La coalición del Gobierno PSOE-Podemos ha querido poner el foco en la economía en su estrategia de minimizar daños tras la derrota electoral del pasado 28 de mayo y de cara a las generales del 23 de julio. Los datos de pagos a la Seguridad Social (afiliación) y creación de empleo son positivos, pero no tanto como enfundarse la camiseta monclovita y colocarlos en primera línea de seducción del electorado. Hay luces pero muchas más sombras en la obsesión con dar los datos de recaudación (afiliación a la Seguridad Social e ingresos de IRPF). Una de ellas es que sucederá en verano cuando los esteroides en forma de asistencia financiera desde Europa se vayan acabando. O cuando las exigencias de ajustes fiscales desde Bruselas desaconsejen políticas de nuevo rico insostenibles con subidas masivas de pensiones, creación de empleo público, bonos culturales, cheques de cine y un largo etcétera.
El gran triunfo económico de Pedro Sánchez durante la actual legislatura se gestó durante la tercera semana de julio de 2020. Muchos lo han olvidado, pero ese día apareció el presidente en Moncloa como José Tomás en las Ventas o Leo Messi en el Nou Camp con una sincera y unánime ovación de los miembros de su propio gobierno. Para que vean la grandeza del hito, la oposición se sumó a las felicitaciones, incluso las formaciones políticas que dominan ahora la sociedad española, según los sesudos estrategas sanchistas, "desde la extrema derecha a la derecha extrema".
Hace tres años, el presidente consiguió 140.000 millones de euros para España en el reparto de los fondos europeos vinculados al rescate económico de los países más afectados por la pandemia del Covid. La mitad a fondo perdido, la mitad a préstamo -finalmente sin reclamar- el uso de ese dinero se ha ligado a la adopción de reformas y la mayoría todavía está pendiente de entrega, pero ahora sabemos que son una suerte de pócima mágica que han dado un estímulo extra a la economía desde 2021. A diferencia del rescate bancario de 2012, cuando hubo condiciones desde la troika FMI-BCE-CE, el increíble cheque que ató Sánchez en Bruselas venía en unas condiciones ventajosas y listo para gastar, eso sí, con sentido común y facturas.
También hace tres años también apareció en escena el mayor comprador de deuda pública española: el Banco Central Europeo (BCE). Desde entonces, en cada emisión, en cada refinanciación, la mano visible de la autoridad monetaria ha suscrito una parte ayudando a rebajar a mínimos históricos los costes de financiación pese al aumento récord de 300.000 millones de euros en la deuda total de la administración. Buena parte de esa deuda nueva no hubiera sido posible emitirla sin el BCE. Digamos que durante 36 meses, el Gobierno ha gozado para sus políticas de la mejor y mayor financiación de la historia gracias a Europa, que ha permitido amortiguar el golpe de la pandemia, la crisis de suministros y energética de la guerra rusoucraniana.
Pero los esteroides que estaban dando esa energía extra se están acabando, especialmente, este último. Las inyecciones de liquidez a la banca a largo plazo (TLTRO) del BCE se han replegado en los últimos meses y las compras de deuda pública se van a reducir a su más mínima expresión a partir de julio. Solo quedarán activas las reinversiones del programa PEPP (vinculado a la pandemia) y poco más. El banco central se dispone además a reducir su balance para vender parte de la deuda adquirida en un futuro próximo. Los costes del servicio de la deuda pública están comenzando a subir de forma tan importante como que van a crecer en 10.000 millones de euros año sobre año que el próximo gobierno, ya sea este o el actual, tendrá que incorporar a los presupuestos.
La retirada de las muletas del BCE
En ese contexto se enmarca también el adelanto electoral del próximo 23 de julio. Los costes más altos de financiación -que se lo pregunten a cualquier hipotecado bajo el yugo del Euríbor- también generan problemas a los estado, no solo a sus ciudadanos. En lo que algunos ven una jugada maestra, otros ojos lo tacha de suicida, pero en realidad es el último cartucho que le quedaba a Sánchez porque a partir de septiembre no iba a poder sacar pecho como ahora de gestor económico.
La situación recuerda al debate económico de principios de 2008 en el que el entonces ministro Pedro Solbes (PSOE) se defendía una y otra vez de las críticas de su rival del PP, Manuel Pizarro, con toda clase de tarjetas con gráficos y datos oficiales en los que todo parecía ir bien pero no era del todo cierto, como se vio poco después de las elecciones que ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Una generación de españoles aprendió entonces que los datos pasados no garantizan, que los gobiernos tienden a magnificar sus logros económicos y maquillar los verdaderos problemas.
Estamos ante un momento en el que los indicadores económicos, en especial los vinculados a las cuentas públicas, se deterioran. Con una deuda sobre el PIB del 113%, el endeudamiento absoluto no para de crecer hasta haber superado los 1,5 billones de euros. Y las muletas del BCE ya no van a estar ahí como apoyo. El 23 de julio puede ser un punto de inflexión porque pocos días después el banco central celebra una reunión clave. Al contrario, tiene toda la pinta que serán un obstáculo. La presidente Christine Lagarde se puso hace poco la venda antes de la herida al recordar en una entrevista que está prohibido por ley que reciba presiones por parte los líderes políticos y también ha avanzado que van a tener que tomar decisiones difíciles. No se trata tanto de subir más los tipos, sino de la retirada de la liquidez o del apoyo a las emisiones de deuda de los estados. ¿Cómo aguantará España?
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