La normalidad con mascarilla y mejores hábitos de higiene personal está llegando más deprisa de lo que estaba previsto. Madrid y Barcelona, los dos grandes focos de la Covid-19, van a empezar a moverse con más dinamismo, los trenes y autobuses llenos, las terrazas a tope y el otro virus moderno, el del estrés, a punto de hacerse con el control de la vida de la gente. Hace apenas quince días era impensable montar espectáculos multitudinarios hasta septiembre, pero ya hay reglas y guías para abrir hasta las discotecas y las plazas de toros, con menos aforo por el momento, pero que sabrán buscar su hueco de mercado en breve con más gente.
A medida que todo eso avanza y los políticos estatales y autonómicos van llenando su medallero particular de logros de la desescalada mientras se tiran los trastos sin ningún pudor, hay una gran duda que queda en el ambiente y que tiene difícil solución: seremos capaces de volver un poco la vista atrás y buscar causas y responsabilidades en todo aquello que se ha hecho mal y que ha provocado daños irreparables a muchos ciudadanos, o será todo un postureo político más sin mayores consecuencias para nadie. El tamaño de la tragedia que todavía estamos pasando ha dejado a la sociedad exhausta y sin ganas de remover el muladar por lo que pueda salir, pero eso no es tan sano como parece para lograr lo único que merece la pena: que lo mal hecho no vuelva a producirse.
El drama que se ha vivido en las residencias de ancianos, desde dentro y desde fuera, es tal vez el agujero negro más importante que la pandemia ha dejado como una herida abierta. En este caso, no solo se trata de poner las medidas para que un posible rebrote no vuelva a hacer estragos entre nuestros mayores, sino de buscar incluso responsabilidades entre quienes desde el lado público (son una responsabilidad de las comunidades autónomas) miraron para otro sitio hasta que los militares denunciaron que los muertos se acumulaban dentro. Enlazar las residencias con hospitales de zona e incluso obligar a que todas tengan una dotación médica significativa es algo que no puede pasar inadvertido a partir de ahora. Solo pensar que alguien pudo poner en un documento público, aunque fuera un borrador, aquello de que los más mayores es mejor que no vayan al hospital (por más realidad médica que sea) es escalofriante. Las responsabilidades deben salir a la luz, caiga quien caiga.
El otro gran hándicap que nadie quiere volver a ver es el caos de los datos nuestros de cada día. Fernando Simón empezó siendo un técnico de prestigio y credibilidad, con estilo propio, hasta que ya era imposible creer aquello de los ajustes de última hora que subían y hasta bajaban las cifras de muertos y contagiados. Pudieron ser los sistemas de información de las autonomías o la falta de un modelo de Sanidad central fuerte y coordinado (como ordena la ley que se haga), pero es evidente que nadie quiere volver a ver esas cuentas sui generis. No ayuda nada que el INE se borrara de ayudar con sus estadísticas sobre las muertes y sus causas, y mucho menos que los Registros civiles descubrieran todas sus vergüenzas y se reconocieran incapaces de dar un paso adelante, sin los medios de una ley que espera desde hace nueve años su entrada en vigor. Un rebrote grave sin Registros útiles, mientras el Ministerio de Justicia vende un plan anticolapso que nadie se cree, confirmaría de forma implacable la incapacidad de los responsables de esa área.
Después del caos inicial en la compra de material de protección a nivel internacional y con máquinas propias de hacer mascarillas, tal vez no merezca la pena hacer sangre ahora con todo el maremágnum de contratos estatales y autonómicos que se cruzaron sin sentido en la parte mas dura de la pandemia, más allá de que a quienes les engañaron al hacer las operaciones lo aprendan para otra vez y eviten la absurda y estéril guerra dialéctica del “y tu más” que se tuvo que presenciar entre dirigentes políticos, mientras la gente se moría por falta de respiradores y se contagiaba por no tener mascarillas.
A estas alturas, que alguien considere un éxito la gestión que se ha realizado, es cuando menos, inaudito. Sobran las exaltaciones y la falsa modestia. Es mejor callar y seguir trabajando, a la vista de que nos queda un consuelo y una desgracia final: el consuelo es el hecho cierto de que las medidas de confinamiento y la colaboración ciudadana (por ahora), han servido para evitar cientos de miles de muertos más; la desgracia, que tenemos los mismos políticos y, además de no contar ni de lejos con que van a asumir o analizar algún tipo de responsabilidad real sobre lo que se ha hecho mal más allá del postureo, nos han dejado de herencia una comisión parlamentaria para la reconstrucción que apunta hacia una pérdida de tiempo de dimensiones bíblicas. Hasta ahora solo ha servido para constatar una vez más que es imposible congeniar posturas políticas en beneficio común y que, una vez reducidos a la mínima los contagiados y las víctimas, son ya más importantes los votos que vendrán que los muertos que se fueron.
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