La Comisión Europea (CE) tiene hasta el próximo 4 de julio para hacer oficial la imposición de aranceles provisionales a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China. Una decisión que adoptará tras una investigación previa que concluyó que están ilegalmente subvencionados e impactan sobre los productores comunitarios. En concreto, Bruselas ya anunció el pasado 12 de junio la introducción de aranceles suplementarios de hasta el 38,1% a la importación de este tipo de vehículos a los principales fabricantes chinos.
En concreto, el ejecutivo comunitario anunció la intención de imponer aranceles suplementarios del 17,4 % al fabricante BYD, del 20 % a Geely, y del 38,1 % a SAIC, las tres empresas que la Comisión ha incluido en su investigación. Fue el pasado 4 de octubre de 2023, cuando la Comisión Europea abrió formalmente una investigación antisubsidios sobre las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China para determinar si sus cadenas de valor se benefician de subsidios ilegales y si éstos causan o amenazan con causar un perjuicio económico a los productores de la UE.
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, había anunciado antes, durante el debate sobre el estado de la Unión celebrado el 13 de septiembre en el Parlamento Europeo, el lanzamiento de una investigación sobre las subvenciones que China concede a sus vehículos eléctricos, cuyos precios argumentó que son "artificialmente bajos" por estas ayudas públicas y suponen pérdidas para las compañías europeas. Según señaló entonces la CE, los vehículos chinos tienen una penetración del 8 % en el mercado comunitario -que podría duplicarse hasta el 15 % en 2025 de continuar al mismo ritmo- y cuestan un 20 % más barato que los europeos.
13 Meses de investigación y medidas definitivas
¿Y cuáles son los próximos pasos? La Comisión Europea va a seguir con sus pesquisas varios meses hasta que decida si propone medidas antisubvención definitivas, una propuesta que deberán votar los Veintisiete (entre los que Alemania es reticente). En cualquier caso, la investigación debe concluir en un plazo máximo de 13 meses a partir de su apertura y, si está jurídicamente justificado, podrán imponerse derechos antisubvenciones provisionales en un plazo de 9 meses a partir de su inicio y, medidas definitivas, hasta 4 meses después (o en un plazo de 13 meses a partir de la apertura del proceso). Esto implica que, de considerarlo necesario, la CE tendría hasta el próximo 2 de noviembre como máximo para publicar la imposición de medidas definitivas.
Desde el sector automovilístico europeo, representado por Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, en inglés) han apostado por la prudencia. Por un lado ha recalcado que el comercio libre y justo es esencial para crear una industria automovilística europea competitiva a nivel mundial, pero al mismo tiempo ha alertado de que esa apertura es “solo una parte importante del puzzle” y que es necesaria una “estrategia industrial sólida para la electromovilidad”.
Por su parte, la patronal europea de fabricantes de componentes de automoción, CLEPA, ha señalado que los aranceles a los vehículos eléctricos de China pueden ser una "solución temporal” pero que no resolverán el desafío de competitividad de Europa.
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