Los más atrevidos asesores que pululan en manada por el Palacio de la Moncloa se hacían estos días los dedos huéspedes con la posibilidad, manejada también en foros bursátiles, de que alguna de las más grandes entidades del Ibex pudiera acceder, voluntariamente se supone, al recién creado fondo de rescate empresarial que el Gobierno ha puesto en marcha a instancias de la CEOE. La cúpula patronal que preside Antonio Garamendi convenció a la vicepresidenta Nadia Calviño para habilitar el ‘saquito’ de 10.000 millones de euros con destino preferente en Iberia y demás entidades damnificadas de la Covid-19. Unos recursos que, en última instancia, también podrían utilizarse para reforzar la caja fuerte que blinda a las principales joyas corporativas de la corona, las herederas de los antiguos monopolios estatales que siempre están listas y dispuestas a todo tipo de arrumacos con el poder establecido.
Dada la sintonía que acompaña las actuales relaciones de camaradería entre Pedro Sánchez y los nuevos próceres del Ibex nada tendría de particular que las grandes sociedades cotizadas tratasen de ahuyentar a los Elliot de Paul Singer y demás fondos activistas introduciendo como inquilino en su accionariado a la renovada SEPI. En muchos de estos casos, la interconexión de intereses con el Gobierno no necesita mayor transmisión de pensamiento, por lo que la opción de que el Estado adquiera una participación simbólica en lo más granado del mundo de los negocios tampoco ha de modificar las hojas de ruta empresariales que tratan de manejar Iván Redondo y su séquito de consejeros presidenciales. El consuelo oficial puede servir además de bálsamo indispensable para ciertas multinacionales de la marca España a la hora de afrontar sus pesares judiciales en la Audiencia Nacional.
La ‘solución SEPI’ implica, en su concepción actual, una serie de requisitos que, por desgracia para sus eventuales interesados, condicionan seriamente la gestión de las futuras compañías beneficiarias del maná estatal. Aparte del estigma que supone la etiqueta de ‘entidad rescatada’, el Ministerio de Economía ha apretado las tuercas del llamado Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas con una serie de restricciones que no pueden ser de recibo para sociedades cotizadas de muy alto copete y que se pasan el día atendiendo los requerimientos de sus accionistas e inversores institucionales. Nadia Calviño no ha dejado que su aquilatada fama neoliberal difumine el dogmatismo que reclaman sus aliados preferentes de la investidura y que, en esta ocasión, aunque resulte paradójico, ha contado también con el respaldo del Partido Popular.
El fondo de rescate para reflotar empresas puede adaptarse en el futuro como elemento de blindaje de las grandes sociedades cotizadas
El primer partido de la oposición hizo ver a sus interlocutores del PSOE que cualquier ayuda para el reflotamiento de empresas privadas tendría que ir aparejada de un nivel de intervención que garantizase el correcto uso de recursos públicos. La alternativa de liquidar la supervisión mediante la exigencia de planes de viabilidad soportados en exquisitos ‘power points’ no era suficiente y debería complementarse con otras medidas efectivas de control como son la abstinencia en el reparto de millonarios bonus y dividendos, así como la prohibición de llevar a cabo operaciones corporativas de esas que hacen las delicias de los grandes bancos de inversión en calidad de asesores comisionistas. A la postre, y como contrapartida de la asistencia financiera, el fondo de rescate supone una declaración de pobreza en toda regla al gusto de Podemos.
Los grandes del Ibex no es que estén para muchas gollerías o, al menos eso es lo que dicen sus actuales cotizaciones en bolsa, pero ello no implica que vayan a renunciar así como así a los sabrosos dulces de su aristocrática condición empresarial. Hacen falta muchas pandemias todavía para que la SEPI pueda desnaturalizar los apetitosos manjares y demás canonjías que adornan a los principales imperios bursátiles del país. La crisis ha servido, eso sí, para romper los tabúes que mantenían con el antiguo INI las principales sociedades cotizadas que alcanzaron su autodeterminación a raíz del programa nacional de privatizaciones llevado a cabo en los años 90. Muchas de ellas han visto ahora las orejas al lobo y no desdeñan la posibilidad de acogerse a las muletas del Estado, pero nunca a cambio de pagar el enorme precio que ha impuesto finalmente el Gobierno.
El comité de acogida de la SEPI deberá invocar alguna excepcionalidad para que Pedro Sánchez pueda situar a sus colaboradores directos como flamantes representantes del capital público en los buques insignia de los principales sectores de actividad económica. La alternativa que se maneja tiene un antecedente válido en el caso de Indra, donde hace ahora siete años el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, movilizó Roma con Santiago para que el Estado se hiciera con la participación del 20% que José Ignacio Goirigolzarri había puesto en almoneda desde Bankia. Ramón Aguirre, a la sazón titular del holding público que actualmente preside Bartolomé Lora, no tuvo más remedio que aceptar el envite sin exigir mayores condicionalidades, que no fueran las de colocar a dos consejeros procedentes de las filas del PP en el máximo órgano de gobierno de la compañía.
Los bufetes de abogados que trabajan para el Ibex exploran con la CNMV mecanismos que refuercen las compras de autocartera contra Opas hostiles
La necesidad de salvaguardar las empresas estratégicas necesitará en los próximos meses de algún que otro ajuste fino en el diseño de las ayudas que han de canalizarse a través de la SEPI, sobre todo si la inquietante evolución de la crisis sanitaria recomienda nuevas medidas drásticas que dejen tiritando a la economía española a la vuelta del verano. Más allá de asegurar la solvencia de empresas a las que la plaga del Covid ha dejado en evidencia, lo que ahora se discute es la garantía de control sobre entidades que son determinantes para la recuperación y cuya propiedad se está poniendo en prenda cada día en bolsa. En este terreno el principal oráculo de consulta se ha trasladado de La Moncloa a la calle Edison, sede de la CNMV convertida en lugar de peregrinaje de los más prestigiosos bufetes jurídicos que asesoran a las grandes sociedades cotizadas.
Los más expertos jurisconsultos del derecho mercantil se están devanando las meninges para buscar el amparo del regulador y poder adaptar medidas que protejan el sistema inmunológico de las más emblemáticas compañías bursátiles . Las soluciones más socorridas ante cualquier eventual virus hostil apuntan a un manejo intenso de la autocartera como instrumento para combatir OPAs no deseadas ya sea mediante la extensión de los niveles permitidos en la compra de acciones propias o a través de la utilización de dichos títulos como pago a los accionistas minoritarios antes de que éstos sucumban al encanto de pretendientes externos. A tal efecto, el Gobierno ha pactado con el PP e incluso con Vox la conveniencia de liberar la autocartera de la futura tasa Tobin que gravará todas las transacciones financieras en España a partir del próximo año.
Al margen de este tipo de cataplasmas terapéuticas al uso, la alternativa más poderosa para evitar sustos ante una ofensiva extranjera pasa por estimular un programa de consolidación de carácter darwinista en el que los peces gordos de los distintos sectores fagociten sin contemplaciones a los más pequeños y afectados por la pandemia. La vacuna de las fusiones está indicada especialmente para momentos de depresión, pero su ingesta tropieza con eso que en términos anglosajones se conoce como 'personal issues', traducido en su versión carpetovetónica por "el que hay de lo mío" que subyace detrás de las vanidades enfrentadas en todo proceso de integración empresarial. La crisis que se avecina supondrá, desde luego, una prueba para estómagos fuertes. Habrá que ver quién es capaz de digerir el trago. Y a cambio de qué.
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