Muchas voces políticas, procedentes en su mayor parte del nacionalismo catalán, niegan la validez actual del sistema de financiación autonómica (Ley 22/2009, de 18 de diciembre). Según esta opinión, al sistema le habría llegado su defunción por “caducidad”, como les sucede a los bienes perecederos (por ejemplo, una mano de plátanos), que acaban en la incineradora cuando la etiqueta avisa al proveedor o, en su defecto, al consumidor, de que el producto está en fuera de juego.
Pero no. En el mundo jurídico, la caducidad, como la prescripción, alude a la inactividad del sujeto. Aunque, a diferencia de la segunda, que extingue la acción o el procedimiento en curso cuando la inactividad desborda el plazo determinado por la ley, la caducidad no, ya que la acción podrá ejercitarse en un nuevo procedimiento y no perjudica las pruebas realizadas. Lo vemos todos los días en el desarrollo de los procedimientos tributarios (en general de corta duración, normalmente seis meses). La Administración puede dormirse en el curso de un procedimiento de verificación de datos o de comprobación abreviada, pero aún así conserva incólume el derecho a ejercitar su acción (por no haberse producido la prescripción, generalmente por el transcurso de cuatro años), y puede “regresar” al terreno de juego y marcar un gol legítimo.
Aunque, como acabamos de ver, la existencia de caducidad no es sinónimo de extinción del sistema de financiación autonómica, el legislador no ha regulado el fenómeno de la caducidad ni por tanto de sus consecuencias, por lo que la caducidad sigue las pautas generales que acabo de mencionar. La Disposición Adicional Séptima de la Ley 22/2009 (revisión quinquenal) determina que “el Comité Técnico Permanente de Evaluación”, creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “valorará” los distintos aspectos estructurales del sistema de financiación, con carácter quinquenal, para “informar” sobre las “posibles” modificaciones que se puedan someter al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en aras de una mejor coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las comunidades y el equilibrio y sostenibilidad del Sistema”.
Como vemos, no existe ninguna “necesidad” legal de que el sistema se renueve automáticamente cada cinco años, sino de que pase un test de aptitud en ese plazo para eliminar los errores que detecta la experiencia. No tiene mucha justificación que algunas comunidades (Murcia, Valencia o Andalucía…) resulten mucho más perjudicadas que otras (Madrid, Aragón…). Pero eso no significa en absoluto la pérdida sobrevenida del sistema de financiación por el transcurso de cinco años. Por el contrario, pone de relieve la mala calidad del tejido institucional de nuestro país, incapaz de autorregularse para mejorar los servicios que ofrece a los ciudadanos.
El sistema de financiación autonómica es similar a la Inspección Técnica de Vehículos. A nadie se le obliga a cambiar de coche cada cinco años. Únicamente, a partir de cierta edad desde su matriculación, se obliga a su dueño a pasar una revisión de sus condiciones de aptitud para garantizar la seguridad del tráfico vial. Su incumplimiento, la falta de presentación del vehículo ante el correspondiente concesionario oficial para su inspección, se castiga con la imposición de sanciones e incluso con la retirada del vehículo. En España, los particulares somos responsables de nuestras acciones y omisiones. Los gestores de la res publica (los hombres y mujeres de los partidos), sin embargo, gozan de impunidad absoluta y no responden por sus errores, su pereza, o falta de lealtad institucional.
Sí, el sistema de financiación autonómica está muerto. Pero no por caducidad sino por inanición y falta de lealtad institucional. En vez de cooperar, las comunidades se ganan la vida empobreciendo al vecino. Casi cincuenta años de democracia y todavía no hemos aprendido a vivir juntos.
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