Esta semana se ha completado el puzle de imputaciones a las empresas del Ibex que hace entre diez y quince años contrataron los servicios especiales de la agencia del comisario Villarejo en busca de información privilegiada sobre el enemigo, con la imputación como personas jurídicas de Repsol, Iberdrola Renovables y Caixabank, que se unen a la del BBVA y a las de sus respectivos máximos responsables y demás directivos de la época, aguas abajo, a título individual. Nunca pensó el comisario que los fiscales Anticorrupción y el juez iban a ver tal cúmulo de indicios de delito juntos en una agenda, varios audios grabados a traición o, en el caso de Iberdrola, el informe de un par de empleados díscolos. Con todos los componentes en el escenario, la pregunta que pesa en el ambiente es ¿y ahora qué? ¿se van a sentar en el banquillo los presidentes imputados o solo quienes se pueda demostrar que dieron las órdenes para contratar a Villarejo, creyendo que se podía, aunque fuera policía?.
Desde el punto de vista de la técnica jurídica, sorprende ver como en el auto de imputación de Repsol y Caixa, por pagar a medias los encargos que la petrolera hizo al comisario (que ellos aseguran que fueron transparentes y legales), no se menciona en ningún momento a Brufau o Faine, sino que se hace hincapié en la “negligencia” de sus dos responsables de seguridad por no comprobar la condición de Villarejo ni revisar si Cenyt podía dar servicios de seguridad privada. Se puede llegar con la responsabilidad al nivel del departamento jurídico, que no corroboró todos los extremos de la contratación, pero tras la lectura de ese auto surgen serias dudas de si esa función era también responsabilidad del presidente de la petrolera, cuyo día a día seguro que es otro, y mucho menos del presidente del socio financiero, que se ofreció a pagar a medias los gastos de una acción que, como el propio auto reconoce textualmente, pretendía “desbaratar el pacto que Luis del Rivero, como presidente de Sacyr Vallehermoso, S.A., había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol, ya que los investigados consideraban que este pacto podía ser perjudicial para la entidad, intentando evitar, entre otros extremos, que fuera controlada por una sociedad pública mexicana”. Si eso es así y la supuesta negligencia estaba en el nivel de los directores de seguridad ¿hacía falta imputar a dos presidentes históricos del Ibex de reconocido prestigio internacional? A no ser que el juez y los fiscales tengan en su poder datos que el común de los mortales desconocemos, cabe pensar incluso que es más grande el daño que se hace que el mal que se pretenden evitar, algo que no le puede ocurrir a un juez.
Del lado de Iberdrola, es chocante que la imputación como persona jurídica recaiga en la filial de renovables por una de las facturas más claras y acordes a derecho de todas las que se analizan en el caso, las de una empresa extranjera morosa. Es más, mientras que a Sánchez Galán y su cúpula directiva de entonces se les achaca un “delito continuado” que empezó en 2004, siguió en 2012 y acabó en 2017 sobre hechos y trabajos distintos, en el caso de la empresa solo comprende una factura de 2012, es decir, nada de una etapa anterior en la que no existía el artículo 31 bis del Código Penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De nuevo, o nos faltan datos, o imputar así a una empresa 'verde' puntera a nivel internacional por una factura que está perfectamente hecha está cerca también de incumplir el principio de proporcionalidad.
Se supone que todas estas dudas serán despejadas a partir de ahora cuando declaren los responsables legales de las empresas imputadas, que deben aclarar tres cosas: que pudo existir un delito “antecedente” de cohecho activo; que el delito fue cometido por los directivos o empleados de la empresa; y, además, que las medidas de prevención de las empresas (sofisticados sistemas de compliance) podrían haber evitado su comisión. Son extremos que, por ahora, están “indiciariamente acreditados”, pero que habrá que corroborar a finales de julio, si se puede.
El problema que surge para las empresas, además del varapalo que para su reputación corporativa supone llevar el ‘sambenito’ de imputados o investigados, es que sus tiempos no son los de la justicia. Mientras el juez sigue anotando piezas en el caso Villarejo y pide refuerzos porque lleva demasiadas cosas desde hace demasiado tiempo, los inversores y los accionistas piden explicaciones y exigen soluciones rápidas ante este tipo de problemas a las cúpulas directivas de las compañías. Tanto es así que, si finalmente resulta que es muy difícil probar que los presidentes de las compañías llegaron a cometer el delito de cohecho que se les supone ahora, y no se les va a sentar en el banquillo cuando se pase de la instrucción al juicio oral, dentro de un par de años, lo más normal es que queden liberados de ese peso, pero ya como expresidentes, porque sus respectivas juntas anuales y la presión de los fondos y los ‘stakeholders’ les hayan pasado la factura de antemano. Y estaremos de nuevo ante esa lamentable frase de “Justicia sí, pero tan tarde…” y con dudas sobre a proporcionalidad del castigo sufrido.
Comentarios