Erase un país gobernado por un señor muy ambicioso. El pueblo lo había elegido pata tutelar los bienes comunes, pero él solo maquinaba para satisfacer sus intereses particulares. El gobernador sabía que, en la persecución de sus fines, necesitaba el auxilio de una tropilla de maulas. Y, para mantener el apoyo de sus clientes, les retribuía sus servicios con dinero público. Así como un tendero vende los garbanzos cultivados en el jardín de Luis García Montero para continuar en el ejercicio de su actividad comercial, el gobernador de ese país necesitaba vender su morralla electoral para seguir jugando al juego del solitario. O, lo que es lo mismo: para disfrutar de las trampas que se hacía a sí mismo –“Pasaré a la Historia por----“y, más que nada, de las estafas que perpetraba contra el respetable.
La constitución de ese desgraciado país atribuía el poder soberano al pueblo, que lo ejercía (teóricamente) de forma mediata y a través de sus representantes libremente elegidos cada cuatro años. La constitución de ese país achicharrado por el sol del mediodía, cruzado por la telaraña de las redes sociales y aficionado a la gastronomía y al jolgorio playero, distribuía el poder según el esquema concebido por Charles Louis de Secondat, más conocido por su título de barón de Montesquieu (antes de que lo matara un golfo sevillano). Sí, todos ustedes conocen de sobra la doctrina constitucional de la separación de poderes. ¡Oh, cuánta belleza, more geométrico, adorna al triángulo equilátero que une sin tocamientos impuros, como los tres mosqueteros de D’Artagnan, al poder ejecutivo con el judicial, y a este último con el poder legislativo!
Sin embargo, para el gobernador las tres esquinas del triángulo se resumían en un único mandamiento: “Creed en mí por encima de todas las cosas”. Para sus malvados propósitos, el gobernador, en una acción coordinada al milímetro, encargaba a sus boinas verdes el desplazamiento de las Cortes Generales a favor del Ejecutivo y, tomado este punto de apoyo, ordenaba a sus secuaces tomar el palacio del poder judicial y la sede de la magistratura constitucional.
¿Hablamos en presente?
Mientras los jueces resisten, por ahora, el cerco, escasos de pan y agua, la vieja magistratura de la constitución enarboló hace unos pocos meses la bandera blanca de la rendición incondicional.
La estrategia militar del gobernador siempre es la misma. Ante la proximidad de la cita electoral, desata una guerra de atrición contra el enemigo. Su arma fundamental es el recurso, masivo y despiadado, a la figura del decreto-ley aunque no sea más que un espejismo la condición de “extraordinaria y urgente necesidad” que exige el artículo 86 de la constitución del país del turismo, las gambas al ajillo y las broncas monumentales en el Parlamento. Con esta guerra de desgaste, el gobernador quiere renovar su título de Emperador de la Historia en la campaña napoleónica del próximo invierno. El Decreto-ley es el anticonceptivo más eficaz para frustrar la inseminación (natural) de la democracia deliberativa. El decreto-ley no avala por sí mismo la conveniencia y la oportunidad políticas. La magistratura constitucional, por su parte, debe mostrar su neutralidad respecto a esos juicios de valor y oportunidad, pero también debe someterlos a las tablas mosaicas del Estado de Derecho.
En el decreto del que enseguida les hablaré, el gobernador se jacta de que su contenido es la respuesta más adecuada para solucionar problemas persistentes y estructurales. Yo creo que no. Para esas cuestiones sobran los atajos y se bastan, sin otros compañeros de viaje, las leyes ordinarias. Además, que un asunto sea considerado importante no justifica necesariamente el recurso a la legislación de urgencia, sino más bien todo lo contrario. Señor gobernador: luz y taquígrafos.
