Hubo un tiempo en que las pandemias no marcaban los tiempos informativos. Asomaba el verano de 2019 y la banca, a través de sus ‘lobbies’ más conspicuos, lanzaba un concurso que enseguida puso los dientes largos a las grandes agencias de comunicación patrias a la vista de su generosa cuantía. ¿Objetivo? Mejorar la imagen del sector financiero, mancillada por las tarjetas ‘black’, las preferentes, las hipotecas multidivisa o el IRPH. Todo ello sin contar con el bodrio perpetrado por el Tribunal Supremo, que precisamente en esos días rectificaba su decisión inicial y cargaba de nuevo a los clientes el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). ¿Alguien necesitaba mayor prueba de la connivencia perpetua de las instituciones con los bancos? Las entidades, conscientes de haberse convertido en las ‘nuevas eléctricas’ dentro del imaginario colectivo, intentaban con ese lavado de cara sacudirse el polvo de los multimillonarios rescates, las indemnizaciones de infarto a sus ejecutivos y, en algún caso, del fichaje de comisarios que operaban al límite de la ley. Casi dos años y un coronavirus después, la apuesta parecía tener éxito y los decibelios de la crítica haberse apaciguado… Hasta que esta pasada semana aquellos fantasmas volvían sin remedio.
El martes, la nueva CaixaBank hacía pública la cifra de salidas a la que aspira tras la absorción de Bankia. En concreto, 8.291 empleados, nada menos que el 18% de la plantilla… para completar el mayor ERE de la historia de la banca española. Por si fuera poco y sin solución de continuidad, el BBVA se descolgaba el jueves con un recorte adicional de 3.800 trabajadores, umbral situado muy por encima de las expectativas de sindicatos y analistas. En total, se estima que el colectivo recortará al menos 18.000 empleos durante este ‘annus horribilis’, una cifra insoportable para el Gobierno de PSOE y Podemos, que arreció a mediados de semana. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, empezó reclamando responsabilidad a los bancos y terminó pidiendo al Banco de España que “los salarios y bonus de los ejecutivos bancarios se alineen con la evolución del sector y la economía en su conjunto”. Por el camino, su colega Yolanda Díaz, a cuyo departamento llegarán los ajustes, dejó claro que “no son tiempos de ERE”. Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, más certero y con peor idea, deslizó que la banca “tiene que ser consciente de las ayudas públicas recibidas”.
¿Conclusiones? La primera, que habrá que ir preparando los pliegos para una campaña de imagen 2.0. Y la fundamental, que el Gobierno vuelve a imbricar sin inmutarse lo público y lo privado, poniendo en el foco a empresas que esencialmente deben refrendar su gestión y sus salarios ante sus accionistas. Porque, en realidad, el Ejecutivo solo tiene un camino si quiere limitar los pluses o la retribución de los directivos de banca, véase reventar la ley de sociedades anónimas y demás regulación mercantil, tirar de Boletín Oficial del Estado (BOE) y fijar un umbral legal a las remuneraciones. Tal nivel de intervención pondría a España al nivel de las viejas economías centralizadas y permitiría a Sánchez unirse a las tertulias de Zapatero con Maduro en olor de multitudes y sin desentonar un ápice. Como esa no es la intención de Calviño, fiel adalid de la ortodoxia, solo cabría interpretar su apelación al sector financiero como un ramalazo electoral. Pasar la patata caliente de la cuestión a Pablo Hernández de Cos, a fin de cuentas una mera correa de transmisión de Fráncfort, también evidencia que el Ejecutivo opera de cara a la galería o, más bien, a beneficio de inventario electoral.
La imputación de Fainé y Brufau ha provocado una ola de terror en el Ibex, dispuesto a ver segundas lecturas en los movimientos de un Gobierno ávido de intervenir en la 'res privada'
Dicho lo cual, la vicepresidenta económica tiene una oportunidad de oro para convertir las musas en teatro. No en vano, el Estado mantenía una participación de control en Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que le ha otorgado una nada despreciable cuota de poder del 16% en la nueva CaixaBank. Es de esperar que, para ser consecuente con la posición expresada públicamente por el Gobierno, el FROB no solo vote en contra de la remuneración fijada a los nuevos cargos del banco, sino que exponga públicamente su rechazo de cara a la inminente junta de accionistas y trabaje de forma constante en el Consejo de Administración para su modificación. Está por ver que eso suceda. Al final del camino, el tándem Sánchez-Calviño no puede defender sin ambages la necesidad de consolidar el sector financiero -y por tanto apoyar y cantar las alabanzas de la integración de la antigua caja madrileña en la catalana- y después sorprenderse por sus implicaciones.
De hecho y bajo esas premisas, no parece razonable asumir que la ministra de Economía desconociera que el principal mecanismo existente para la generación de sinergias en una fusión bancaria es el ahorro de costes vía ajustes de plantilla y cierre de sucursales. Si de lo que se trataba era de conservar el empleo a toda costa, mejor hubiera sido brindar por Bankia y otorgarle larga vida. O dar satisfacción a Pablo Iglesias -en este punto mucho más coherente- y diseñar un proyecto de banca pública, una iniciativa que ya se han ocupado de desempolvar aprovechando la coyuntura tanto el aspirante a la Comunidad de Madrid como la flamante vicepresidenta que le sustituye. Lo dejó claro el propio líder morado cuando la integración Bankia-Caixa cogía vuelo: "Impulsar la modernización del tejido productivo español requiere desarrollar una banca pública eficiente, como por ejemplo tiene Alemania. Bankia puede ser el embrión para ello, y por tanto el Estado no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad". Por suerte, no se ve al PSOE en esas... aún.
Los efectos colaterales de estos desatinos no son pequeños. Por ejemplo, la volatilidad e intereses del Gobierno han generado una salvaje sensación de indefensión en el sector bancario, que ve cómo sus propios ministros se afanan en cuestionar su modelo de saneamiento y señalar alarmados la paja en su ojo, cuando la viga en la retina italiana pasa inadvertida. Todo sea por ponérselo fácil al presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, a la sazón transalpino. Eso sí, visto lo visto, mejor creer en motivos electorales. La reciente imputación a resultas del ‘caso Villarejo’ de Isidro Fainé y Antonio Brufau, cabezas visibles de Criteria y Repsol, ha provocado una ola de terror en ilustres representantes del Ibex, dispuestos a ver segundas lecturas en los movimientos de un Ejecutivo tan ávido de intervenir en la ‘res privada’. Esos mismos próceres, con años de trayectoria en sus corporaciones y buena memoria, recuerdan bien a otros políticos -de diferentes adscripciones- que llegaron y buscaron adecuar las cúpulas del selectivo a su provecho. Las huestes de Sánchez tienen claro que conviven con ejecutivos de otro tiempo, pero eso no obsta para que su relevo lo decidan los accionistas sin injerencias. Así debería ser.
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