Ence se dispara más de un 27% en bolsa después de que el Tribunal Supremo haya estimado los recursos presentados por la maderera y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga la actividad de la fábrica situada al pie de la ría de Pontevedra, aprobada en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que determinaba la continuidad de la factoría en su actual emplazamiento.
Así, los títulos de la compañía han acabado la sesión de este martes en los 3,8 euros, un nivel que no alcanzaba desde abril de 2021. La resolución, de 20 de enero de 2016, otorgaba a Ence una prórroga de 60 años (concluiría en 2073) de la concesión de ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre destinada a la fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra.
La Sala ha informado de que considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, "siempre que consten informes medioambientales favorables". En el asunto analizado, remarca, "constaban informes favorables de la Administración en esa materia". Ence ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo (TS) ya que "despeja la incertidumbre" sobre los empleos en la fábrica, de los que dependen 5.100 familias.
Por su parte, Greenpeace se ha mostrado crítico con la decisión y ha lamentado que el aval del Tribunal Supremo permita a esta compañía "seguir dañando" el entorno natural en el que se asienta, la ría de Pontevedra. Esta ONG había impulsado uno de los dos procesos que derivaron en las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga concedida por el Gobierno en 2016 para que Ence siguiera ocupando terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta 2073.
Esta sentencia del alto tribunal, sostienen desde Greenpeace, no permite que la ría de Pontevedra se libre de una actividad "altamente lesiva" y que resulta "incompatible" con la Ley de Costas "pues podría desarrollarse en cualquier otro lugar". En una nota, Greenpeace reitera que la presencia de la fábrica pastera en la ría de Pontevedra "no está justificada" e impide que se pueda recuperar la marisma de Lourizán, restaurando el "desastre" generado en los últimos 60 años.
"A pesar de todos los argumentos de peso, el medio ambiente hoy sale perdiendo", ha asegurado el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, que lamenta que el Supremo haya dado el "visto bueno" a la continuidad de la fábrica pontevedresa. Para Santos, el alto tribunal ha avalado el "regalo" del entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al reformar la Ley de Costas "favoreciendo determinados intereses privados como el de Ence y despreciando el impacto ambiental sobre la costa".
A pesar de esta sentencia, Greenpeace avanza que seguirá usando herramientas como la concienciación social, la investigación, la incidencia política, la defensa jurídica y la acción directa no violenta, por la preservación del litoral y la salvaguarda del medio marino en su conjunto, incluyendo las marismas de Lourizán.
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