El lugar elegido, la sede de Red Eléctrica, ya supone todo un guiño a la economía verde y a la transición ecológica que ambos quieren promover. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escenifica la aprobación de Bruselas al plan español de recuperación, ese documento que abre la puerta a los 140.000 millones en fondos comunitarios que la economía necesita cual bálsamo de Fierabrás. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere utilizar ese pulgar mirando al cielo como el signo que simboliza un cambio de era: la Covid, con la vacunación viento en popa, toca a su fin; es momento de trocar el discurso y empezar a vender la recuperación. “Este plan transformará profundamente la economía española, haciéndola más verde, más digital, más resiliente”, dice la tecnócrata alemana. “Queremos un país moderno y líder en las grandes transformaciones. Este carácter reformista del plan de recuperación prevé avances importantes en la modernización de la estructura económica y social de España”, remacha el político madrileño. Tanto monta, monta tanto. Claro que no todos, ni en España ni en la capital europea, están por la labor de comprar el discurso sin hacer preguntas.
Benoit Lallemand es el secretario general de Finance Watch, uno de los 'lobbies' europeos más potentes en la defensa del consumidor. Azote de los excesos de la banca como experto en productos estructurados y política regulatoria, esta misma semana advertía de que existe el temor bien fundado de que la ingente cantidad de dinero en liza simplemente se desperdicie por la falta de foco de los políticos. Lo advierte en diferentes cartas remitidas a los principales ministros europeos, entre los que se incluye la vicepresidenta Calviño. “Este es el momento perfecto para invertir en una transición verde y social. Sin embargo, los montos invertidos en la llamada recuperación de la economía insostenible del pasado eclipsan los montos prometidos para construir una economía futura resiliente”, expone en la misiva, a la que ha tenido acceso este diario. Y remacha: “Esta asignación inadecuada demuestra que, a pesar de las convincentes lecciones de la crisis del coronavirus sobre la importancia de la planificación a largo plazo (…), seguimos priorizando los indicadores económicos cortoplacistas -el crecimiento de cualquier actividad, aunque sea perjudicial- sobre la sostenibilidad a largo plazo”.
La argumentación expuesta se basa en un informe titulado ‘Una mejor salida de la crisis económica de la Covid-19’, en el que la asociación desnuda cómo los diferentes países prevén utilizar los fondos que reciban, no precisamente en la dirección en que apuntan sus discursos. “En los actuales planes de gastos para la recuperación, las principales economías de Europa se quedan cortas en lo que respecta a la resiliencia ambiental. Francia solo ha asignado a este tema el 22% de sus presupuesto de 100.000 millones de euros. Alemania ha reservado únicamente el 16% de 130.000 millones de euros, mientras que España ha destinado un escaso 11% de 72.000 millones de euros”. Es solo un ejemplo. El documento da un paso más y recuerda que en el caso español más de 60% de la inyección económica se dedicará a objetivos sociales de corto plazo con la meta de cubrir problemas de demanda, véase el pago de coberturas por desempleo y exenciones a la Seguridad Social. Sin contar con el dinero que irá a parar a “poderosos ‘players’ industriales” y no a la estructura empresarial de base, como demostrarían las ayudas aprobadas a NH Hoteles o Iberia.
Nunca se insistirá lo bastante en la importancia de CEOE como dique de contención frente a aquellos empeñados en reventar a base de ocurrencias aquella ‘vieja economía’ de la que todavía vive gran parte de la sociedad.
La diatriba, viniendo además de una organización con marcado carácter social, revela el enorme ejercicio de marketing en que se han convertido esos fondos comunitarios. Y es que los Sánchez de turno, por mucho que alienten una España irreconocible en 2050, digitalizada y renovable, saben que su electorado -y quien de verdad ha sufrido la crisis Covid- se compone de pequeños comerciantes, autónomos tradicionales o trabajadores sin cualificación que han perdido su empleo o luchan por mantenerlo tras un ERTE. El gran reto del maná europeo que viene será equilibrar ese paso adelante para que la transición digital y ecológica realmente lo sean, dejando solo los cadáveres imprescindibles en la cuneta. Los megaproyectos de hidrógeno deben ser compatibles con el gigantesco plan E que ya se atisba por las calles de España. Y como diría el clásico, Sánchez y Van del Leyen lo saben… por mucho que vendan un futuro propio de Matrix. “La inversión que vendrá por la vía comunitaria es tan enorme que servirá para maquillar los datos macroeconómicos… aunque el dinero se emplee mal”, recordaba recientemente un alto cargo del Gobierno. Una inyección suficientemente poderosa como para salvar una legislatura y para adaptar cualquier discurso.
En este contexto, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, era zaherido esta semana sin piedad por propios y extraños tras sus declaraciones en apoyo a los indultos que prepara el Ejecutivo para los presos del ‘procés’. Por mucho que en cuestión tan sensible el ejecutivo vasco haya errado el tiro, nunca se insistirá lo bastante en la importancia de la CEOE como dique de contención de aquellos empeñados en reventar a base de ocurrencias aquella ‘vieja economía’ de la que aún vive gran parte de la sociedad. No es poco riesgo, por ejemplo, el que asume la organización empresarial con la elaboración de un documento paralelo de “oposición frontal” a la propuesta de laminación de la reforma laboral que ultima Yolanda Díaz. Mucho menos que ese informe tenga Bruselas como destinatario, con tantos fondos en juego y un Gobierno tan necesitado de ellos. Un ejemplo de la dificultad de ejercer de contrapeso cuando en el otro lado de la balanza se sitúa una ministra que tiene incluso en un ay a los propios sindicatos. De hecho, ellos mismos bromean con que sus demandas son muchas veces sobrepasadas por las propuestas que se plantean desde el Ministerio de Trabajo. El viento hace mucho tiempo que se llevó la esperanza empresarial de que Escrivá pudiera ser más sensible a sus inquietudes.
Desde hace décadas España afronta la necesidad de acometer un cambio en el patrón de crecimiento, de una economía basada en la mano de obra intensiva a otra en la productividad total de los factores, desde una sociedad de servicios a una del conocimiento. Precisamente la pandemia ha aflorado la enorme dependencia del PIB nacional del turismo o el ocio, sectores siempre demasiado expuestos a imprevistos. Dicho lo cual, es imprescindible que esa transición sea justa y compasiva, lejos de presiones ajenas y de las prisas del mal estudiante que acelera la noche antes del examen. Modelos como el planteado por Teresa Ribera para el sector energético -en el que aparentemente hay que poner la lavadora a partir de la medianoche para ganarse la etiqueta A de buen ciudadano- no solo provocan desazón en la sociedad sino que tienden a provocar rechazo, especialmente cuando se recibe la factura de la luz. España, como cada uno de los trabajadores y del tejido empresarial que les da cobijo, tienen una mochila. Como diría el cantautor, los tiempos están cambiando. De los ritmos del político dependerá que el cambio se asimile. No será cosa fácil.
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