Primera propuesta dura en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Vodafone España para una cifra inicial de 1.198 trabajadores. Zegona ha ofrecido en el arranque de la negociación con los sindicatos una indemnización de 24 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades, menos de la mitad de lo que se pactó definitivamente para el despido colectivo de 2021 y ligeramente por encima del mínimo legal. UGT, sindicato mayoritario del comité, entiende que es "injustificable" utilizar las pérdidas económicas como justificación y señala al Gobierno por haber autorizado la transacción. Desde CCOO han reclamado que se retire el procedimiento y haya una mesa de negociación para plantear otras medidas "no traumáticas".
Este martes se ha constituido la mesa de negociación del ERE, por lo que arranca la cuenta atrás de cuatro semanas para llegar a un acuerdo. La dirección ha entregado la memoria que justifica en causas económicas, productivas y organizativas la medida del despido colectivo. "Entendemos injustificable que Vodafone incida en unas pérdidas que eran conocidas y pudo constatar en la 'due diligence' previa a la compra para destruir el futuro de 1.198 familias", apunta UGT en su comunicación oficial tras la primera reunión.
La primera propuesta económica que ha puesto sobre la mesa ha despertado las críticas de los sindicatos. En este primer 'asalto' se ha planteado una indemnización de 24 días por año trabajado con un límite de 14 mensualidades. Esto queda muy lejos de los 33 días con 24 mensualidades que se plantearon en el año 2021, el último ERE que lanzó la operadora -entonces bajo el paraguas del grupo británico-. Este acabó con prejubilaciones -sin voluntariedad- y con 50 días por año.
Los sindicatos ya se habían preparado para una negociación especialmente "dura", como avanzó La Información. Desde el comité insistían en que plantear, al menos inicialmente, el despido del 36% de la plantilla actual "es una barbaridad pro lo que no va a ser fácil que haya un acuerdo". Todo apuntaba a que las condiciones económicas -como ha sucedido en otras empresas del sector- no iban a ser como las que se firmaron en 2021.
La justificación que pone sobre la mesa ha puesto en guardia a los sindicatos. La memoria económica, de 500 páginas, pone sobre la mesa la situación económica de la compañía y la necesidad de despedir a estos empleados para tener viabilidad. Desde UGT aseguran que están consultando con su gabinete jurídico si realmente se pueden justificar esos 'números rojos' como una situación sobrevenida después de haber conocido las cifras y los números de los últimos años antes de formalizar la adquisición de la teleco.
Esa situación económica es prácticamente el único tema que se ha tratado en esta primera reunión y no se han tratado las causas organizativas, que también se alegan en el ERE. Desde CCOO muestran su "rechazo frontal" a la medida. "No entendemos de entrada todos los planteamientos, pues la situación económica la conocían; creemos que se puede encontrar el camino de otra manera", apuntan desde el sindicato. Han pedido que se retire la propuesta para así crear una mesa de diálogo con medidas "que no sean traumáticas". La organización apunta a que estudiarán opciones que tengan que ver con procesos basados en la voluntariedad o "con alternativas pactadas que enlacen con la jubilación", como se plantea en otras operadoras del sector.
La compañía había acumulado pérdidas en los últimos años ante la guerra comercial y el giro hacia el 'low cost' del mercado. Pero en los dos últimos ejercicios esos 'números rojos' se han reducido de manera muy relevante. Después de la pandemia pasaron de algo más de 400 millones en el ejercicio 2020-2021 a apenas 5 millones en el que periodo fiscal que acabó el pasado mes de marzo (último bajo el paraguas del grupo británico) tras los ajustes y medidas de ahorro ordenados desde la matriz. Pese a todo el capítulo de gastos laborales no es especialmente cuantioso en la cuenta de resultados de la compañía, según insisten desde los dos sindicatos mayoritarios, por lo que apuntan a que esta fuerte reducción de puestos de trabajo no va a resolver el problema de fondo.
Críticas al Gobierno
Desde UGT cuestionan la posición del Gobierno, que autorizó la operación de compra por parte de Zegona sin cuestionar las decisiones vinculadas al empleo y sin plantear públicamente los compromisos relacionados con la plantilla. "Lo del Gobierno es una candidez insólita", explican. Y se preguntan: "¿Le comunicaron o le ocultaron al Gobierno su necesidad de afrontar un ERE dada la situación económica? Si para la viabilidad hay que destruir empleo, ¿cómo piensa el ministro que se van a afrontar las inversiones que le han prometido para mantener y mejorar la calidad de la red?".
Desde el año 2013, la plantilla ha vivido más de 3.000 despidos. Ese ejercicio salieron 620 trabajadores -14% de la plantilla-; en 2015, tras la incorporación de la 'cablera' ONO por 7.200 millones se recortaron 1.059 puestos de trabajo; en 2019 salieron en torno a un millar -un 20%-, y en 2021 hubo 442 afectados. En este último se abonaron indemnizaciones brutas de 50 días por año trabajado con un máximo de 33 mensualidades (muy similar a 2019 y mejores a las de 2015 que se firmó con 45 días hasta 2012 y 33 días por año para el resto). Para mayores de 55 años se planteaba una prejubilación. En total hubo 356 adscripciones voluntarias y 47 salidas forzosas.
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