Después del plan de choque de la justicia para evitar los colapsos en los tribunales, que nadie sabe dónde está ahora, o de una renovación del Consejo General del Poder Judicial que le van a dar hecha, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha logrado acaparar de nuevo la atención con los más de 700 folios de su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim en la jerga de los juristas), en la que plantea que dentro de cinco años (a saber) tal vez se pueda instaurar en España el modelo según el cual serán los fiscales los que promuevan y dirijan las investigaciones judiciales y tengan todo el poder para manejar a su antojo a la Policía Judicial, dentro del respeto a los derechos fundamentales. Ahora es el juez quien ordena a esos equipos policiales de investigación que pueden pertenecer a cualquiera de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los de Asuntos Internos, como en el caso Villarejo.
La figura de la Fiscalía General siempre ha andado a caballo entre la conveniencia política (al fiscal general lo propone el Gobierno) y la ortodoxia jurídica (trabaja con los jueces), pero su función ha venido marcada por el cuidado reforzado de los principios de legalidad e imparcialidad. Es decir, por un lado, los fiscales deben atenerse en todas sus actuaciones a la Constitución y las leyes, frente a la discrecionalidad y oportunidad que mueven algunas actuaciones de los fiscales anglosajones que vemos en las películas. Y por otro lado, se deben a los ciudadanos de forma directa y tienen la obligación de ser independientes en sus actuaciones, algo que también les distingue de sus homólogos del ‘common law’ y no les obliga a estar siempre acusando a los supuestos malos, como legatarios del ‘ius puniendi’ del Estado, sino que pueden (y deben) acusar y defender, querellarse contra lo que consideren injusto o pedir con el mismo ahínco que se archiven unas actuaciones.
La clave de la reforma que ahora empieza y que ya veremos cuando acaba está en el mantenimiento de esa independencia, como base de su obligación de imparcialidad, cuando tengan que actuar de líderes de la investigación judicial previa a un juicio, supervisados solo por un juez de garantías que ya no investiga, solo comprueba que el fiscal no vulnere derechos de los implicados. El peligro estará entonces cuando en lugar de llevar la diligencia debida, se opte por aquello que en lenguaje popular se entiende como 'pedir perdón antes que pedir permiso'. Entonces habremos entrado en los fiscales de película de Holywood en lugar de los que siguen la ortodoxia jurídica que manda nuestra tradición jurídica.
Hasta que el anteproyecto se convierta en ley, gobierne quien gobierne entonces, es complicado imaginarse cómo quedará este modelo de instrucción judicial, si lo primero que viene a la mente de los ciudadanos ahora, mientras escuchamos a Campo, es que acabamos de poner a una fiscal general que era ministra de Sánchez poco antes de ser nombrada, que ha estado salpicada en algunas de las escuchas del propio comisario encarcelado y que tiene en sus manos el poder de quitar y poner fiscales donde más (o menos) convenga. Que el ministro nos haga una propuesta tan trascendente, en plena demostración de injerencia política sobre el Ministerio Fiscal es chocante, máxime cuando acabamos de ver incluso el varapalo que se ha llevado el fiscal que instruía el caso más importante sobre corrupción política y policial de los últimos tiempos por decisión de la fiscal y exministra. Cierto que es un solo caso y una fiscal de los más de 1.700 que hay en España, pero eso no obsta para que en los últimos tiempos se haya puesto a los pies de los caballos la credibilidad de una institución, básica para la convivencia y el Estado de derecho, a la que se pretende poner al frente de procesos judiciales en los que los ciudadanos y la sociedad nos jugamos mucho, sobre todo los del ámbito penal.
Evidentemente, antes de que los fiscales cojan las riendas de la policía y las investigaciones judiciales se deberán haber resuelto los casos abiertos que ahora instruyen los jueces (Gürtel, Lezo, Pujol, Villarejo, Popular, Bankia…), mezclados de corrupción política malsana y que están marcando uno de los capítulos más oscuros de la democracia de nuestro país. Ahora mismo, solo un juez le puede pasar o quitar a otro juez un sumario, tenga las implicaciones que tenga. Además, la nueva norma no permite a las formaciones políticas personarse en estos procesos, lo cual limpiará mucho el ruido que generan, como imputados o como perjudicados, pero sería deseable marcar un calendario de entrada en vigor sin unas rémoras del pasado que pongan en duda el modelo. Dicho sin poner en duda el trabajo encomiable que ahora están haciendo los jueces de instrucción (al contrario). Pero a sabiendas de que los otros dos principios que marcan el trabajo de los fiscales son el de jerarquía y el de unidad de acción, para que no haya grietas en sus actuaciones, pero con el riesgo de que las implicaciones políticas de la Fiscalía General y la división actual entre fiscales progresistas y conservadores, puedan menoscabar la imparcialidad y la independencia de su trabajo.
Es curioso que una de las cuestiones que más han llamado la atención de la nueva propuesta sea la limitación de las filtraciones a la prensa, para que los fiscales controlen todas las informaciones que haya que dar y dirijan lo que la gente debe o no debe saber. Sobre todo si tenemos en cuenta que han sido los medios profesionales de información los que han permitido avanzar y esclarecer muchas aristas de los casos más escandalosos de corrupción que están en los juzgados. La cuestión no es si los periodistas podremos vivir y cumplir con nuestra misión básica de informar a la sociedad con esa condicionalidad (que seguro que sí); la clave será si los fiscales podrán sobrevivir sin la colaboración de los medios. Poner límites a su trabajo no es precisamente la mejor manera de empezar con su nuevo reto.
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