Las tribulaciones judiciales del BBVA por el caso Villarejo unidas a las tensiones provocadas por el acecho fiscalizador del Estado sobre la labor de las grandes auditoras han deparado una situación rocambolesca en los cuarteles generales de la entidad financiera que preside Carlos Torres. La plana mayor del banco ubicado en la sede de La Vela lleva un año deshojando la margarita sobre la conveniencia de buscar un nuevo proveedor externo que se haga cargo del análisis de cuentas una vez conocido el expediente sancionador que el ICAC abrió hace ya tiempo a su actual auditor, KPMG. El BBVA no ha soportado la presión de una resolución contraria por parte del organismo dependiente del Ministerio de Economía y se ha lanzado por la pendiente de un nuevo concurso, por llamarlo de alguna forma, que pone al descubierto los muy escasos niveles de competencia existentes dentro del mercado de auditoría en España.
Después de un largo tira y afloja, KPMG consiguió finalmente que la junta general celebrada por el BBVA en abril renovase in extremis un contrato que estaba en el aire desde hacía más de un año. Durante todo este tiempo, la firma que presidirá hasta octubre Hilario Albarracín ha tratado de poner sordina a las pesquisas del ICAC, señalando que los requerimientos formulados por el instituto oficial de contabilidad respondían a meras actuaciones de carácter rutinario relacionadas, por supuesto, con tareas llevadas a cabo para el banco vasco. El BBVA no quiso echar más leña al fuego y a instancias de su titular de la comisión de auditoría, el ex gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, planteó finalmente a sus accionistas una ampliación del servicio. Eso sí, la prórroga fue limitada exclusivamente al ejercicio en curso de 2021, lo que a fin de cuentas demostraba escasa confianza en las expectativas que tenía depositadas KPMG para sofocar el celo sancionador del Gobierno.
Carlos Torres no quería quedarse colgado de la brocha y temía que el ICAC inhabilitase a KPMG para seguir trabajando con el BBVA, una contingencia que se hará efectiva más pronto que tarde y cuyo recurso judicial no eximirá a la entidad financiera de buscar un nuevo auditor. El precedente más cercano para comprender las repercusiones de este tipo de sanciones lo tenemos en el caso de Deloitte, obligada forzosamente por resolución administrativa del supervisor a abandonar su histórica relación con ACS después de un complejo litigio con el ICAC. Más recientemente, la Audiencia Nacional ha rebatido los argumentos del supervisor, restituyendo a la auditora que preside Fernando Ruiz en su buena imagen corporativa, pero sin que ello compense los daños causados hace dos años cuando el grupo presidido por Florentino Pérez tuvo que pasar por el mismo trance de convocar un concurso con carácter urgente como ahora le ocurre al BBVA.
El BBVA lleva un año debatiendo la búsqueda de auditor ante las alarmas de una dura sanción a KPMG que impida a esta firma seguir verificando las cuentas de la entidad
La licitación emprendida por la entidad financiera supone un bocado muy apetecible, casi 100 millones de euros a lo largo del próximo trienio que irán a parar con casi toda seguridad a EY, la auditora presidida por Federico Linares y la que mayores opciones posee para conseguir el tercer contrato sectorial más importante en España, por detrás del Banco Santander e Iberdrola. El BBVA ha cursado también invitación a Deloitte y PwC pero más que nada con la intención de cubrir el expediente y paliar en la medida de lo posible las suspicacias de lo que puede entenderse como una adjudicación tan directa como encubierta. No en vano, y para añadir más picante al asunto cabe recordar que el vicepresidente del BBVA y antiguo titular de su comisión de auditoría es José Miguel Andrés, el mismo que durante su anterior reencarnación profesional fue máximo responsable ejecutivo de lo que antes se llamaba Ernst & Young España.
Deloitte se ha presentado al concurso, pero sabe de antemano que sus posibilidades son remotas dada la incompatibilidad que generan sus múltiples servicios de asesoramiento corporativo al BBVA. La reforma legislativa llevada a cabo por Luis de Guindos, que motivó la rotación obligatoria de auditor en todas las sociedades cotizadas, supuso un duro golpe para Deloitte como principal y destacado proveedor de servicios en la mayor parte de las grandes empresas del país. Los herederos de la desaparecida Arthur Andersen han llevado a cabo desde entonces un verdadero plan de transformación y resiliencia, como gusta decir ahora, que se ha traducido en una reorientación del negocio hacia labores de consultoría con la flor y nada del Ibex. Un segmento de actividad que proporciona menos visibilidad institucional, pero con mayor y mejor rendimiento para la cuenta de resultados, que a la postre es de lo que se trata.
Con KPMG y Deloitte fuera de combate, la primera por obligación legal y la segunda por interés estratégico, la disputa teórica se reduce a un pulso entre EY y PwC, si bien ésta última cuenta con el enorme hándicap que implica su activa participación en el calvario judicial del BBVA como responsable directo del controvertido informe forensic sobre los trabajos encargados al grupo Cenyt. La testifical en los juzgados del jefe del servicio de ‘autopsias informáticas’ del PwC terminó como el rosario de la aurora después de poner de manifiesto que las pesquisas no se habían ampliado con carácter general, sino que estuvieron limitadas a instancias del propio contratante; esto es del BBVA. A partir de ahí, la Audiencia Nacional se ha quedado con la mosca tras la oreja en tanto que Carlos Torres ha empezado a tentarse la ropa en sus relaciones con la firma que preside el bilbaíno Gonzalo Sánchez.
El equipo de Carlos Torres reprochó a PwC que no se hubiera partido la cara por el BBVA cuando tuvo de dar cuenta ante el juez sobre el célebre forensic del caso Villarejo
El banco imputado reprochó amargamente a PwC que no se hubiera partido la cara por su cliente en un asunto que tanto lo merecía. La inmolación no debía estar incluida en el presupuesto de la firma de servicios para la cual la licitación en curso tiene, no obstante, un carácter estratégico dado que permitiría a PwC consolidar el liderazgo que le otorga en el mercado su actual condición de auditor del Banco Santander. Aun en el supuesto de que Ana Botín diera por concluida en un futuro inmediato una vinculación que se prolonga desde hace seis años, la eventual contratación del tercer banco del país por activos sería un importante consuelo para PwC a la hora de asegurar una referencia de primer nivel como colaborador de excepción en el sector financiero español.
El BBV se ha convertido sin quererlo en el campo de la batalla que las llamadas Big Four mantienen de una manera tácita pero no menos encarnizada desde el día en que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió poner en cuarentena a toda la industria de auditoría como contrapunto de la gran crisis financiera. La irrupción del ICAC ha atacado esta vez a KPMG y lo ha hecho en el momento más comprometido para el BBVA, con un concurso que ha sido dilatado en el tiempo y que va levantar mucha polvareda sea cual sea su desenlace final. Carlos Torres se encuentra en un callejón con muy mala salida. Porque o bien se abraza sin complejos a PwC como consultor de cabecera o asume un presunto conflicto de interés en beneficio de EY. La solución, antes de fin de mes.
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