La opa de BBVA sobre Sabadell está poniendo a prueba la 'entente cordiale' banca-estado que se cimentó en septiembre de 2020 con la fusión de Caixabank y Bankia. Entonces, a diferencia de ahora, el Gobierno de PSOE y Sumar (Podemos) puso pocas pegas, o quizá ninguna, al proceso de fusión bancaria que dio lugar a la mayor entidad bancaria en España con un perímetro de 650.000 millones de euros. La causa trascendía entonces a la ideología en Moncloa y el pragmatismo a los "efectos lesivos" (Carlos Cuerpo, ministro de Economía) o al "riesgo sistémico" (Yolanda Díaz, vicepresidenta) que se está señalando ahora ante la posible integración de la tercera y cuarta franquicias bancarias.
Entre 2020 y 2021, el interés directo del Gobierno como accionista del megabanco 'Caixabankia' puso la alfombra roja a una fusión amistosa, limpia y exprés. En el caso de BBVA y Sabadell, las futuras trabas gubernamentales pueden desembocar en un potencial conflicto de interés que no parece fácil de argumentar. Después de todo, puede que el Gobierno no tenga la última palabra después de todo, sino el Banco Central Europeo (BCE) o la autoridad de competencia como la CNMC.
El Estado eleva participación en Caixabank
Afortunadamente, los resultados de aquella decisión han acompañado y están a la vista. El objetivo de maximizar la recuperación de valor en Bankia tras el fatídico e inevitable rescate de 2012 va viento en popa y, esta vez sí, como un cohete. El Estado, a través del FROB, más que triplica el valor de su participación en Bankia de 2020 cuando se anunció la fusión con Caixabank. Cuando comenzaron las negociaciones en 2020, las acciones bajo control del Gobierno apenas valían 2.000 millones de euros y ahora están tasadas en 6.847 millones, un 242% más, según el precio de bolsa del pasado viernes.
Además, el peso accionarial del Gobierno en Caixabank se ha incrementado del 16,11% al 17,9% actual sin haber invertido un euro adicional. También el de su socio Criteria Caixa, que tenía un 30,01% y tendrá el 33% del banco. Es la consecuencia de las recompras de acciones y la amortización que ha llevado a cabo la entidad, la última anunciada esta misma semana. Caixabank ha eliminado 792 millones de títulos entre 2023 y 2024, casi el 10% de su capital. Con todo, la promesa que realizó José Ignacio Goirigolzarri en 2014 ("No me parece imposible recuperar todas las ayudas del contribuyente") parece menos quimérica y, contra pronóstico, se acerca a la realidad.
Los números apoyan la decisión de vender Bankia a Caixabank en la fusión, no solo porque se fortaleció el sistema financiero, sino porque la creación de valor en bolsa para la participación estatal va camino de los 5.000 millones de euros en menos de cuatro años solo con la revalorización de la acción de Caixabank. A esa cifra hay que sumar 1.033 millones en dividendos cobrados por el Gobierno desde entonces. Todo con una pandemia de por medio y la orden del BCE de no repartir ese tipo de pagos a los accionistas.
Si se suman los 3.300 millones cosechados entre 2015 y 2020 con dividendos y ventas de acciones, el Estado ha recuperado virtualmente a estas alturas 11.180 millones de euros del salvamento a Bankia en 2012 si mañana mismo vendiese todas sus acciones. Ese momento llegará, aunque el Gobierno tiene tiempo para hacerlo, en concreto, hasta diciembre de 2025, cuando vence la actual prórroga otorgada por Bruselas para España se desprenda de sus acciones en el banco.
Técnicamente, la cifra 'recuperada' supera la inyección de fondos públicos (10.621 millones) que recibió la entidad liderada por José Ignacio Goirigolzarri en forma de ampliación de capital para su saneamiento una vez nacionalizada. No se incluyen en esa cifra los más de 5.000 millones que recibió antes de la salida a bolsa por parte de su accionista, Banco Financiero de Ahorros (BFA), el verdadero receptor del rescate de 23.000 millones por parte del fondo europeo MEDE.
Es vital recuperar ahora la memoria histórica de ese momento y para que Bankia y BFA no caigan en el mismo saco. Uno era un 'ente bueno', el negocio bancario segregado de siete cajas de ahorro en problemas como Bancaja, Caja Madrid, Rioja, Ávila, Segovia, Canarias y Laietana. Lo otro fue el germen del 'banco malo' de la Sareb que estaba repleto de activos tóxicos (préstamos e inmuebles sobrevalorados de la burbuja), cuyos responsables fueron en su mayoría políticos y no banqueros. Aunque hay alguna buena noticia con el caso Bankia, los que nunca volverán y fueron declarados irrecuperables son las decenas de miles de millones públicos que se destinaron a las cajas catalanas CatalunyaBanc y Unnim (hoy parte de BBVA) y la valenciana CAM (que absorbió Sabadell).
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