La compañía española dedicada a la movilidad aumentó su beneficio bruto un 40% interanual hasta alcanzar los 102 millones de euros, en un ejercicio 2023 donde ha puesto el foco en cristalizar la rentabilidad de su negocio.
Pide incluir una disposición en el nuevo reglamento de Madrid que impida contratar servicios en aquellas zonas donde las VTC no pueden parar ni estacionar, para así mejorar la velocidad comercial de autobuses y taxis.
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El Alto Tribunal da por buenas las conclusiones del último pronunciamiento y agiliza así los trámites para sentenciar sobre la ilegalidad de la ratio 1-30 tras el decreto ley del Gobierno.
El Ministerio busca un resquicio para incorporar en el cambio legislativo el freno a las licencias, incluidas las reclamadas antes del 'decreto Ábalos', esquivando una reclamación patrimonial de los afectados.
La reunión del sector con Transportes, en la que ha estado presente el secretario de Estado, acaba sin acuerdo. Se citan para este miércoles con el fin de pactar un texto mientras la VTC exige a Bruselas que interceda.
El organismo recaba información sobre este mercado años después de que abandonara el controvertido 'informe Uber' en el que se reclamaba la liberalización del taxi y el derribo de restricciones a las licencias de Uber o Cabify.
El Tribunal Supremo ha admitido más de una treintena de recursos desde julio de 2021 que suman miles de autorizaciones, especialmente en Madrid. El taxi exige que se mantenga la ratio 1-30.
La estadounidense no ejerce por ahora la opción de compra de acciones y mantiene su posición accionarial en el 30% de la compañía participada por el empresario español Jaime Castellanos y el fondo King Street.
Sienta jurisprudencia sobre la capacidad del sector de presentarse como interesado e impugnar por cualquier motivo la 'luz verde' a esas licencias. Lo hace justo antes de que Europa se pronuncie sobre la ratio 1-30.
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