El mes de noviembre se ha echado encima y el Gobierno prepara esta semana la base de lo que debe ser el nuevo modelo de financiación autonómica, una de las reformas clave de toda la legislatura, que algunos exministros aseguran que lleva preparada desde su inicio, pero se ha ido manteniendo al margen de la más rabiosa actualidad desde Moncloa, conscientes de que puede ser el bálsamo de Fierabrás que calme muchas heridas entre cabecillas autonómicos sin distinción de ideología, o la caja de Pandora que destape la caja de los truenos. La volatilidad política hace que, tal vez, no sea este el mejor momento para complicarse demasiado la vida con una reforma del reparto de los dineros públicos entre Estado y autonomías profunda y radical, por más que la realidad social y económica del país sea muy distinta de la que había cuando se hizo la última modificación, hace siete años, y cuando se pusieron las bases del sistema, hace más de una década.
Todo apunta a una reforma muy básica, justificada en lo académico y con unas nuevas pautas para definir lo que es la población ajustada de cada territorio que, sin profundizar demasiado, permita el encaje de todas las demandas de los ejecutivos autonómicos y sus niveles de renta, sin perder el principio básico de la solidaridad interterritorial que marca la Constitución. Sin dejar de ser importante ese principio poblacional, es necesario poner unas bases claras para la distribución del dinero público, no solo en virtud de los ciudadanos de cada autonomía, sino en su estructura y composición social. Los presidentes autonómicos de una y otra parte llevan el debate por el criterio de la población, pero hay que tener en cuente cuestiones como el esfuerzo fiscal que cada uno de ellos hace en su territorio, la recaudación real que obtiene o cuestiones como la corresponsabilidad fiscal, para que quede claro de antemano qué es lo que cada cual recibe y aporta. Si se ajusta el criterio de población con el único objetivo de obtener más dinero, como suele ocurrir en este tipo de procesos políticos en busca del consenso fácil, no se habrá logrado nada sólido.
Es evidente y loable que la dispersión rural sea una de las claves que más se modula en el análisis poblacional, por todas las demandas políticas de la España vacía, pero también hay que definir hasta que edad llega la educación en cada lugar (los 16 o los 24 años), o determinar cuál es su dotación de infraestructuras sanitarias en relación con el colectivo social al que deben atender y el nivel mínimo de servicios que deben dar, un cálculo que ha sido superado en todo por la pandemia y que hay que volver a inventar. De nada sirven los grandes hospitales sin una red de atención primaria que llegue a todos los rincones y en según qué sitios, algo cuyo funcionamiento depende de las autoridades autonómicas y que se ha puesto en evidencia durante la pandemia, pero que habrá que evaluar ahora con cuidado de cara a definir el reparto del dinero para la sanidad. El derroche y la falta de eficacia con fines políticos o populistas no puede ser la pauta.
Otro de los conceptos clave que se van a poner sobre la mesa en esta ocasión a la hora de redefinir el modelo común de financiación y que no estaba tan presente en otras negociaciones es el de la autonomía financiera de las comunidades que consagra el artículo 156 de la Constitución. Se ha avanzado mucho en la cesión de la recaudación y gestión de muchos tributos básicos que nacieron controlados por el Estado, incluso en la capacidad normativa para regular o adaptar a cada territorio o estrategia política de turno una parte de sus postulados para “el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”, reza la Carta Magna. Ese criterio fue el que sirvió hace once años para tumbar parte del Estatuto catalán de autonomía, justo al año siguiente de establecer el nuevo sistema de financiación, ante la imposibilidad de que fuera esa comunidad la que marcara el nivel de servicios públicos básicos a financiar al resto de las autonomías. Cierto es que de aquellos polvos tenemos ahora estos lodos independentistas, pero también lo es que de una buena interpretación de ese principio básico constitucional dependerá en gran medida el éxito de la nueva financiación. Recortar la capacidad normativa autonómica en Patrimonio o Sucesiones, o impedir que puedan modificar su tarifa propia del IRPF sin desbaratar la solidaridad del sistema, puede ser muy contraproducente para todos, a no ser que lo que se establezca no perjudique a nadie. Al contrario, tal vez sea bueno pensar en ceder recaudación de otros tributos a las autonomías, como Sociedades, por ejemplo.
Del planteamiento inicial que se haga ahora y la definición de lo que se debe entender por población ajustada va a depender en gran medida el resto del modelo, pero habrá que atender las peticiones de cada cual para llegar a algo que permita el consenso, o no se podrá hacer nada que persiga criterios de justicia y redistribución de la riqueza. El objetivo del Gobierno (y de todos los gobiernos) es que todas las comunidades reciban “los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada o unidad de necesidad, no sólo en el primer año de aplicación, sino también en el futuro”, y eso, además de pericia y fundamentos económicos, administrativos y jurídicos, requiere un ejercicio de generosidad por parte de los dirigentes nacionales y autonómicos en el que no es fácil que todo el mundo esté a la altura. No solo es necesario estudiar, definir y hablar, que técnicos y expertos hay para ello de sobra, además es necesario saber de lo que se habla, y para eso no estoy seguro de que haya también líderes políticos de sobra. Dejarse llevar por soflamas sin criterio o declaraciones populistas que ponen en duda la base del modelo, no servirá de nada y puede echar todo a perder.
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