El miércoles 24 de abril a las siete de la tarde se paró el país. Durante cinco días solamente se habló del estado de ánimo del presidente del gobierno, de sus cuitas matrimoniales y de la decisión que finalmente tomaría el lunes por la mañana.
Todos los medios de comunicación durante más de cien horas intentando escudriñar la mente del presidente y buscando explicación a un suceso tan extraordinario en un estado de derecho como que su presidente interrumpa casi una semana sus obligaciones. De hecho, esta decisión de Pedro Sánchez arrastró a su gobierno y a los partidos que le apoyan a salir en tromba a la calle, medios de comunicación y redes sociales, desatendiendo sus responsabilidades de servicio público en ministerios o altos cargos de la administración.
Mientras tanto, aunque parezca mentira, el mundo no se paró y ni mucho menos la economía. La inflación, el desempleo, la deuda, la inversión o la fiscalidad no consultaron esos días manuales de psicología o de estrategia política, sino que, tozudas, siguieron con su preocupante tendencia.
España ha registrado en abril una tasa de inflación estimada del 3,4%, dos décimas más que en el mes de marzo, y ha escalado hasta ser el tercer país con la tasa de inflación más alta de la Eurozona, tras Bélgica (4,9%), Croacia (4,7%). El Banco de España alertó la semana pasada que las subidas de tipos de interés dejan a más de un millón de hogares (el 7,2% del total) sin poder pagar los gastos básicos.
Durante el retiro espiritual del presidente también hemos conocido los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España ha perdido 139.700 ocupados en el primer trimestre del año, lo que supone la mayor destrucción de empleo para este periodo de enero a marzo desde el año 2020. Este dato ha ido acompañado de un incremento en el número de parados en España de 117.000, con lo que el número total de desempleados en el país se sitúa casi en los tres millones (2.977.800) y la tasa de paro ha escalado hasta situarse en el 12,3%, desde el 11,8% en que se encontraba a cierre de 2023.
Respecto a nuestro endeudamiento, estos mismos días Bruselas ha advertido que España es el país de la Unión Europea donde más aumentará el gasto en pensiones, debido al impacto de las reformas del sistema, que según la Comisión Europea supondrán un incremento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070. De hecho, según nuestro supervisor bancario, España necesitará 25 millones de inmigrantes en 2053 para mantener las pensiones.
La inversión extranjera en España es otra pieza que encaja -por desgracia- en este puzle. En 2023 cayó un 18,7% con respecto al año anterior, siendo esta más de un 50% inferior al nivel máximo alcanzado en 2018. No hace falta recordar que en una economía como la española el peso de lo público en la inversión es considerable, no solo por el esfuerzo presupuestario sino por las facilidades que puedan darse desde la regulación. Respecto a lo primero sabemos, desde la convocatoria de las elecciones catalanas, que no tendremos Presupuestos Generales del Estado este año y respecto a lo segundo hay que mencionar el papel gubernamental en la nueva regulación para la inversión extranjera. Un mecanismo puesto en marcha hace unos meses para autorizar determinadas inversiones en sectores estratégicos que está ralentizando muchas operaciones. Naturgy, Telefónica o Talgo han visto cómo los sucesos de estos días retrasaban más aún la toma de decisiones que puede hacer que huya el dinero extranjero.
Lo cierto es que mientras Sánchez meditaba, la economía sufría. Cepsa, la segunda petrolera en España, anunció esos días que había alcanzado un resultado neto negativo de ocho millones de euros en el primer trimestre de este año fruto del impuesto a los beneficios caídos del cielo que el gobierno puso en marcha en plena crisis energética. El CEO de la compañía ha explicado que al mismo tiempo en febrero pagaron más de 122 millones por el primer tramo del impuesto lo que ralentiza, sin duda, sus planes de inversión para convertir España en un hub mundial de hidrógeno. El Gobierno lleva meses planteándose cambios en este tributo para preservar estas inversiones verdes pero la agenda medioambiental, a la vista del retraso, es menos importante que la política.
Qué decir de las empresas patrias que por mucho que empatizasen con la aparente desazón del presidente no dejaron ni un minuto de mirar sus cuentas de resultados amenazadas por nuevos impuestos y contribuciones extraordinarias. No pocos accionistas hicieron caso omiso de este culebrón, porque lo que les ocupaba -y ahora más todavía- era saber si el Estado finalmente tomará el control de compañías bandera españolas, bien directamente con la SEPI o con la colaboración de Criteria. Y a la vez millones de españoles con un ojo en la televisión y el otro en la declaración de la renta en la que pagarán este año más porque se no han deflactado las tarifas.
Actuar tiene consecuencias, no actuar también.
Comentarios