El Alto Tribunal descarta suspender cautelarmente la medida del Gobierno como le solicitaba Uber mientras dirime si el nuevo registro de servicios diseñado por el Ministerio es contrario a derecho.
La compañía recurre a la consultora dirigida por el exministro de Fomento y exeurodiputado para hacer 'lobby' en Bruselas ante el estancamiento de la operación en la Dirección General de Competencia.
Incluye la instalación de dispositivos para detectar este tipo de infracciones en cascos urbanos entre las actuaciones financiables dentro del 'plan de transformación de la movilidad' dotado con 1.000 millones
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