Desde Adam Smith a George Stigler, los economistas y estudiosos de las políticas de competencia han abordado un concepto con tantas aristas como la ‘captura del regulador’. La idea vendría a glosar aquellos episodios en los que la autoridad, en puridad designada para defender el interés público, se identifica y favorece a determinados ‘lobbies’ o grupos de presión, que utilizan esta relación de privilegio para generar rentas privadas. Una suerte de ‘síndrome de Estocolmo’ por parte de los dirigentes que ha afectado históricamente a sectores estratégicos de la economía española. Recordaba ya casi como anécdota un compañero de gabinete cómo un ministro, hace alguna década, acudía al Consejo con papeles marcados con el membrete de Unesa, la patronal del sector eléctrico. No ha sido el único colectivo de empresas, empero, que durante estos largos años de fructífera democracia ha logrado ‘empatizar’ con los reguladores y hacer valer su posición estratégica. Es más, si alguno se lleva la palma en estos últimos años de reconversión del negocio en plena irrupción del ‘streaming’ es el audiovisual, al punto de que la capacidad de las televisiones privadas para hacer amigos en uno y otro bando del espectro ideológico ha sido proverbial.
Su mayor logro, de hecho, tuvo lugar en el año 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió eliminar la publicidad de RTVE. La medida, tejida por María Teresa Fernández de la Vega como principal interlocutora de un sector que temía entrar en pérdidas en lo más duro de la crisis que arrancó con la caída de Lehman, no solo permitió a las compañías surfear en números negros lo más duro de aquella travesía, sino que les dio aire para afrontar la reconversión tecnológica aún no culminada pero que ya se adivinaba irreversible. Ni siquiera los afectados pensaban en aquellos días que lograrían semejante ‘regalo’ del Ejecutivo, por mucho que éste se hubiera implicado decididamente en la gestión de los medios de comunicación y hasta en la creación de un polo editorial afín. Cuando realmente sucedió, no solo brindaron por la inyección de fondos publicitarios que suponía para sus balances que la televisión pública dejara de ser un ‘player’. También, y de un plumazo, borraban de la ecuación a un competidor por el ‘share’. Con su presupuesto garantizado, pocos estímulos les quedaban a aquellos gestores ‘públicos’ que en algún momento pensaron en innovar en la programación o trabajar en las parrillas. El primero que lo vio claro fue el entonces presidente de la Corporación, Luis Fernández, que en apenas semanas buscó tierras más soleadas allende los mares.
El anteproyecto de la nueva ley general de Comunicación Audiovisual, en audiencia púbica hasta el 12 de julio, ha levantado cierta polvareda por obligar a Netflix, HBO, Amazon y en general a los servicios de ‘streaming’ a contribuir a la financiación de RTVE con el 1,5% de sus ingresos. Esa contribución, durante largo tiempo demanda por los operadores comerciales, no ha sido sin embargo considerada suficiente por el resto de jugadores, que abonan el 3% de su facturación. Sin ambages, la patronal Uteca -en la que no figura Mediaset-, mostraba su preocupación porque los cambios en la normativa “agravan la desigualdad y acentúan la distorsión de la competencia” con las plataformas. En esa línea, alertaba del trato de favor hacia esos nuevos prestadores de servicios, quedando “muy lejos la necesaria equiparación en derechos y obligaciones de todos” quienes participan en el mercado, también por la falta de restricciones publicitarias y de obligaciones en la protección al menor para los nuevos entrantes. Ahora bien, más allá de que resulta difícil de entender la generosidad normativa del Ejecutivo con el ‘comando Netflix’, más alejado del foco mediático y mucho más lesivo para los incumbentes puede terminar resultando el frente ‘comercial’ que amenaza con abrirse en RTVE.
