En uno de los últimos consejos de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), a finales del pasado año, Pablo Hernández de Cos, aprovechó la visita como invitado especial del vicepresidente europeo, Valdis Dombrovski, para formular dos cuestiones esenciales a la hora de entender la visión de la crisis que existe en Bruselas y las expectativas de España para asegurar la ayuda comunitaria sin caer en el temido rescate. La primera pregunta estaba referida al Pacto de Estabilidad y la eventual moratoria de la cláusula de salvaguardia que permitirá abundar en nuevos estímulos durante este ejercicio y el siguiente de 2022. La segunda, más difícil de contestar con una respuesta favorable a los intereses patrios, aludía a la eventual condicionalidad que pueda vincular la dotación del flotador comunitario con un plan de reformas estructurales realmente efectivo en nuestro país.
El representante letón en la Comisión Europea respondió con ese lenguaje habitual de la diplomacia comunitaria que, traducido al román paladino, viene a significar algo así como ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Algo que no deja de ser elocuente en las circunstancias actuales porque ahuyenta el fantasma del austericidio y deja bien a las claras una singular empatía con la idea generalizada en todo el Viejo Continente de que la crisis se ha extendido bastante más de lo que se pensaba. En conclusión, un panorama que conforta de manera satisfactoria a los que están pendientes de impulsar un mayor gasto como única solución alternativa para salir de la recesión, pero que también abre la puerta para que inmediatamente después, cuando remita el temporal, se imponga un régimen de ajuste equivalente al nivel de sobrepeso acumulado durante estas largas vacaciones fiscales.
Convencido de que a buena entendedora pocas palabras bastan, el gobernador del Banco de España corrió raudo a trasladar el doble mensaje a Nadia Calviño. Otra cosa muy distinta es que la ministra de Economía consiguiera que la misiva llegase, plena de contenido, hasta su destinatario principal, que lógicamente es el jefe del Ejecutivo. Pedro Sánchez goza de buen dominio de idiomas, pero ya se sabe que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Por eso al líder socialista, como a buena parte de su Gobierno, le cuesta mucho entender que el célebre Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RTR) equivale en su traducción comunitaria a un Programa de Asistencia, Reformas y Ajustes (ARA) que tiene implicaciones mucho más graves y trascendentes de lo que proclama y miente la propaganda oficial.
El inquilino de La Moncloa ha echado mano del optimismo antropológico de Zapatero y se dispone a proclamar "la mayor transformación económica y social desde la Transición" en una España con cinco millones de parados
Aparte de lanzar las campanas al vuelo, disciplina que el presidente del Gobierno maneja en términos cercanos al estado del arte, va a ser necesario remover mucha tierra para salir del hoyo y persuadir a los vecinos comunitarios de que España no ha de suponer un lastre en ese proceso de reactivación retardada con vistas al segundo semestre del año. Mientras toda Europa se tienta la ropa con la esperanza de que el programa de vacunación ponga fin al calvario, Pedro Sánchez ha desbocado el caballo del optimismo antropológico heredado de Zapatero para anticipar lo que califica como “la mayor transformación económica y social desde la Transición”. El inquilino de Moncloa ha echado mano de su Matrix particular para construir artificialmente una realidad virtual que no importa quien la crea porque no ha sido diseñada para convencer sino para convencidos.
Hace falta valor para anunciar que 2021 será el año de la reconstrucción tan solo unos días después de conocer que España ha superado oficialmente otra vez los cuatro millones de parados, una cifra que nos devuelve a las peores pesadillas de la crisis sufrida en la pasada década. Eso sin contar el otro millón de trabajadores que se mantienen en dique seco de cualquier actividad laboral y productiva bajo el cobijo de expedientes temporales de regulación de empleo. El país late anestesiado por los ERTEs y las moratorias de las suspensiones de pagos en forma de actuaciones paliativas para evitar un desgarro social que Sánchez trata de camuflar con un relato fútil, construido con eslóganes enlatados y aderezado por ese trastorno deliberado del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre.
El falsario modelo de convivencia, exacerbado en este año primero de desgracia después del coronavirus, ha ampliado de forma grosera la distancia que separa los objetivos políticos de las preocupaciones ciudadanas
La misma anomia ha servido de escudo protector para confundir como ayudas directas los créditos bancarios avalados por el ICO que han sido utilizados hasta ahora como principal y casi única medida de choque para hacer frente a los estragos financieros del confinamiento decretado hace justo un año. Es cierto que la comparación internacional no ofrece resultados homogéneos porque los mecanismos de protección empresarial son muy diferentes entre unos y otros países y cada cual ha empleado las figuras jurídicas que tenía más a mano dentro de sus respectivos ordenamientos mercantiles. Pero llegados a este punto, año primero de desgracia después del coronavirus, Sánchez no va a tener más remedio que dar trigo si no quiere quedarse afónico pregonando en el desierto.
El plan que reclama Bruselas a cambio del maná comunitario se parece como un huevo a una castaña al que será presentado en las próximas semanas con ruido de trompetas para ensalzar esa quintaesencia de la recuperación económica, cuya fórmula mágica se supone contenida en la caja fuerte de Moncloa. En palacio andan ya con los preparativos de una fiesta al uso en la que Sánchez se las prometerá muy felices para fin de año mientras los empresarios que viven de sus pequeños negocios familiares se las ven y las desean para llegar a final de mes. El falsario modelo de convivencia ha ampliado de manera grosera la distancia que separa los intereses políticos de los problemas ciudadanos y los que manejan el aparato del Estado, con sus diletantes administraciones públicas, están más preocupados de contar votos con mociones de censura o convocatorias electorales que de repartir euros a todos los damnificados de la crisis.
El nuevo decreto ley de Solvencia, como ha sido bautizado por el equipo de la vicepresidenta Carmen Calvo, no es más que la preparación artillera que utiliza el jefe del Ejecutivo para impulsar su visión de una España imaginaria y fronteriza con la Arcadia feliz. El presidente ha tenido que hacer malabarismos para conciliar los criterios enfrentados de sus ministras económicas con la tropa del comandante Iglesias. Al final, y gracias paradójicamente a las presiones de Podemos, habrá ayudas directas, por supuesto que sí; esto es, transferencias de capital en forma de subvenciones canalizadas por las comunidades autónomas y sin un plazo fijo. Un fondo de 7.000 millones que, más vale tarde que nunca, están todavía muy lejos de los 50.000 que solicitaban los empresarios. Sánchez ha exigido a Calviño que se rasque de una vez el bolsillo para cocinar un pan con unas tortas y muy poca miga. Menos da una piedra pero como diría el castizo, ‘buen puñao son tres moscas’.
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