El dinero no conoce fronteras, pero tiene raíces. El procedente de Australia, en las antípodas, está poniendo a prueba al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. El Ejecutivo va tener que decidir sobre la OPA del fondo australiano IFM sobre el 22,69% del capital de Naturgy, la compañía que controla la mayor parte de los contratos de suministro de gas a España y esquivar las presiones de la multinacional minera Berkeley, también australiana de origen, para que el Ministerio de Transición Ecológica elimine todas las trabas y desactive la enmienda introducida en el proyecto de Ley de Cambio Climático que prohíbe la minería de uranio.
El Ejecutivo puede vetar las dos operaciones. Tiene las herramientas legislativas necesarias. Pero debe tentarse la ropa para no ahuyentar la inversión en tiempos de crisis e incertidumbre. La decisión que tome, sea cual sea en ambos casos, tendrá que ser explicada con detalle y transparencia. Naturgy es una de las empresas clave en el sector energético; dos de sus tres principales accionistas, los fondos de inversión CVC y GIP -40% del capital- ven con buenos ojos la entrada de dinero fresco para oxigenar el negocio. El problema está en que el negocio de los fondos de inversión consiste en detectar oportunidades y comprar y vender a paso ligero. Algo especialmente delicado en los sectores clave.
El reto es de calado. En el frente legal, el Gobierno tiene ante sí a la élite del derecho. Berkeley se apoya en el bufete anglo australiano Herbert Smith Freehills. Entre otros trabajos, Herbert Smith Freehills fue asesor del consorcio del AVE a La Meca. El despacho angloaustraliano ha llevado a cabo una importante política de fichajes en España. Incorporó al equipo al exministro de Justicia Rafael Catalá y al jefe de la Abogacía del Estado en el área de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, José Ramón Mourenza. Conoce bien el paño. Entre otras actividades, ha asesorado a la Abogacía del Estado en las reclamaciones de los fondos de inversión al Reino de España por los recortes a las primas renovables que se aprobaron en 2013.
Ni hay ni ha habido hasta la fecha en España una estrategia consistente de defensa del tejido productivo.
El fondo de pensiones australiano IFM también ha cuidado el flanco legal. Quiere encauzar bien una operación que le puede asegurar buenos réditos sin excesivo riesgo. Su asesor es el despacho Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales. Linklaters ha intervenido, entre otros asuntos, en la suspensión de pagos y reestructuración de deuda de Abengoa y en las reclamaciones de Santander, Bankia y Caixa para recuperar los 1.350 millones que adelantaron para cerrar el almacén de gas Castor. Los bancos han cobrado.
El Gobierno no lo tiene fácil. Ni hay, ni ha habido hasta la fecha en España una estrategia consistente de defensa del tejido productivo frente a posibles operaciones especulativas. “Dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo”, que dijo el clásico. Bajo ese principio, Iberia acabó en IAG y Endesa bajo el control de la italiana Enel. Los fondos, unos más buitres que otros, se han movido a sus anchas en los sectores con más expectativas de beneficio. En la industria alimentaria, las maniobras en Deoleo, Cacaolat, Clesa, Panrico o Campofrío, generaron magníficos réditos.
Sánchez y sus socios de Gobierno ven cómo se repite la historia. Los grandes inversores están reproduciendo en Naturgy el patrón que ya han aplicado en la compra de redes de distribución de gas y de electricidad en España. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, GIP o CVC adquieren una compañía, la engordan, la trocean en algunos casos y la venden a mejor precio. No se trata sólo del sector de la energía. Los fondos tienen puesta la lupa sobre otros sectores estratégicos como las telecomunicaciones.
La pequeña política de balcón, la que bordaron Berlanga y Pepe Isbert, impone su ritmo.
El país carece de una estrategia de carácter público que evite el riesgo de desnacionalización o troceo de empresas estratégicas. Países como Francia o Italia muestran una posible senda de actuación. En Francia, en 2008, el Gobierno de Sarkozy creó el Fondo Estratégico de Inversiones, y el Fondo Estratégico de Inversiones-Regiones para financiar proyectos innovadores. En 2012, el Gobierno de Hollande los integró en la Banca Pública de Inversión (BPI). Italia ha seguido una estrategia similar. En 2011 creó el Fondo Estratégico Italiano (FSI), un fondo soberano cuyo objetivo es captar financiación exterior e invertir, incluso entrando en el capital, en empresas italianas rentables para ayudarlas a competir a escala mundial.
La crisis desatada por la Covid 19 ha obligado al Ejecutivo a mover ficha para evitar el derrumbe de grandes empresas y para ahuyentar por decreto la entrada de inversores indeseados –incluidos europeos- en sectores afectados por la pandemia. Pero son medidas coyunturales. Hace falta un enfoque a más largo plazo. La estrechez ideológica y la pequeña política de balcón, la que bordaron Berlanga y Pepe Isbert en el cine, imponen su ritmo. Es algo que siempre se vuelve en contra del interés general... como un bumerán.
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