El Gobierno elimina las limitaciones a los contratos temporales y aproxima posturas con la CEOE. Pero la patronal mantiene reticencias y se resiste todavía a pactar ante la presión gubernamental con los plazos.
El último borrador de la reforma laboral fija que las empresas que hagan planes para reducir el número de contratos temporales, en su nueva modalidad para actividades ocasionales, contarán con apoyo público.
Valentín Bote, analista jefe de Randstad, desafía la convención que vincula temporalidad con precariedad y asocia los problemas estructurales del mercado de trabajo a una inadecuada cualificación.
La última propuesta del Gobierno, que debaten hoy los agentes sociales, modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para endurecer la penalización a empresas que abusen de la temporalidad.
Hacienda pacta con Podemos, ERC y PNV ampliar el radio de acción del plan de estabilización de interinos y extenderlo al sector público empresarial. Responde a las reivindicaciones públicas del personal del ente.
Plantea la creación de un fondo financiado por los Presupuestos para sufragar la factura millonaria que se derivará de las indemnizaciones previstas en la ley para los interinos que pierdan su puesto de trabajo.
Simplificación de contratos y reducción de la temporalidad, regulación de la subcontratación, reequilibro de las partes en la negociación colectiva y la adopción de un mecanismo de flexibilidad con los ERTE.
El Gobierno negocia con los agentes sociales una tasa de temporalidad máxima en las plantillas del sector privado, aunque baraja la posibilidad de establecer distintos niveles en función del tamaño de la compañía.
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