No es nada tranquilizador ver a miles de sanitarios por las calles de la capital de España protestando porque se sienten una profesión maltratada y azotada por los vaivenes de una gestión de su trabajo marcada más por el interés político del gobierno autonómico de turno, que por los verdaderos valores de un servicio que desde la época de los romanos se postuló como ‘salus publica suprema res’. Lo paradójico es que esta especie de catarsis del modelo sanitario, que no se da solo en Madrid, llega justo cuando más médicos y enfermeros hay en el sistema, tanto público como concertado o de gestión privada, y justo después de una pandemia maldita en la que todos los trabajadores de la sanidad han demostrado su valía para salvar vidas, incluso con el trágico coste de perder la suya. De entrada, si hay algo que merecen es consideración, respeto y gente inteligente con la que sentarse a negociar sus problemas y buscar soluciones.
Aunque todo parezca una reivindicación salarial o de falta de personal para atender algo tan fundamental en España como la atención primaria (de la que dependemos casi todos), detrás de las protestas de los sanitarios españoles se esconde un problema mucho más grave que los estudiosos del Sistema Nacional de Salud (SN) vienen denunciado desde hace tiempo: la constatación de que los problemas más cruciales del modelo vienen de la deficiente gobernanza corporativa que se produce a todos los niveles, desde el punto de vista macro, en las grandes decisiones estatales, como a nivel autonómico, en la gestión de las redes de centros de salud, o a nivel micro, en la dirección de los propios hospitales, donde el rendimiento de cuentas por las decisiones erróneas brilla siempre por su ausencia.
Esto no es nuevo. Hace una década que está en los análisis técnicos de la gestión de la sanidad como bien preferente del Estado. Tenemos en 2022 un sistema básico de centros de salud para la atención primaria y la medicina familiar, junto a la atención especializada de los grandes hospitales organizados por comarcas, que ha cambiado poco desde que se instaurara, allá en 1984. El gran giro se produjo en 2002, cuando se traspasó la gestión de todo el gasto sanitario a las Comunidades Autónomas, y cada cual hizo de su capa un sayo en busca de votos, politizando un modelo de atención universal que, hasta ahora, había sido ejemplo de calidad y eficacia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Hace casi cuarenta años, cuando se pusieron las bases de SNS actual, el médico de atención primaria era la clave de bóveda de todo el engranaje, por su papel de ‘guardián de la puerta’ de entrada al sistema, hasta el punto de actuar como verdaderos estabilizadores automáticos del gasto público en atención sanitaria. Hoy, todo se ha dado la vuelta y la atención primaria es la gran falla que amenaza con desmoronar todo el sistema por una gestión ‘política’ de ajuste del gasto que tiene poco en cuenta la esencia de la profesión, y la desincentivación de una vocación que se valora y se paga mucho mejor fuera de España.
La tremenda complejidad del marco laboral que los médicos, enfermeros y todo tipo de especialidades y labores asumidas en el SNS exige a los gestores, reclama cuanto antes un repaso global en el que los modelos de transparencia y buena gobernanza pueden ser una buena base sobre la que trabajar. No debe haber guerras de cifras en el cruce de acusaciones entre mandatarios autonómicos y asociaciones de sanitarios, sino una gestión profesional donde los valores y la labor de los sanitarios no se supedite a recortes de gasto mal justificados. No es derroche, es lógica en la organización de un servicio público universal, sea cual sea el modelo que se elija para hacer en cada autonomía.
No se puede desdeñar el problema que están sufriendo los médicos y enfermeros de nuestro país con cuatro exabruptos políticos descalificatorios. Estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales, con una larga campaña de seis meses por delante, en la que sería fundamental que la gestión de la salud pública tuviera el papel relevante que merece y todos los políticos dejaran claro con luz, taquígrafos y el máximo consenso posible con los profesionales del sector cuáles son las soluciones que se pueden adoptar para evitar un colapso del sistema. Y atender a la gente a través de un plasma o por teléfono no es la mejor opción. Hay más de 600.000 sanitarios en España (que votan) de cuyo bienestar laboral dependemos millones de españoles (que también votamos), porque su estabilidad profesional es clave para nuestra salud. Aunque solo sea por 'egoísmo profesional', la clase política de este país debería hacer un esfuerzo para evitar que los médicos vuelva a salir a la calle.
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