El 27 de junio (fecha de entrada en vigor el 28) se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 4/2024, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal (Título I), energética y social. Aquí voy a reseñar brevemente las medidas fiscales, referidas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre Sociedades (IS).
El Decreto confirma la anunciada eliminación provisional del IVA (tipo de gravamen del 0%) a las entregas de productos básicos de alimentación, incluido el aceite de oliva. Dicha exoneración estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024, y se incrementará al 2% hasta el final de año. A partir de 2025, las entregas de aceite de oliva resultarán gravadas al tipo superreducido del 4%.
Por otro lado, y aunque desde finales de 2022 los precios energéticos se están desacelerando gradualmente (dentro de una tendencia general de contención de la inflación, sobre todo de la subyacente) que ha continuado hasta hoy (primer semestre de 2024), esta bajada ha sido reemplazada por el incremento sostenido de los precios de otros bienes fundamentales, como la alimentación (véase lo ya dicho sobre el aceite de oliva), las materias primas y los bienes intermedios.
De tal forma que resulta necesario recurrir a otras medidas para evitar que se produzca un “efecto rebote” de la inflación. Por consiguiente, el Gobierno ha decidido mantener las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. De esta forma, espera que la inflación baje hasta el 1,9% al terminar el año 2025 y al 1,7% a finales de 2026 en la línea de los objetivos marcados por la Unión Europea (2%). Con el oportuno efecto benéfico en los consumidores y el alivio del déficit y la deuda pública con la vista puesta en una economía más competitiva.
En cuanto al IRPF, se eleva hasta la cifra de 7.302 euros la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. De otra parte, se incrementa a 15.876 euros anuales el límite de las rentas de dicha naturaleza como umbral de la obligación de declarar, en consonancia con el importe del vigente del salario mínimo profesional.
Promover la inversión en nuevos vehículos
En cuanto al IS, y con el fin de continuar impulsando la electrificación de la movilidad, se refuerza el incentivo fiscal destinado a promover la inversión en nuevos vehículos FCV. FCHV, REEV o nuevas instalaciones de recarga tanto de uso privado como las accesibles al público, de vehículos eléctricos, duplicando los porcentajes hasta ahora vigentes en el sistema de amortización acelerada (doble del coeficiente de amortización lineal máxima) por una amortización libre, siempre que se trate de inversiones nuevas que entren en funcionamiento en los periodos impositivos iniciados en 2024 y 2025.
Se posibilita, asimismo, la aplicación de esta libertad de amortización a los contribuyentes del IRPF que determinen el rendimiento de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva.
La política fiscal puede coadyuvar para contener la inflación. Sin embargo, no es la más efectiva a la hora de mantener a raya la subida de precios. Es verdad que España no tiene en su mano la política cambiaria o la fijación de tipos de interés o la política comercial, todas en las oficinas de la Unión Europeo. Pero aún conserva instrumentos para limpiar las impurezas de algunos mercados inflacionarios. El prototipo es el mercado de la vivienda. El Estado y las comunidades autónomas deben potenciar la oferta. Hasta ahora han hecho todo lo contrario, limitando coactivamente la fijación de precios. Con lo que, si ya el parque inmobiliario era reducido, ahora incluso ha disminuido su tamaño por la huida de muchos propietarios ante la intervención estatal de los precios. El alza de los mismos ha sido la consecuencia indeseada de una comprensión maniquea de la realidad económica.
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