A Pedro Sánchez se le queda pequeña España. Colaboradores actuales y antiguos no ocultan las ambiciones del presidente del Gobierno, que se mueve como pez en el agua tanto en las cumbres internacionales como en los habituales cónclaves comunitarios. La forma en que ‘despidió’ en su última crisis de gobierno a algunos de sus ministros -en llamadas de tres minutos y casi sin dejar reaccionar a interlocutores que intentaban explicarle cómo habían dejado todo por atender a su primer requerimiento- no solo le ha granjeado nuevos y flamantes adversarios con información y capacidad de recurrir a la maledicencia o al pataleo, sino que también ha reforzado la tesis de que el reino del líder socialista empieza a no ser de este mundo patrio. Tal vez Sánchez se imagina, una vez acabado su periplo como inquilino de La Moncloa, como el futuro ‘von del Leyen’, repartiendo fondos europeos a gogó o supervisando que países como España cumplen sus compromisos para, por ejemplo, reformar las pensiones. “Debemos asegurarnos de que Europa sea capaz de dar una respuesta a la creciente volatilidad de los precios de la energía”, deslizaba el político madrileño tras el último Consejo Europeo. Cuánto trabajo por delante para quien tenga vocación de implicarse en la construcción financiera del Viejo Continente.
La hoja de ruta y el primer paso rumbo a ese objetivo mayor ya habría sido esbozado por anteriores gurús monclovitas. ¿La escala? El segundo semestre de 2023, cuando España ostentará la presidencia de la Unión Europea. Hasta tal punto el Gobierno parece tener el foco puesto en esos seis meses que ya opera una página web promovida por el propio Ejecutivo con una cuenta atrás activa que pone en valor el feliz acontecimiento…. para el que quedan ‘solo’ 557 días. Eso sí, para rentabilizar como procede el trasunto de encuentros y visitas internacionales que llevará aparejado el episodio hay una condición ‘sine qua non’, véase alcanzar el día D con los deberes hechos y poder presentar las credenciales de España como auténtica punta de lanza de la recuperación europea y adalid de las reformas estructurales demandadas por Bruselas. ¿Hay mejor carta de presentación que un país del Sur, tradicionalmente estigmatizado como derrochador por sus socios ‘frugales’, que ha cumplido con los compromisos de hacer sostenibles las jubilaciones al tiempo que ha cerrado una reforma laboral con el consenso de los empresarios? Y todo, claro, con altos niveles de crecimiento para terminar de abrillantar la figura del presidente de cara a su puesta de largo como gran estadista. ¿Qué puede salir mal?
El Banco de España respondía a la pregunta esta semana de la peor forma posible para los intereses de Moncloa. No en vano, el paseo militar que los asesores de Sánchez esperaban hace apenas meses a lomos de los fondos europeos y la remisión de la pandemia empieza a parecer una marcha fúnebre. Para empezar, el supervisor seguía la senda de los principales ‘think tanks’ nacionales y extranjeros y rebajaba considerablemente la previsión de crecimiento para este año y el próximo. En concreto, el PIB español evolucionará este año a una velocidad de crucero del 4,5%, dos puntos por debajo de la estimación del Ejecutivo, y del 5,4% en 2022, muy lejos del 7% que aún maneja la irreductible Nadia Calviño. Es decir, la reactivación económica real tendrá que esperar hasta entrado 2023, demasiado cerca de los intereses internacionales -y también electorales- de Pedro Sánchez. De hecho, tampoco nada garantiza, como bien muestra en estos días el empuje de variantes como ómicron, que la pandemia en marcha no vuelva a provocar restricciones adicionales y un drenaje mayor de la economía ahora o en el medio plazo. En suma, complejo que las tasas récord de ahorro embalsado que mantienen los españoles fluyan pronto rumbo al consumo con semejantes niveles de incertidumbre.
Difícil convencer al ciudadano que no llega a fin de mes, con los precios de la luz y el gas disparados, de que la teoría económica aboga por no indexar la inflación en los sueldos para no convertir en permanente lo que es pasajero.
Por si fuera poco, otros fantasmas asoman para reducir aún más el margen de maniobra del Gobierno. El propio organismo que preside Pablo Hernández de Cos alerta en su último informe de que la inflación acabará este año en el 3% de media anual, frente a la anterior previsión del 2,1%. Más inquietante, en 2022 ese guarismo se fijaría en el 3,7%, dos puntos por encima de la anterior estimación. ¿Suficiente para desacreditar los postulados lanzados desde el Ejecutivo, que sostienen que el fenómeno es transitorio? Al menos el Banco de España ‘compra’ por ahora el argumento, aunque en un párrafo esclarecedor avanza que “cuanto mayor sea la duración de ese episodio de aumento de algunos precios y costes, más elevada será la probabilidad de que se filtre, de modo más generalizado, al conjunto de precios finales de la economía, así como a las demandas salarias, lo que generaría fenómenos inflacionistas más persistentes”. Difícil convencer al ciudadano, empero, de que la teoría económica aboga por no indexar el IPC en los sueldos para no convertir en permanente lo pasajero. Casi tan complicado como atender a reflexiones teóricas sobre la necesidad de no generar una espiral ‘precios-salarios’ cuando no se llega a fin de mes, hay que pagar a precio de oro la luz y el gas, se incrementan los combustibles o la pensión está a años luz del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La evolución económica marcará también necesariamente el calendario electoral. Por fechas, Sánchez puede alargar los plazos y convocar elecciones en diciembre de 2023, siempre bajo el supuesto declarado hasta ahora por el presidente del Gobierno de agotar la legislatura. Ese planteamiento le permitiría prácticamente capitalizar de forma íntegra la presidencia europea, al tiempo que recoge los frutos de esa supuesta recuperación económica ‘en diferido’. No obstante, las encuestas y el proyecto político que promueva Yolanda Díaz -como principal apoyo del PSOE- son claves para apretar el botón rojo. Sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento los socios en el gabinete tendrán que escenificar su ruptura para marcar territorio de cara a los comicios y que a Sánchez le conviene un impulso decidido -pero hasta un límite- por parte de la política gallega. Si el momento ideal para adelantar elecciones ya pasó, y los sondeos siguen apuntando a un gobierno de Pablo Casado con el apoyo de Vox, parece sensato resistir hasta el final y tirar de ‘marketing’ en esos meses de incomparable exposición internacional. No en vano, España deberá esperar casi una década para tener otra oportunidad semejante.
Sánchez, que nació en año bisiesto, cumplirá 50 años el próximo mes de febrero. Si repitiera legislatura a finales de 2023, acabaría su siguiente mandato con 55, una edad inmejorable para continuar con su vocación de servicio público y representar a España en algún organismo internacional. Tal vez mejor eso que apolillarse en el Consejo de Estado o coleccionar consejos de empresa privadas. Sin embargo, a la espera de que llegue -o no- ese momento, no parece razonable orquestar la toma de decisiones en base a intereses personales o partidistas. Comparecer este domingo en Barcelona, en plena sexta ola de coronavirus, para no decir nada, pasar de nuevo la ‘patata caliente’ a las comunidades autónomas y aplazar al miércoles cualquier tipo de decisión es el mezquino cálculo político que precisamente no necesita este país. De hecho, si cualquier medida debe pasar por el plácet autonómico, lo que sorprende es que la reunión de marras no se celebrara ayer. Eso es al menos lo que se espera de aquellos que aspiran a altas responsabilidades, también internacionales. Lo demás, ‘parole, parole’.
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