El Gobierno de Pedro Sánchez, con mano izquierda, cesiones y paciencia, cerró en marzo de 2019 un acuerdo con las grandes compañías eléctricas para apagar todas las centrales nucleares entre los años 2027 y 2035. El compromiso afecta a cinco instalaciones en explotación y a siete reactores porque dos de las centrales- Almaraz y Ascó- tienen dos unidades cada una. Hay otras tres centrales en diferente fase de apagado: Garoña está en condición de cese definitivo de explotación; José Cabrera (Zorita) en fase de desmantelamiento y Vandellós I en fase de latencia. El panorama, pues, parece claro. Apagón nuclear total en 15 años. Pero quedan flecos pendientes. Y frentes que cerrar.
Uno de esos frentes está en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Gobierno de coalición PSOE-Podemos renovó el organismo en 2019 en medio de una gran polémica por la incorporación de un físico nuclear, Francisco Castejón, ecologista y crítico con las centrales, a propuesta de Unidas Podemos. El relevo en la presidencia del organismo y la incorporación de tres nuevos consejeros cambió las mayorías en el Consejo. El PP, que había mantenido a un presidente de confianza, Fernando Marti Scharfhausen, dejó de tener el control. Pero el asunto no está cerrado.
El CSN controla la llave del proceso de clausura de las centrales, con un detalle relevante: tiene nuevo consejo y nueva mayoría pero mantiene prácticamente intacta la estructura de segundo nivel que funcionó en los años más polémicos. Se mantienen ocho de los nueve subdirectores, una de las dos direcciones técnicas y el secretario general –Manuel Rodríguez- que aunque no tiene voto en el Consejo sí tiene voz y poder de control. La investigación de una fuga radiactiva en Vandellós en el año 2018 ha revelado que algunos de los personajes relevantes en la etapa de Martí Scharfhausen y el ministro Álvaro Nadal (PP) en toda la polémica sobre el cierre o no cierre de centrales siguen estando activos. En el CSN explican que el relevo de directores y subdirectores es una labor que le corresponde al Gobierno. Una labor, en todo caso, que está pendiente.
El plan del apagón nuclear ha sosegado el debate sobre el futuro del negocio en España.
El CSN no es el mismo organismo que debatió el polémico cierre de Garoña en medio de una tormenta política considerable. El enfrentamiento que hubo entre la dirección y los técnicos se ha enfriado. Pero sigue siendo un vórtice de intereses y de presiones. En una ocasión, el exconsejero de la extinta Comisión Nacional de la Energía, Jorge Fabra, relató a los diputados que lo examinaban en el Congreso, en tono distendido pero con poso serio, que en aquel organismo "un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro". Eso también sucede en el CSN.
El plan del apagón nuclear ha sosegado el debate sobre el futuro del negocio en España. Pero como explicó hace apenas unos meses el consejero delegado de Endesa José Bogas, la puerta está abierta a todo aunque se trabaje con la hipótesis más probable : el cierre de instalaciones. La posición “abierta” de Bogas sobre el futuro de las nucleares no es anecdótica. En la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hay voces que expresan lo mismo sobre el apagón acordado en España: todo puede cambiar.
Entre los muchos flecos pendientes está la decisión de dónde y cómo almacenar los residuos generados por la actividad nuclear y cómo compensar a los municipios, más de un centenar, que han vivido de las centrales y que ven peligrar los ingresos que aseguran su supervivencia. La Ley del Clima que se tramita en el Congreso puede decidir que las obras relacionadas con la actividad nuclear en el marco del Plan General de Residuos del Gobierno, sean consideradas obras de interés general y, por lo tanto, dejen de estar sometidas al control municipal. Un golpe a ingresos y gastos. Se evaporan permisos, licencias y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), entre otros.
La puerta sigue abierta aunque se trabaje con la hipótesis más probable: el cierre de instalaciones.
En los últimos años, los ayuntamientos cercanos a las nucleares han recibido cerca de 600 millones de euros. Ese dinero no ha servido para impulsar planes y rebajar la dependencia prácticamente total de una actividad que, al menos sobre el papel, tiene fecha de caducidad. En el año 2015, fue el Ministerio de Industria el que explicó cómo "transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas", los municipios aún mantenían una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que el dinero público había tenido para generar economías alternativas.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene en marcha una Estrategia de Transición Justa para las localidades afectadas por los cierres de centrales energéticas, no sólo nucleares, que tiene en cuenta las recomendaciones aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento 'Directrices para una Transición Justa' del año 2015. El primer protocolo para el entorno de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) se ha firmado hace apenas una semana. Es un primer paso. Tendrán que llegar más y más rápidos para cerrar la puerta que muchos, incluida la OIEA, ven todavía entreabierta.
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