Estanterías vacías y precios crecientes día tras día. La imagen, que bien podría ubicarse en otro tiempo y otro lugar, allende nuestras fronteras, se produce realmente en la España de 2022, la de los paros en el transporte, el descontrol de la energía y la inflación desbocada. Asegura el Gobierno que no estamos en un proceso de estanflación, pero lo cierto es que la economía española no logrará aún compensar este año la caída del 10,8% registrada en 2020 y a la que siguió una evolución del PIB del 5% en 2021. No le irá muy lejos la cifra final en el presente ejercicio, según los guarismos en los que trabaja el Ministerio de Economía para la revisión del cuadro macro que debe remitir a Bruselas en las próximas semanas. Lejos quedan las estimaciones iniciales, hoy utópicas, que vaticinaban avances de la actividad en el entorno del 7%. La recuperación, tantas veces vendida y tan lejos de materializarse, no solo tendrá que esperar, sino que los ciudadanos han empezado a sufrir en sus bolsillos su lejanía y eso puede condicionar sus decisiones de ahorro o consumo. Las subidas de los tipos de interés y de las hipotecas, que ya se aprecian en el horizonte, terminan de configurar un nuevo paradigma para los hogares, que han soportado una pandemia y ahora pelean con una guerra.
En este punto, la mayor inquietud que sobrevuela a economistas y organismos supervisores es que la inflación pueda incorporarse a los salarios, convirtiendo el problema en estructural. Y en ese punto, la responsabilidad que el Gobierno no ha demostrado -incorporando subidas salariales a cualquier colectivo capaz de acudir a las urnas- sí se observa por ahora en la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. Según los datos proporcionados esta misma semana por el Banco de España, los convenios colectivos registrados hasta febrero se anotan un incremento de apenas el 2,3%, “por encima del 1,5% acordado para 2021, pero en línea con lo acordado para 2019, en un entorno de mucha menos inflación”. Muy lejos, en cualquier caso, del doble dígito al que apunta el IPC o de la media anual esperada. Esa contención, no obstante, se produce en paralelo a un incremento de los convenios firmados con cláusula de salvaguarda, que afectan ya a un 30% de los trabajadores con cobertura frente al 20% de los últimos años. “Su tendencia al alza en los últimos meses constituye un riesgo creciente de que se produzcan efectos de segunda vuelta en la inflación”, expone el organismo de Pablo Hernández de Cos en una señal de alarma de la que el Ejecutivo debe tomar nota.
Lo peor es que este tenso escenario coge a España con el pie más que cambiado. Sorprendía esta semana el optimismo de Moncloa por las cifras de cierre de año de deuda y déficit públicos, que se situaron en el 118,4% y el 6,7% del PIB, respectivamente. Y es que aunque la cifras mejoran la previsión original, que a eso se agarra e Ejecutivo, lo cierto es que alumbran unos desequilibrios presupuestarios mayúsculos. No por casualidad Pedro Sánchez demoró las subvenciones a los carburantes, al no disponer del margen fiscal de países como Francia o Italia para acometerlos sin más estudio. El propio Banco de España dio la clave sobre los obstáculos que afrontaba el Gobierno cuando reclamó medidas “granulares” y “focalizadas”, que sobre todo cobijaran de manera temporal a las rentas más bajas y las empresas más intensivas en energía. “El carácter selectivo que debe adquirir el apoyo de la política fiscal se justifica también por la necesidad de minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios en un escenario en que estos han aumentado de manera muy significativa durante la crisis”, remachaba el gobernador en un discurso pronunciado el 15 de marzo bajo el título ‘El contexto económico tras el inicio de la invasión de Ucrania y la respuesta de política económica’.
La irrupción de Feijóo supone todo un reto para Sánchez, que no ocultaba su comodidad con la oposición de Pablo Casado. En el juego de sumas, el gallego es quien mejor desafía su centralidad
La situación, de emergencia nacional al menos en lo económico, invita a elevar el discurso, como ha hecho en Sevilla este fin de semana el nuevo líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. A falta de ver cómo las musas se convierten el teatro, el ofrecimiento a Pedro Sánchez de un pacto de gobernabilidad que afecte a aspectos clave de la economía es música para los oídos del Ibex y del conjunto de empresas, siempre recelosas del Ejecutivo -especialmente de su parte morada- y quejosas estos años por no haber encontrado en Génova mejor recepción a sus demandas. Sectores como el energético, con una interlocución más que mejorable con un Ministerio de Transición Ecológica subido en su particular montaña rusa, agradecerán encontrar en el primer partido de la oposición mayor complicidad. Si como es de esperar, el presidente del Gobierno continúa hasta el final de la mano de sus socios de Podemos y ese verso suelto que es Yolanda Díaz, así como de otras fuerzas independentistas para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, al menos el PP habrá empezado a transitar y a asfaltar la autopista del centro que Sánchez utiliza desde hace años en solitario y que hasta ahora parecía haber plagado de peajes.
En paralelo, es esencial que el PP diseñe un proyecto económico reconocible, además de satisfacer las sensibilidades de las ‘baronías'. “Somos quienes sacamos a España de las grandes crisis a las que otros la llevaron”, lanzó con acierto Feijóo en el discurso previo a tomar las riendas de Génova, glosando uno de los mantras que han interiorizado los populares para explicar sus mejores resultados en las urnas. Como ya se explicó en estas páginas, no solo es esencial el debate intelectual sobre el modelo económico -con las rebajas de impuestos como espoleta del circulo virtuoso del consumo-, sino también tener voz y voto sobre las propuestas sobre el terreno. ¿Qué dirigente popular se ha fajado en estos días para desmontar los diferentes bandazos de Teresa Ribera sobre el tope al gas en el recibo de la luz? ¿O para desmontar una a una las añagazas de la reforma de la reforma laboral? En el corto plazo, es imprescindible también monitorizar el despliegue y la ausencia de discrecionalidad en el reparto de los fondos comunitarios, claves para garantizar el crecimiento en los próximos meses por su ‘efecto tractor’ para la pequeña y mediana empresa. Solo así podrán sentarse las bases de un crecimiento razonable cuando el ‘dopaje’ del dinero europeo toque a su fin.
Desde luego, la irrupción de Feijóo supone todo un reto para Sánchez, que no ocultaba su comodidad con la previsible oposición de Pablo Casado. En el juego de sumas de izquierdas y derechas que actualmente define el arco parlamentario, no solo es el político gallego quien mejor desafía la centralidad del líder del PSOE, sino quien más aire deja a su derecha en comparación con perfiles como el de Isabel Díaz Ayuso, destinada a retirarse a sus cuarteles de invierno con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas. La gestión por parte de los ministros económico de las últimas crisis ha venido a revelar su falta de autonomía respecto a Moncloa y, en consecuencia, su incapacidad para abordar los problemas con herramientas y decisión. De paso, ha escenificado el agotamiento de un modelo basado muchas veces en la intuición o el marketing. El tablero de juego se ha modificado. También las piezas. Y de aquí al final de la legislatura, a la hora de apretar el botón rojo para la convocatoria de elecciones, el ‘timing’ de Yolanda Díaz no será el único que defina el calendario de Sánchez. La evolución del proyecto del PP también le quitará el sueño. No es poco cambio.
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