Se aproximan curvas en BBVA. El lanzamiento de la opa hostil sobre Banco Sabadell y el fin de la instrucción del juez por el 'Caso Villarejo' en el que propone juzgar al banco como persona jurídica por los espionajes realizados por el excomisario José Manuel Villarejo durante diez años, así como al expresidente de la entidad, Francisco González, abocan a la entidad a unos meses de vértigo. En medio de esta vorágine, que deja a BBVA a un paso del banquillo -si el juez decide abrir juicio oral- mientras pretende crear el tercer mayor banco de Europa, Carlos Torres llega a la recta final de su mandato como primer ejecutivo.
El banquero fue reelegido durante 2022 por otros tres años más, por lo que si decide continuar al frente deberá someterse al escrutinio del accionariado que por aquel entonces ya deberá integrar a los accionistas de Banco Sabadell, si la opa sale adelante. Tal y como suele ser habitual, la celebración de la junta general de accionistas se suele convocar cerca de primavera. La última fue convocada para mediados de marzo. Si bien el directivo ha salido impune de la investigación de Cenyt -la empresa del comisario José Manuel Villarejo- su tercera renovación debe pasar el filtro del Banco Central Europeo (BCE).
Según explican fuentes financieras a este medio, el organismo con sede en Fráncfort será el encargado de realizar un test de idoneidad a Torres en caso de querer continuar en el cargo. El directivo, que ha esquivado la imputación, tuvo que acudir a testificar el pasado mes de octubre, declaraciones que quedaron sin efecto por haberse acordado fuera del plazo de vencimiento de la instrucción en esta pieza. El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción dejase a Torres fuera del caso ha allanado de algún modo el trascurso de la opa, en la que no interfiere en absoluto la causa judicial, según explican fuentes jurídicas.
A la espera de conocer los calendarios, todavía no se sabe si de cara a la junta general de 2025 ya habrá tenido lugar el juicio oral o si la opa sobre la entidad catalana habrá finalizado. El calendario planteado por BBVA el pasado mes de mayo recoge unos plazos de entre seis y ocho meses para obtener todos permisos regulatorios pertinentes y abrir el plazo de aceptación. Para que la operación salga adelante es necesario conseguir el 50,01% del respaldo de los accionistas del banco catalán. No obstante, varios analistas y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha deslizado la posibilidad de extenderse más de lo previsto.
Fuentes del banco defienden que los "hechos investigados no derivan en responsabilidad penal para la entidad" y reiteran que en ningún caso, puede perjudicar la oferta pública de adquisición. Cabe destacar que también han pedido implicar a una batería de exdirigentes entre los que se encuentran Julio Corrochano, exjefe de seguridad de la entidad; Ángel Cano, antiguo CEO de BBVA; el exdirector de Riesgos, Antonio Béjar o el que fuera jefe de control interno, Eduardo Arbizu, así como a otros directivos de segundo nivel que todavía trabajan para el banco. Se trata de Eduardo Ortega, responsable de auditoría interna y del jefe de servicios jurídicos para España y Portugal, Joaquín Gortari.
En la última cita con los accionistas BBVA buscó dar carpetazo a la era 'Francisco González', medida que se materializó con el relevo de históricos consejeros como José Maldonado después de 24 años o Juan Pi Llorens (13 años), siendo sustituidos por Enrique Casanueva, un banquero de JP Morgan, y Cristina de Parias, la antigua jefa del banco en Iberia. Con ello completaron el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno corporativo, que arrancó en 2019 con la renuncia a la presidencia de honor por parte de Francisco González un día antes de la junta ordinaria de ese ejercicio.
Desde que Torres accediera a la presidencia en 2019 ha impulsado algunas reformas de gobernanza con motivo de Cenyt, que no ha tenido impacto en el negocio ni en la evolución de la cotización. En su momento, ya prometió que actuaría con "rigor y diligencia" una vez que concluyera la investigación y prometió "tolerancia cero" con el resultado del análisis. Sin embargo, las mismas fuentes comentan que la prioridad del banco es la "plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos".
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