El maná comunitario para la pretendida reconstrucción económica ha desatado una intensa batalla de influencias, tanto a nivel político como empresarial, en la que cada cual trata de arrimar el ascua a su sardina, dejando al descubierto la incapacidad de la clase dirigente para establecer una mínima unidad de acción en el momento más crítico que vive España. Los 140.000 millones destinados a nuestro país, y especialmente los 65.000 de subvenciones by de face, constituyen el último banderín de enganche para la salvación de muchos sectores de actividad en claro peligro de extinción. El drama para todos los que están con el agua al cuello reside en que el Gobierno ha entendido que eso de la recuperación queda muy largo de fiar y quiere sacar tajada de la generosidad europea vendiendo favores económicos de forma selectiva a aquellos que mejor los puedan pagar con una interesante tasa de fervor político.
La vicepresidenta Nadia Calviño ha tirado la toalla en su labor competencial para determinar el destino de las ayudas comunitarias y lo único que ha conseguido es preservar un mínimo compromiso por parte de Pedro Sánchez para que alguna de las mercedes vaya destinada a aquilatar unos Presupuestos del Estado que no espanten a los socios europeos. Aunque la burocracia de Bruselas ha establecido claras directrices para que las futuras inyecciones de capital se orienten a una transformación del tejido industrial, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en obtener autorización para rellenar con los nuevos fondos ese nuevo Presupuesto la mar de expansivo, destinado a tirar la casa por la ventana ahora que Europa ha dado carta de libertad a la irresponsabilidad fiscal contra la pandemia.
Al contrario de lo sucedido en la mayor parte de las grandes naciones de nuestro entorno económico y sanitario, España ha estado arrastrando los pies con sus planes de estímulo a la espera de que se abrieran de par en par las compuertas de ingentes dotaciones procedentes del llamado Plan Merkel y asociados. Los créditos ICO o las prórrogas de los ERTES han sido adoptados tras intensas reclamaciones por parte de las grandes organizaciones empresariales, cuyas quejas sólo han sido escuchadas después de que los nuevos rebrotes hayan truncado las esperanzas de una rápida recuperación. El Gobierno ha confundido lo urgente con lo importante, mezclando en la misma coctelera objetivos a corto y largo plazo sin reparar en que de nada servirá la ayuda internacional si previamente no se disponen soluciones domésticas para asegurar la supervivencia del tejido productivo.
Algunos dirigentes del Ibex están molestos por la continua utilización que hacen de ellos en Moncloa, pero luego todos acuden firmes a los reclamos de Pedro Sánchez
Los problemas que angustian a los autónomos o a las Pymes son diferentes de los que aprietan a los influyentes inquilinos del Ibex. Poco importa que los prebostes del mundo de los negocios se desahoguen ante el Partido Popular por su repetida utilización como figurantes en actos solemnes con Pedro Sánchez si, a la postre y aunque solo sea por exigencias del guion, todos ellos prestan su imagen institucional en apoyo del jefe del Ejecutivo y sus numerosos ministros. Algo tendrá el agua de La Moncloa cuando tanto la bendicen y es que allí, en las trastiendas de Palacio, es donde se están despachando los números premiados de esa lotería procedente del más allá comunitario. Unos recursos que se antojan indispensables para evitar medidas draconianas de ajuste que puedan arruinar, si no la fortuna, cuando menos la reputación y capacidad de gestión de sus ínclitos pretendientes.
En la carrera por llegar primero a los dineros de la llamada Nueva Generación de la Unión Europea otras que están haciendo su agosto son las grandes consultoras internacionales, que disponen de tarjeta de acceso permanente al despacho del gran hacedor Iván Redondo. No en vano, el zar omnipotente de Presidencia del Gobierno se ha convertido desde hace un tiempo en el valedor oficial de los diferentes intereses corporativos en su calidad de máximo interlocutor de las principales sociedades cotizadas. Las Big Four de toda la vida; Deloitte, PwC, EY y KPMG, junto a los grandes oráculos globales del orbe empresarial, como puedan ser McKinsey o Boston Consulting Group, llevan semanas llamando a la puerta de los distintos departamentos ministeriales con el fin de asegurarse un cubierto de plata en el gran banquete que está a punto de comenzar.
Pero como recogen las enseñanzas bíblicas, muchos serán los llamados pero pocos los elegidos porque los dictados de la Comisión Europea obligan a segmentar las ayudas con carácter finalista a una serie de programas sin incidencia inmediata y directa sobre la actual coyuntura. Vamos, que los damnificados por la pandemia no tienen derecho de paso preferente a ninguna dádiva porque para eso ya están cada uno de los Estados que se suponen soberanos para atajar la crisis con el extenso rescate que aporta el BCE. Bruselas no es Fráncfort a estos efectos y por eso que Nadia Calviño se haya gastado unos paupérrimos 15.000 euros en una licitación pública de asesoramiento al uso, una gestión destinada a salvar el expediente aparentando que el Ministerio de Economía, como sería lo lógico, lleva la batuta en el concierto solidario de Europa.
El Gobierno quiere laminar los filtros de las leyes de Contratos del Estado y de Subvenciones para actuar 'a su manera' en el reparto de los fondos comunitarios
En la España de la mascarilla hasta los ojos es más difícil reconocer las verdaderas intenciones de un Gobierno arrimado al sol que más calienta y que utiliza toda clase de eufemismos para disfrazar las ancestrales necesidades en virtudes de progreso. Como si hubiera sido atacado por el síndrome del soldado invencible, Pedro Sánchez está encantado de conocerse encarnando a un quijote de medio pelo capaz de prometer la ínsula Barataria a todo aquel dispuesto a seguirle en su desventurada labor de gobierno. En este delirio de grandeza se inscribe la gestión y, consiguiente distribución darwinista, de los multimillonarios fondos europeos, que tienen dos campos de actuación claramente jerarquizados, como son la digitalización del 5G y la transición ecológica. Todo ello aprovechando el Pisuerga de una reforma de la Administración que pretende eliminar los filtros de las leyes de Contratos del Estado y de Subvenciones para que el Gobierno, como cantaba Frank Sinatra, pueda hacer lo que tenga que hacer, a su manera.
Las grandes utilities, corporaciones privadas de servicio público en su mayor parte, van a ser las primeras beneficiarias de las ayudas. Telefónica, Iberdrola e incluso Endesa, con su pasaporte italiano, ganan por la mano en esta partida a las constructoras de toda la vida; las ACS, Acciona o FCC, más pendientes de la capacidad inversora del que antes era llamado Ministerio de Fomento. Quizá por ello que éstas últimas se muestren proclives a buscarse la vida vendiendo algunas de las antiguas joyas de la abuela mientras que las primeras se frotan las manos con la esperanza de que las muletas de la Unión Europea les ayuden a sostener su tullido valor en el mercado. Lo que para Sánchez es la rimbombante modernización de España para sus escuderos equivale a poder seguir pagando el dividendo. Que no es poco.
Comentarios