Los precedentes son testigos de su usurpación de las funciones del poder legislativo. En marzo de 2019, tan solo unos días después de su anuncio público de disolver las Cámaras (declaración institucional de 15 de febrero de 2019) y a pocas fechas de convocar oficialmente (el 28 de abril) la jornada de las próximas elecciones generales (para el 10 de noviembre de 2019), el gobernador reunió a sus ministros y aprobó un decreto-ley sobre una cuestión, neurálgica y muy sensible para los electores, a la que luego me referiré. El decreto lleva la fecha de 1 de marzo de 2019. El día 4 del mismo mes y año, el gobernador decidió la disolución de las Cámaras. Era evidente de toda evidencia que, ni siquiera con el auxilio del Espíritu Santo, el legislativo podía desempeñar su legítimo oficio. El decreto citado perseguía un objetivo estructural a largo plazo. Pero el desvergonzado gobernador tuvo la “ocurrencia” de justificar su decreto por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, el presupuesto constitucional habilitante de la legislación provisional del señor gobernador. El alegato de la urgencia y extraordinaria necesidad carecía de cualquier soporte fáctico. Como dijo en su día un político gordito del Reino de Murcia, “¡manda huevos!”. Pero todo le vale al gobernador para seducir a Catalina IIª de Rusia (léase el pueblo del país). El gobernador viaja desde Finisterre hasta el cabo de Gata maravillando a los electores con su proyección, como un trampantojo de la realidad, de los decorados de última hora, las “ciudades Potemkin” del tercer milenio.
¿La cuestión urgente? Conseguir, de una puñetera vez, la igualdad de trato entre el hombre y la mujer en el empleo y la ocupación. Ya en 2007, el entonces gobernador, su íntimo amigo José Luis, había puesto una pica en Flandes al promover, con éxito, una norma pionera sobre el problema. “Muy bien hecho, Pepe Luis –le dijo el gobernador a su amigo del alma-, pero ya sabes que el tiempo no pasa en vano”.
La mano de Cándido
El partido de la gaviota puso el grito en el cielo. Apeló al colegio sacerdotal de la constitución. En 2019, el partido del charrán ya había perdido el rey del Ejecutivo. Pero retenía en su poder la mayoría del colegio sacerdotal. Había sido despojado del rey en el tablero de la alta política. Pero conservaba las dos torres. Iba a ganar el juego sin despeinarse. El decreto, afirmaba Juan Salvador Gaviota, iba directo al matadero. Sonaba bien la melodía genovesa y popular.
Fue muy imprudente la gaviota al lanzarse al mar en picado para devorar una sardina que únicamente era un señuelo para que se dejara los piños en la roca marina. Cuando se reunió el colegio sacerdotal para dirimir la controversia (marzo de 2023), el colegio había cambiado de mayoría y había elegido un nuevo pontifex maximus. Cándida fue la gaviota, Cándido era el nombre del pontífice máximo. El cancerbero del gobernador.
En una vergonzosa resolución, Cándido –siempre tan “deferente” y servicial con su señor- y sus seis “amigos políticos” (Varela Ortega) derrotaron a una coalición de cuatro pajaritos populares. El duodécimo sacerdote, un antiguo ministro de Justicia, se había abstenido en el curso del procedimiento por razones harto confesables. Para el Sumo Pontífice -un alumno muy aplicado de Fonseca y muy enchufado por el obispo de Compostela-, el despojo al legislativo no era tal. El edicto imperial del gobernador había sido apremiado por unas circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”, tan urgentes y extraordinarias como las que obligaron al Barça a sobornar (presuntamente) a Rodríguez Negreira, al que desde aquí deseo que encuentre el néctar olímpico en su viaje a las fuentes del río Jordán y recibir las indulgencias que demanda su espíritu corrompido por el vil metal. Porque el buen cristiano sabe que el agua de la limosna apaga las llamas del infierno.
Desde que subió al trono en junio de 2018, el gobernador ha aprobado 132 decretos-leyes (el Parlamento sólo 69 leyes ordinarias). Imaginen la avalancha que se nos viene encima de aquí a diciembre. Si yo fuera presidente –como lo fue el inolvidable Fernando García Tola- llevaría al cementerio el cadáver del Congreso de los Diputados. No es decente simular que un cuerpo asesinado sigue con vida. Aquí huele a muerto. El Congreso es un inútil para la mili jurídico-política. No vale ni siquiera para convalidar y girar a un estafermo. Para pasar por el filtro verde de la convalidación a un decreto-ley, nos basta y nos sobra con el colegio de sacerdotes constitucionales.
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