La fiebre por los criterios ESG (medioambiental, social y buen gobierno, por sus siglas en inglés) ha calado hondo entre los países emergentes. Tanto, que la emisión de bonos que llevan asociada la etiqueta de "verde", "social", "sostenible" o "vinculada a la sostenibilidad" por parte de las empresas, estados y agencias de estas geografías se ha disparado en el último año hasta superar los 150.000 millones de dólares (unos 123.847 millones de euros). Esa cifra representa prácticamente una de cada cuatro emisiones responsables que se realizaron en el año de la pandemia, según los datos que maneja la organización internacional Climate Bonds Initiative (CBI).
La crisis del coronavirus ha dado un impulso evidente a la inversión responsable. Sus particularidades han puesto en evidencia hasta qué punto las decisiones -ya sean públicas o privadas- no deberían centrarse únicamente en el beneficio económico a corto plazo. Los países emergentes (China, India, Indonesia, Brasil y Rusia, pero también México, Argentina, Sudáfrica, Polonia, Turquía, o Corea del Sur) han tomado consciencia de este giro de perspectiva y no quieren quedarse atrás.
Más del 70% de los 125 inversores entrevistados por Bank of America Global Research para su última encuesta anual de emisores emergentes cuentan ya con una política de ESG o sostenibilidad. El sondeo constata que otro 21% de los inversores se adhiere a estas directrices en su toma de decisiones y que un 65% tiene en cuenta estos criterios, pero se muestra flexible en su asignación de activos. El cambio climático, la gobernanza y las energías renovables centran su atención y, a tres años vista, casi cuatro de cada diez afirma que podría reducir su exposición al petróleo y al gas.
"En 2021, los datos y la estandarización siguen siendo el mayor reto, pero también hemos oído hablar del 'greenwashing' (ecoblanqueo), de la integración de la ESG en todas las organizaciones, del aumento de la concienciación sobre la ESG a nivel local y nacional, y del logro de un cambio real", apuntan los analistas de la entidad estadounidense. Entre las preocupaciones que traen de cabeza a los inversores se cuelan también los costes asociados a estos criterios responsables.
El coste necesario para alcanzar las 'cero emisiones'
En el caso de la lucha contra el cambio climático y los objetivos de reducción de las emisiones, el proceso pese a ser lento, costoso y desigual también es posible. Desde BofA consideran que en esa carrera, los sectores de la generación de electricidad y el transporte deberían liderar el cambio a lo largo de esta década, mientras que las infraestructuras, los edificios y la industria deberían tomar el relevo en la década de 2030, mientras que el sector agrícola podría quedarse atrás en este proceso. "Este cambio energético significará probablemente más paneles solares, viento, energía nuclear, hidrógeno y baterías. Es importante señalar que la tecnología actual sólo puede llevarnos a la mitad del camino hacia las emisiones netas cero, por lo que los avances y la innovación deberían ser cruciales", apuntan.
Sin embargo, no todo podrán ser avances tecnológicos, el cambio de tendencia requerirá probablemente políticas importantes centradas en los costes. Con un PIB mundial alrededor de los 90 billones de dólares y unos ingresos fiscales de unos 20 billones de dólares, el planeta necesitará una importante redistribución de recursos hasta 2050. Cuál es el coste estimado para lograr ese "cero neto" de emisiones: según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la factura alcanzará los 5 millones de dólares al año durante tres décadas (unos 150 dólares/t multiplicados por 34 Gt de CO2e).
"Teniendo en cuenta lo baratos que siguen siendo los combustibles térmicos, los precios elevados del carbono (negociados, fijos o implícitos) serán un componente fundamental para evitar que la temperatura global aumente", sentencian desde BofA Global Research. De momento y a lo largo de los últimos 12 meses, se ha vuelto a duplicar el número de empresas que se han comprometido a alcanzar ese “cero neto” en carbono. Sin embargo, la brecha entre la ambición de reducir las emisiones de CO2 a cero en las próximas décadas y la realidad es amplia. "Todavía es difícil determinar cómo estos compromisos voluntarios conducirán a la consecución de los objetivos. En este sentido, sería deseable una mayor claridad", apunta Roland Rott, CFA, en La Française.
"Lo que está en juego es la próxima transformación de la economía hacia un crecimiento sin emisiones"
La urgencia de la crisis climática ha elevado el listón, más aún tras la firma del Acuerdo de París de 2015. La reducción de las emisiones de CO2 se ha convertido en un objetivo estratégico para muchas empresas y sus partes interesadas, incluidos los accionistas y los tenedores de bonos. Esto es clave puesto que, según el experto, "lo que está en juego es la próxima transformación de la economía hacia un crecimiento sin emisiones: los modelos de negocio se están quedando obsoletos, están surgiendo nuevas actividades empresariales, son necesarias adaptaciones y cada empresa debe dar a conocer su respuesta específica al cambio climático".
La explotación sin restricciones de los recursos naturales no ha tenido en cuenta externalidades negativas. Más aún, las crisis futuras pueden ser resultado de la inestabilidad ambiental y social, siendo la pandemia un ejemplo perfecto en opinión de Christophe Donay, director de análisis macroeconómico y de Julien Holtz, estratega de mercados emergentes de Pictet WM. En la gestora entienden que la transición energética, alejada de la economía del carbono, requerirá de proyectos de inversión a muy largo plazo. Gobiernos y bancos centrales integrarán estas cuestiones en sus políticas. Ello promoverá crecimiento e inflación, pero al mismo tiempo es una razón por la que los tipos de interés pueden seguir bajos.
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