente es Masorange. Se ha constituido una mesa de diálogo, que llevó a los sindicatos a lanzar una voz de alarma. El gran reto que hay por delante es la unificación de buena parte de las condiciones de trabajo del nuevo grupo, que tiene al menos tres comités de empresa diferentes -Másmóvil, Orange y Euskaltel- y con diferentes convenios colectivos. Desde la compañía han asegurado que se descartan despidos forzosos, pero que se deja la puerta abierta a planes de salidas voluntarias. La plantilla conjunta suma unos 8.300 trabajadores.
Por su parte, UGT ya ha transmitido esta semana a la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz, su preocupación ante la situación laboral del sector de las telecomunicaciones. Además de Avatel, cree que existen otros "focos de tensión" como Masorange o Vodafone. "La adquisición de Vodafone refuerza estos temores, ante la incertidumbre de nuevas salidas en una plantilla mermada", avisa.
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