La gestión económica se ha plegado de manera definitiva a los intereses políticos. En la era del coronavirus los encargados de la Administración del Estado están más preocupados de dominar que de servir y todas las decisiones referidas al manejo de los recursos públicos se orientan a la búsqueda de réditos electorales para asegurar la permanencia en el poder. Dentro de esta visión cortoplacista se inscriben, afortunadamente, las ayudas que, a duras penas, está adoptando el Gobierno para enfriar la crispación de los distintos sectores productivos atacados por la pandemia. Pero las calamidades que se barruntan vienen dadas porque, al margen de los estragos de la crisis sanitaria, las decisiones de gasto tienen un fuerte componente estructural y van a generar un lastre que arrastrará a España a un futuro incierto en el que, desgraciadamente, más dura será la caída.
La OCDE y su índice compuesto de indicadores (CLI) han vuelto a insistir con sus célebres vaticinios económicos, que a este paso amenazan con erigirse en lo más parecido a la maldición de Casandra. Por lo que se ve, a Pedro Sánchez no le gustan los profetas, entre otras razones porque cualquier predicción de futuro que pueda alertar sobre la incierta reconstrucción resulta incompatible con las ambiciones más inmediatas del Gobierno que preside. El oráculo de París se muestra tozudo en sus datos de finales de octubre, poniendo de manifiesto que España sigue descolgada de la recuperación en Europa, donde el resto de los grandes Estados miembros experimentan un repunte de actividad pese a los rebrotes del Covid-19 que padece todo el mundo desde la vuelta del verano.
La Comisión Europea ha tomado la matrícula de la nueva política económica instaurada en nuestro país pero mientras el Banco Central Europeo (BCE) mantenga bien abierto el grifo, la coalición socialcomunista seguirá eliminando sin reparo todos los controles fiscales para seguir avanzando sobre el alambre de un gasto desbocado. No es de extrañar que Nadia Calviño y María Jesús Montero, como supuestas cancerberas de las cuentas públicas, sean ninguneadas una y otra vez por el comandante Iglesias y su tropa de Podemos. Está claro que el despilfarro ha destronado a la sobriedad, lo que obliga a rendir pleitesía a Christine Lagarde, la verdadera responsable de la política económica en España y la que, a la postre, permite que el Gobierno pueda entrar a saco en la caja de caudales.
Sin el drama del coronavirus y la relajación fiscal que ha generado, el Gobierno estaría a punto de recibir las 'orejas de burro' que pone Bruselas a los países con déficit excesivo
Se podría decir que a Sánchez se le ha aparecido la pandemia en su intrincada y maquiavélica hoja de ruta. Sin el drama de la plaga y la psicosis de pánico desatada en los últimos meses el líder socialista habría tenido serias dificultades para justificar ante los funcionarios de Bruselas las concesiones realizadas en los nuevos Presupuestos del Estado a los negacionistas antisistema que le sostienen en el cargo. Con los parámetros de la vieja normalidad, la ejecución de las cuentas públicas en 2019, con los números rojos rozando el 3% del PIB, habría situado al Reino de España a las puertas de un nuevo procedimiento de déficit excesivo. Un baldón que obligaría al presidente del Gobierno a pasearse por Europa con esas virtuales, aunque no menos humillantes, orejas de burro que acreditan a los peores alumnos de la clase.
Desahuciada la actividad económica de cualquier aspiración que no sea la financiación de una larga estancia en el poder y repartidos los Presupuestos del Estado como botín de guerra política, el Gobierno se consuela en la aflicción de ese mal de muchos que facilitará el ritmo más lento de la denominada resiliencia, invocada como una especie de bálsamo de Fierabrás en versión 2.0. Hasta que Alemania decida que se ha acabado el recreo, para lo cual le basta con dejar caer sus posaderas sobre los ancestrales reglamentos que consagran la estabilidad fiscal y presupuestaria en el Viejo Continente. No se olvide que la gran locomotora comunitaria y alguno de sus fieles halcones, como es el caso de Holanda, van a afrontar el próximo año un agitado calendario electoral, lo que previsiblemente encenderá la tradicional dicotomía latente entre los países del Norte y del Sur de Europa.
A día de hoy lo único que puede hacer España es mirarse en el espejo de Italia y tratar de contemplar las mismas estrías en su arrugada gestión de la crisis. La comparación puede resultar odiosa puesto que incluso el país transalpino, dentro de sus penurias, está mostrando mayor margen de maniobra en la dotación de estímulos presupuestarios contra la pandemia. Pero los dos grandes países del arco mediterráneo están desde el principio en el mismo camarote de ese Covid-19 que va ya para 2021, y sus respectivos Estados han sido reconocidos como los principales destinatarios de los grandes fondos supranacionales del alabado y bendito Plan Merkel. Sánchez se ha esmerado desde el primer momento en sacar partido político a estos multimillonarios recursos de contingencia, pero está por ver si la eficiencia económica de las ayudas, que todavía están por llegar, será trabajada con igual pulcritud y diligencia.
La barra libre del BCE está embalsando una inflación que puede ser letal si España queda descolgada de la recuperación cuando el resto de Europa empiece a salir del hoyo de la crisis
El líder socialista ha vendido la piel de oso antes de tenerlo del todo cazado, apalancando las expectativas económicas de futuro con el aval de un supuesto dinero gratuito que, a la postre, puede resultar muy gravoso para el erario público si España pierde la marca de Italia y se queda sola ante el peligro de una depresión histórica. Un riesgo que el jefe del Ejecutivo, firme en su ademán de esconder la cabeza bajo el ala, se niega a divisar en el horizonte de una legislatura certificada a golpe de talonario con la pólvora mojada del rey. La lucha declarada contra el austericidio ha encontrado en el coronavirus un aliado inmejorable para imponer movimientos pendulares tan suicidas como puedan ser la subida de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios en un momento de evidente desinflación.
Malo será que todas estas alegrías terminen acribillando el verdadero escudo social que para la clase media trabajadora no es otro que el mantenimiento del poder adquisitivo. La devaluación interna de la pasada década, que permitió enmendar la posición competitiva del país, fue compensada con un control férreo de los precios para el consumidor. La diferencia con la recesión de 2008 es que ahora se ha generado una mastodóntica inflación que, de momento, permanece embalsada a expensas de futuras decisiones monetarias ajenas al ámbito de competencias del Gobierno. Por el momento los tipos de interés están contenidos, pero el riesgo de inundaciones terminará siendo inevitable y de nada valdrá implorar a Santa Bárbara una vez que estallen los truenos. Claro que Sánchez y sus aliados tampoco van a preocuparse en exceso. A fin de cuentas, todos ellos siempre se han mostrado también agnósticos en materia económica.
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