Dice el clásico que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compareció el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros apenas horas después de que el Banco de España hiciera público su demoledor informe sobre el impacto en el mercado laboral de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ante el estupor general, aseveró la vicepresidenta que el documento no habla de destrucción de empleo en “ninguna de sus páginas” y expresó su satisfacción por “coincidir en datos y estimaciones” con el supervisor. Frente a lo que dice la política gallega, expone textualmente el organismo de Pablo Hernández de Cos en la página 38 del análisis: “La estimación del impacto del incremento del SMI en el empleo presentado en la sección 4, que incorpora creación y destrucción de puestos de trabajo, ofrecería una pérdida de empleo neto asalariado del colectivo afectado entre 6 y 11 puntos porcentuales a finales del año 2019”. Puede que a la nueva líder radical en el Gobierno le baste con recurrir a juegos de palabras y a retruécanos dialécticos para llevarse el gato al agua. Incluso puede que argumente en la intimidad que Rafael Nadal ganó el viernes a Djokovic y que ha levantado su decimocuarto Roland Garros. Claro que mejor sería que asumiera que los españoles no somos tontos y que algunos incluso sabemos leer.
En todo caso, por si el esfuerzo del mejor servicio de estudios del país no es suficiente para ella y las huestes de Podemos, otro estudio publicado oportunamente en estos días viene a aquilatar la reflexiones del Banco de España. Bajo el título ‘Cuando un salario mínimo más alto lleva a sueldos más bajos’, los profesores Qiuping Yu, Shawn Mankad y Masha Shunko publicaban esta semana en la Harvard Business Review una investigación que comparaba los casos de trabajadores de California (con varias subidas del salario mínimo durante el tiempo objeto de estudio) y Texas (sin incremento alguno). La conclusión del análisis, salvando las distancias entre mercados laborales tan diferentes, incide en que las empresas afectadas por una subida del salario mínimo tienden a reducir las horas de trabajo de los empleados, lo que afecta directamente a sus beneficios sociales. En concreto, por cada alza de un dólar semanal en el salario mínimo, la compensación media se reduce un 11,6%. “Los reguladores deben considerar estos incrementos con cuidado, y deben estar seguros de complementarlos con políticas diseñadas para asegurar contrataciones consistentes y un número de horas adecuado para los trabajadores , o se arriesgan a provocar daños en los colectivos a los que buscan proteger”, remachan los investigadores. Nada diferente de la teoría académica tradicional.
El Banco de España, a pesar de Díaz, deja perlas similares en su planteamiento. “Se estima que los jóvenes que trabajaban a tiempo completo durante 30 días podrían haber sufrido una caída de sus horas trabajadas tras la subida del SMI. Asimismo, para aquellos parados que, con anterioridad a la subida del 2019, habían tenido un empleo cobrando el SMI se estima una reducción de la probabilidad de obtener un empleo”, reza en sus conclusiones el supervisor. Y en esta línea, incluso detecta efectos colaterales en quienes percibían un sueldo ligeramente superior a ese salario mínimo y que habrían visto cómo sus posibilidades de mejorar se estancaban radicalmente: “Del análisis aquí realizado se desprende que la cifra de las relaciones laborales retribuidas por debajo de los 1.250 euros mensuales experimentó, tras la subida del SMI, una moderación inmediata en el diferencial entre su tasa de crecimiento y la de un colectivo que percibía una remuneración algo mayor con anterioridad a esa fecha. Además, esa caída del citado diferencial se fue agravando a lo largo de 2019”. Resulta difícil entender qué ve de positivo en esto la flamante vicepresidenta, más allá de poder sostener un discurso demagógico y electoralista sobre la necesidad de fijar en los 1.000 euros el SMI.
Después del fracaso del 4-M, todo es posible en un Gobierno que ha pasado pantalla y que, donde no veía amenaza alguna, ahora parece divisar en toda su inmensidad el desierto de los tártaros
No es de extrañar, en este punto, que el Ministerio de Economía y la vicepresidenta segunda hayan puesto pie en pared sobre ulteriores incrementos del SMI, ya cortejados e incluso anunciados a bombo y platillo por Trabajo. En una entrevista con ‘El Confidencial’, el nuevo número dos de Economía, Gonzalo García, dejaba claro que no es tiempo de alegrías, una aseveración que sin duda abrirá un nuevo foco de conflicto con la facción morada del Consejo de Ministros. “Estamos todavía aproximadamente un millón de empleos por debajo de la situación prepandemia (…) Lo más prudente nos parece esperar a que tengamos más claridad sobre la recuperación y poder reanudar ese avance hacia el objetivo de final de la legislatura”, aseguraba el secretario de Estado. Una forma elegante de explicar a los más exaltados que, con miles de empresas zombis, más de medio millón de trabajadores en ERTE y un enorme desconocimiento sobre cuáles será las cifras finales de parados cuando se dé por apagada la pandemia, la mejor política social es conservar y crear empleo. Con una lluvia de fondos europeos en el horizonte parecería razonable concentrarse en promover aquellos ‘proyectos tractores’ que sirvan para recuperar el paso del mercado laboral, más allá de alentar debates cuyo objetivo final es ‘vender’ una foto y cuyas principales aristas son estéticas.
Más de fondo son, de hecho, otros golpes que la Covid ha propinado a las economías domésticas y que Díaz debería tener en su lista de tareas. Y ya no tanto desde el punto de vista laboral, que también, sino desde otras perspectivas que completan un escenario de vulnerabilidad que no hace sino crecer día a día. Porque, por ejemplo, de la precariedad laboral se está a un paso de la expulsión de los circuitos de crédito convencional. Y no solo del acceso a una hipoteca, que empieza a convertirse en terreno acotado para los perfiles que presentan menor nivel de riesgo (en especial los funcionarios, convertidos en cliente 'premium' para las entidades), sino el más elemental préstamo o servicio financiero que pueda servir de desahogo a estas familias al límite. Como consecuencia, los hogares se ven abocados a los productos que diseñan compañías financieras de altísimo riesgo, como los minicréditos o préstamos rápidos. La brecha entre una parte de la sociedad con posibilidades reales de prosperar y quienes van quedando en los márgenes se ensancha. Bien harían los miembros del gobierno y partidos que les sustentan en atender esta realidad con urgencia y esmero; no basta con llenarse la boca con eslóganes vacíos del tipo “nadie se quedará atrás”… o de la misma subida testimonial del SMI.
Dicho lo cual y después del 4-M, todo es posible en un Gobierno que ha pasado pantalla y que, donde no veía amenaza alguna, ahora divisa en toda su inmensidad el desierto de los tártaros. El acelerón político escenificado tras el fiasco de Madrid, con los indultos a los presos del ‘procés’ como principal bandera ideológica, revela un nivel de nerviosismo inaudito en el gabinete. De hecho, contrasta el discurso oficial, que desliga el fenómeno de Madrid del conjunto del territorio nacional, con el aluvión de medidas puestas en marcha desde la Avenida Puerta de Hierro en el último mes, con el único objeto de recuperar el tiempo perdido. En lo económico, empero, mejor no hacer experimentos. El fiasco de las nuevas tarifas de luz, que ha obligado al Ejecutivo a desplegar toda una improvisada campaña regulatoria y de comunicación para ‘culpar’ a las compañías eléctricas del inevitable alza de la factura, es un ejemplo de lo importante de madurar los procesos. Desde el marketing se puede subir el SMI y hasta los sueldos de los funcionarios. Desde la lógica, tocaría apaciguar los ánimos. No parece mucho pedir.
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