El Gobierno mantiene los planes para ingresar hasta 140 millones de euros después de que las operadoras le reclamaran retrasar la puja hasta al menos el próximo año.
El gigante avisa del riesgo de quedarse atrás por falta de inversión y cifra en 1.700 millones el desembolso necesario. El Ejecutivo sigue sin mover ficha sobre un potencial veto a Huawei y avanza en otras gestiones.
El Gobierno prevé recaudar 127 millones de euros en la subasta para la que Telefónica plantea un potencial incremento de precios por la participación de compañías privadas al margen de las operadoras.
Insiste en que la expulsión debe ser en “casos excepcionales” y defiende que cumplen con los estándares. Avisa que desconocen el criterio que se utilizará para analizar injerencias de países como China o Rusia.
Las operadoras elaboran a contrarreloj una primera entrega de información que se tendrá en cuenta para elaborar la primera lista que establecerá si se expulsa a algún proveedor de redes.
Las operadoras exigen al Gobierno una mayor concreción sobre si la potencial expulsión de los asiáticos se circunscribe sólo a las redes ultrarrápidas o también al 4G y a otras infraestructuras pasadas.
El Ejecutivo cambió de planes para adelantar la aprobación con decreto ley, sin tramitación parlamentaria y sin reunirse con las principales operadoras, como sí ha hecho con otras medidas en el pasado.
Las dos concentran 190 'megahercios' de la banda de 3,5 Ghz lo que les obligará a desprenderse de más de un tercio. Digi o Avatel se postulan como beneficiarias de esta y otras 'compensaciones' de la operación.
Lanzará en los próximos meses una solución para sustituir la FTTH por esta conexión móvil. Anuncia un despliegue de esta red 'real' al 46% de la población en casi un millar de localidades de 50 provincias.
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