Es imposible analizar la nueva Ley Audiovisual -y sus sucesivos borradores- sin atender a los intereses puntuales del inquilino de la Avenida Puerta de Hierro
En este punto, la nueva regulación contempla nuevas formulas de negocio publicitario para la televisión pública, de enorme calado y repercusión económica si se abordan desde una explotación ambiciosa. En términos generales, la Corporación podrá reforzar los ingresos por patrocinios, recurrir a la publicidad en sus canales internacionales y ofrecer anuncios en sus contenidos en ‘streaming’. Casi nada. Ese planteamiento implica, por ejemplo, que se podrá insertar publicidad en los canales de RTVE en plataformas como YouTube o en herramientas digitales que permitan el acceso a los contenidos con posterioridad a la emisión de los mismos en la parrilla. Es decir, se abre la veda para monetizar el consumo ‘a demanda’, el predominante para las generaciones más jóvenes y las que vienen, a todas luces incapaces de atarse a un horario de emisión. No es casualidad que, aunque ha pasado de puntillas, las cadenas hayan recordado que este planteamiento no se encontraba en el primer borrador del anteproyecto y, sobre todo, que “la cadena pública va a competir sin restricciones por la publicidad digital mientras sigue financiándose con fondos públicos”. Más inquietante si cabe, el regulador abre una vía hasta ahora inexistente y que, de encontrar desarrollo ulterior, sí golpearía la línea de flotación -véase las cuentas de resultados- de los dos grandes grupos televisivos.
La vuelta de la publicidad a RTVE, aunque fuera de forma parcial, ha estado sobre la mesa en diversas ocaciones desde su retirada. Como se relató en este diario, solo con los anuncios de salida y entrada de algunos programas, sin recuperar los bloques publicitarios tradicionales, se podrían recaudar 240 millones del año 2011. Eran los tiempos en que el PP aspiraba a acceder al Gobierno -como finalmente sucedió- y diversos grupos de trabajo con cargos ilustres de la Corporación se alistaron bajo la supervisión de María Dolores de Cospedal para diseñar la televisión pública bajo tutela ‘popular’. Sin ir tan atrás en el tiempo, una amplia mayoría de los 92 candidatos a presidir RTVE tras el último periodo de interinidad que acabó con Rosa María Mateo al frente de la casa, también apostaban por volver al sistema anterior al 1 de enero de 2010. ¿La justificación? Tan sencillo como que una televisión autónoma del poder político no debe tener una dependencia económica tan radical de las aportaciones del sector audiovisual -o de telecomunicaciones- y, en suma, de los Presupuestos Generales del Estado. La propia CNMC ha puesto énfasis en las deficiencias del modelo alumbrado por el tándem Zapatero-De la Vega.
Por todo ello, es imposible analizar la nueva Ley Audiovisual -y sus sucesivos borradores- sin atender a los intereses puntuales del inquilino de la Avenida Puerta de Hierro. Siendo la introducción de la publicidad en RTVE un arma de destrucción masiva contra los grupos audiovisuales que Moncloa ha tenido a su disposición en la última década, cualquier revisión parcial de la norma en una u otra dirección ayuda a medir el estado de las relaciones e incluso las necesidades mediáticas del Ejecutivo de turno. Lejos queda, y esa es la pena, cualquier reflexión sobre la necesidad de crear un ecosistema independiente en que la televisión pública y sus profesionales puedan ejercer su función sin interferencias del poder político. Con una financiación urdida a basa de parches, en las que diferentes sectores colaboran con una porcentaje de su facturación, parece difícil establecer una estrategia de futuro. Un planteamiento que no es óbice para que los nuevos operadores digitales que amenazan con tomar al asalto el mercado audiovisual, radicados las más de las veces en entornos fiscales más amables, cumplan con todas sus obligaciones, especialmente en el ámbito tributario. Netflix, tras apenas pagar 3.000 euros en impuestos en su primer ejercicio fiscal en España, terminó por modificar su estructura de facturación. Un ‘must’ para la higiene del sector.
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