Quinto tijeretazo laboral en prácticamente una década. Vodafone España ejecuta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicará hasta 1.200 despidos para una plantilla que se sitúa en los 3.300 trabajadores. Esta medida, que se produce justo después de que el Gobierno autorizara la operación de venta al fondo británico Zegona y pasara de puntillas por los compromisos laborales, ha sido justificada por el grupo por la necesidad de "garantizar la viabilidad y competitividad del negocio a futuro". Arranca ahora la negociación con el comité de empresa durante las próximas cuatro semanas. Desde UGT aseguran que el fondo británico pretende "repetir un modelo fracasado" y lamentan la "inacción" del Ejecutivo de España.
Esa autorización sin hacer precisión sobre los compromisos laborales ya puso en alerta máxima a la plantilla, como avanzó La Información. Ahora, Vodafone España ha comunicado al comité este nuevo ERE que tiene una cifra inicial de 1.198 empleados lo que supone algo más de un tercio de la plantilla actual de la compañía, que ha sufrido otros tres procedimientos de despido colectivo desde el año 2013. En concreto representaría el 36,7%, según datos de los sindicatos.
Zegona asegura que este tijeretazo laboral se lleva a cabo como la "única fórmula" para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro. Insisten, por tanto, que se debe a razones económicas, productivas y organizativas, "determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial". Hay que tener en cuenta que la empresa ya ha puesto sobre la mesa una estrategia basada en una mayor agresividad comercial, centrándose especialmente en el segmento del 'bajo coste'.
En este sentido, Zegona ya señaló en el folleto que presentó ante el regulador bursátil británico -es una empresa cotizada- que Vodafone España tenía una estructura de coste de personal elevada en comparación con la que tenía Euskaltel en su momento -el nuevo CEO era el responsable de la operador vasca antes de la compra por parte de Másmóvil en 2021-. Y habló de potenciales recortes "selectivos", pero en este caso se trata de un ajuste especialmente agresivo. La compañía recordaba que Vodafone había reducido sus ingresos totales en un 8% y había perdido unos 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años.
Desde UGT lamentan la "inacción" del Gobierno que no reclamó garantías de empleo en la aprobación de la venta de Vodafone a Zegona
Desde UGT, lamentan que confluyan "la voracidad de una dirección incapaz de idear soluciones reales a los problemas reales" y la "inacción" de una administración "que no solicitó ninguna garantía de empleo" en la aprobación. Insisten en señalar la "mala gestión" que ha dilapidado el valor de la empresa. "La falta de visión estratégica, la incapacidad de leer la evolución del mercado, el desprecio a la innovación y el I+D o el servilismo ante la voracidad de los accionistas han llevado al grupo a una situación de desguace", apunta.
Antes de la compra por parte de Zegona, la plantilla se situaba algo por debajo de 3.800 trabajadores. Sin embargo, la venta al fondo británico ha conllevado el traspaso de unos 370 trabajadores al grupo con sede en Londres (Reino Unido) que se hizo efectivo en la primera parte de este año. Por tanto, el equipo global se situaría actualmente ligeramente por encima de los 3.400. Esto hace que la afección sea muy relevante. Según explica UGT, que es el sindicato mayoritario por encima de STC y CCOO, la afección es del 36,7%.
Una plantilla muy castigada
Hay que tener en cuenta que el Gobierno de España autorizó la operación de compra hace prácticamente un mes. El ministro para la Transición Digital, José Luis Escrivá, le dedicó apenas dos minutos de su intervención tras el Consejo de Ministros de este jueves a la operación de compra del tercer mayor operador de telecomunicaciones de España, con una de las mayores redes móviles del país y con una plantilla de más de 3.700 trabajadores. Sólo se refirió a compromisos vinculados a un plan de inversión en las redes fijas y móviles, junto con medidas que "garanticen una solvencia financiera elevada". En ningún momento se habló de garantía de empleo.
Desde el año 2013, la plantilla ha vivido más de 3.000 despidos. Ese ejercicio salieron 620 trabajadores -14% de la plantilla-; en 2015, tras la incorporación de la 'cablera' ONO por 7.200 millones se recortaron 1.059 puestos de trabajo; en 2019 salieron en torno a un millar -un 20%-, y en 2021 hubo 442 afectados. En este último se abonaron indemnizaciones brutas de 50 días por año trabajado con un máximo de 33 mensualidades (muy similar a 2019 y mejores a las de 2015 que se firmó con 45 días hasta 2012 y 33 días por año para el resto). Para mayores de 55 años se planteaba una prejubilación. En total hubo 356 adscripciones voluntarias y 47 salidas forzosas.
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