“España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de Europa y quizá del mundo” (Carlos Solchaga, 4 de febrero de 1988), a la sazón ministro de Economía y Hacienda, carteras que anteriormente había llevado Miguel Boyer. Básicamente, hasta 1985 los socialistas respetaron las reglas fiscales determinadas entre 1977 y 1979 por el entonces ucedista Fernández Ordóñez. Fue un ciclo “activo” sometido al imperio de la ley que duró hasta el año 1984. Entonces la fisonomía del sistema fiscal español empezó a cambiar, coincidiendo con la posición casi hegemónica de los socialistas en las instituciones del Estado. El proceso, en su primera parte, concluyó en 1987, año de creación del sistema de anotaciones en cuenta, que confirmó la opacidad de los Pagarés del Tesoro.
Con la reconversión industrial en ciernes y los rescoldos de la última guerra del petróleo, que laminaron aún más el valor de las cuentas del Estado, la inversión pública se iba al garete. Para evitar que la brecha entre las finanzas públicas y las privadas fuera gradualmente más ancha, Miguel Boyer, antes de dejar la política y doctorarse 'cum laude' en el 'opart' del azulejo oriental de la península, concedió muchos privilegios y gabelas a una de las modalidades de la deuda, los Pagarés, que entraron en el reino opaco de las organizaciones bananeras. Aunque los intereses abonados a su reembolso eran ínfimos comparados con los del mercado, los Pagarés del Tesoro eran una bicoca, ya que, al no resultar obligatoria la información sobre la identidad del inversor, permanecían fuera del control de los órganos administrativos. En cualquier caso, la intervención directa del Estado (pagarés) y la indirecta (sobre la política comercial del sector privado) destruyeron la neutralidad del sistema tributario e hicieron realidad el famoso spot publicitario de Solchaga, dando entrada en nuestro sector financiero a 'Cocodrilo Dundee'.
Los Pagarés del Tesoro rompieron los principios de igualdad y neutralidad en los mercados de capitales. Las entidades privadas del sector financiero no podían competir con el Tesoro, ni siquiera aumentando las retribuciones al inversor porque solo el Estado puede incumplir la ley gratuitamente y a la vista de todos. De la parte de la oferta, el Tesoro (al que le está reservado el monopolio de la emisión de dinero), podía obligar, como así hizo, a que las entidades financieras incrementaran sus coeficientes de caja mediante la colocación, ineludible para los bancos, de una parte de los mismos (alrededor del 16%). El Estado español pudo hacer lo que hizo porque aún estaban en pañales la revolución tecnológica y la integración global de los mercados financieros.
Pero lo peor no eran los coeficientes. La banca privada no podía quedarse cruzada de brazos ante la competencia desleal del sector estatal. La contraofensiva: seguros a prima única (La Caixa), cesiones de créditos (Santander)… Los nuevos productos financieros tenían una naturaleza similar a los Pagarés (conservaban la opacidad fiscal aunque su desventaja de “marca comercial” frente al Estado les obligaban a retribuir con precios más elevados el capital invertido por sus clientes). Esta suma de circunstancias hizo bueno el famoso grito de guerra comercial del político navarro: “España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo…”. “Ganar" es un término polisémico. Ganarás dinero con el sudor de tu frente. Ganarás dinero con el blanqueo de tus calcetines sucios. El Estado, respecto a los Pagarés del Tesoro, tuvo dos poderes efectivos, inaccesibles para las entidades particulares cuando ofertan sus productos a los clientes.
1.- Indulgencia plenaria
Ahora que la palabra de moda es “amnistía”, no extrañará recordar que la Ley 18/1991, de 6 de junio, permitió a los titulares de Pagarés del Tesoro canjear dichos activos como muy tarde el 31 de diciembre de 1997, por activos nominativos de la recién creada “Deuda Pública Especial” (DPE). Los nuevos títulos rentaban el 2%, se depositaron en el Banco de España y no se suministró información a la Administración Tributaria. La emisión, con independencia de su posible rescate anticipado, vencía a los seis años, con entrega del capital y los intereses corridos. De esta forma se extinguía el plazo de prescripción de la Administración para determinar la deuda y exigir el cobro de su importe. El Estado garantizaba al defraudador la impunidad fiscal.
Además, la DPE era una cuota de seguro que cubría una posible contingencia fiscal (una inspección, por ejemplo), ya que su titular podía saldar o reducir el importe que le exigiera la Administración tributaria, previa exhibición del correspondiente certificado del Banco de España. Sin embargo, era un comodín que no se podía poner sobre el tapete en el caso de amortización anticipada del Pagaré.
2.- Indulgencia universal
Más allá de los supuestos específicos de los Pagarés del Tesoro y a título universal, todos los contribuyentes interesados pudieron regularizar de forma espontánea, antes del 31 de diciembre de 1991, su situación por cualquier concepto devengado con anterioridad a 1 de enero de 1990, con exclusión de sanciones e intereses de demora. No fue propiamente una amnistía porque los paniaguados al menos tuvieron que ingresar unas cuotas “olvidadas”. Pero los que se acogieron a la Ley de 1991 fueron de mejor condición que los que sí habían abonado antes, total o parcialmente , las cuotas: la Ley de 1991 no tuvo efectos retroactivos ni dio lugar a la presentación de solicitudes de rectificación.
La concesión de un privilegio, al destruir por su propia razón de ser el principio de igualdad, rebaja la estimación de la ley por parte de los ciudadanos. ¿Por qué pagar un impuesto cuando la norma que lo estableció puede ser derogada pasado mañana? El cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias en España es uno de los más bajos de la Unión. No es extraño que dicho comportamiento resulte inducido por la cúpula del Estado, como sucedió en los casos que acabo de relatar o, más recientemente, en la llamada “amnistía Montoro”. En la actualidad, el ciudadano español no tiene mucha confianza en sus instituciones. Nuestra tradición pública en la aplicación de los impuestos no ha abonado precisamente dicha confianza.
Como acabamos de ver, el Gobierno capeó el temporal financiero con la inyección de recursos irregulares. Pero era necesario algo más, apoyar el consumo, la inversión empresarial y sustituir algunos sectores agotados (como la siderurgia y la minería) y fortalecer otros más dinámicos. Le había llegado el turno a la piedra. Boyer liberalizó el mercado residencial (supresión de la prórroga forzosa del alquiler) y fomentó, por la vía fiscal, la construcción inmobiliaria, con todo su poder de arrastre sobre los demás sectores económicos. En 1985 aumentó las deducciones del IRPF, principalmente al producto nuevo, extendió sus efectos más allá de la vivienda habitual…lo que se trasladó inmediatamente a los precios hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria a comienzos de 1988. Hoy, tanto tiempo después, la izquierda, antaño liberalizadora, está interviniendo agresivamente en los mercados inmobiliarios, creando una gran confusión entre los agentes y una gran frustración entre los jóvenes. El infierno está lleno de buenas intenciones.
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