Sí. Este acontecimiento planetario se produjo el 23 de enero. En esta fecha, el precio de la electricidad en España fue el más económico del continente europeo. El coste del MW se situaba en los 27,5€. Las razones las encontramos en el fin de la ola de frío y la entrada de más poder renovable en el sistema. A menor demanda, mayor es el porcentaje de energías renovables capaces de satisfacerla, por lo que, tras más de un mes de castigo, España tenía una buena noticia que dar a los sufridos consumidores eléctricos.
Sin embargo, en términos comparativos, la noticia apenas arrancó titulares ni comparecencias públicas de diputados o, incluso, miembros del gobierno que solicitaban la intervención del sistema y la nacionalización del sector. Algo que sí sucedió cuando el precio de la electricidad se duplicó hace ya diez días. Y es que, sí, el sistema funciona o, al menos, se mueve.
Lejos de las informaciones que pueden desviar la atención sobre si pagamos más o pagamos menos por la electricidad, los miles de ‘clics’ que provoca la palabra luz en nuestro país ponen de relieve la importancia de la energía y concretamente la seguridad energética, un término del que solo nos acordamos cuando no lo tenemos.
La seguridad energética es una parte más de nuestra Seguridad Nacional. Así lo reconoce el DSN, que la concibe como "la acción del Estado orientada a garantizar el suministro de energía de manera sostenible medioambiental y económicamente, a través del abastecimiento exterior y la generación de fuentes autóctonas, en el marco de los compromisos internacionales".
Dentro de esta definición podemos encontrar los elementos básicos de la seguridad energética. En primer lugar, la garantía de suministro, que incluye tanto una vertiente técnica, basada en la provisión de abastecimiento suficiente para cubrir la demanda, como su protección física, quizá el pilar más evidente de la Seguridad Nacional, y que podemos comprobar con la existencia de más de 200 guardias civiles permanentemente destinados en el interior de las centrales nucleares españolas.
La protección de las fuentes energéticas también comparte una doble dimensión. En este caso externa, fundamentalmente referida a los hidrocarburos que, hasta que no se demuestre lo contrario, son esenciales tanto en la cobertura de la demanda como en el despliegue a favor de las renovables, pero también interior, en la que España ha apostado fuertemente por energías que hoy están sirviendo para cubrir gran parte de las exigencias anuales, fundamentalmente satisfechas por la capacidad de la energía eólica y la solar.
Por último, la dimensión internacional asegura el respeto a los compromisos en materia medioambiental contraídos por España. Esta es una clara alusión al Acuerdo de París. Un tratado que condiciona la política energética de todos los países que forman parte del mismo.
Ante todo, sostenibilidad
De todas las palabras que enmarcan la seguridad energética española, quizá la más relevante es la tan cacareada sostenibilidad. ¿Qué implica exactamente esta palabra que últimamente impregna hasta el último rincón de la economía y el medio ambiente?
Por algo sostenible entendemos aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. En este sentido, la energía renovable es por definición inagotable, a no ser que el viento o el sol dejen de funcionar de un día para otro. La apreciación de sostenible nos lleva irreversiblemente a la apuesta definitiva por este tipo de energías en detrimento de otras que, tras más de 100 años de trabajo, parece que están llegando a su fin. Quizá alguien debería agradecerles los servicios prestados en lugar de demonizarlas.
Más cuestionable puede ser la apreciación sobre la sostenibilidad económica. Algo sostenible económicamente en el tiempo puede ser abordado desde una perspectiva sistémica, haciendo que los costes sean asumibles para los actores que operan en el mismo, o social, es decir, el arbitrio legal, presupuestario o normativo para que cualquier ciudadano pueda afrontar un precio razonable por su consumo energético, independientemente de su condición económica.
Desde este punto de vista, el gasto medio final (incluye el precio de mercado más los impuestos) por hogar en electricidad en España se sitúa en los 50 euros mensuales. No muy lejos de los 33 euros de aquellos hogares en los que se consumen 20m3 de agua y bastante por debajo de otros consumos básicos como las telecomunicaciones, en los que los paquetes integrados de telefonía móvil, fija, banda ancha fija y móvil, acceso fijo y televisión rozan los 80 euros de media mensual. Es, además, diez veces inferior a los más de 500 euros que destina una familia de cuatro miembros a la cesta de la compra. ¿Es económicamente sostenible el precio de la electricidad? Sí. ¿Nos gustaría pagar menos por ella? Por supuesto.
Este argumento nos lleva a otro concepto igualmente interesante, que es la imprevisibilidad del gasto eléctrico. El hecho de que España marque en el mismo mes el precio más alto y más bajo de la electricidad en Europa no puede ser una buena noticia. Su incertidumbre genera inestabilidad en el mercado y, por lo tanto, condiciona la elección del consumidor, obligado a consultar y saber con antelación a qué hora le resulta más rentable encender la luz o poner una lavadora. Es un sistema incómodo y lo que es más peligroso: incierto.
Para solventar este déficit en el sistema de fijación de precios español, la gran mayoría de comercializadoras ofrecen tarifas planas o combinadas de gas y luz. Una solución para aquellos consumidores que no quieren que su factura energética se convierta en una montaña rusa, pero que tiene un coste mayor que aquellos clientes que optan por seguir en el mercado regulado, que año tras año, marca unos precios más bajos que el mercado libre.
Es un parche que, además de ser más caro, no parece que esté dando sus frutos a nivel comercial, puesto que existe una brecha entre el mercado regulado y el libre que se salda con una victoria, de momento, a favor del primero.
La causa de esta inestabilidad es la culpable de que el precio de la electricidad doméstica suba en invierno y verano, debido a la mayor demanda de calefacción y aires acondicionados, y baje en primavera y otoño, con temperaturas más suaves que exigen menos estrés a nuestra demanda.
Además, la inestabilidad es una de las características inherentes de nuestro sistema prorenovable que, condicionado por las condiciones meteorológicas, complican considerablemente la fiabilidad de las energías que dependen del sol y del viento. Los estudios de campo que se realizan para vaticinar las horas anuales de estos fenómenos están reduciendo considerablemente esta inestabilidad, aunque siempre quedará un porcentaje alto de incertidumbre con respecto a la disponibilidad de las renovables.
Los más viejos del lugar recordarán aquello de que el petróleo se acabaría en el año 2000, más tarde en 2010 y por último en 2040. Lejos de cumplirse este pronóstico, el petróleo, el gas y el carbón seguirán existiendo y disponibles para la Humanidad, pero cederán su cetro energético no por su escasez o ausencia absoluta, sino simplemente por las leyes del mercado que, artificialmente (y con consideraciones ecológicas), han terminado con él.
En cualquier caso, en la correcta combinación entre fuentes renovables y convencionales encontraremos la virtud que permitirá asegurar un suministro de energía seguro, asequible, autóctono y estable. La seguridad debe ser energética, puesto que es la piedra angular del crecimiento económico e incluso individual de un país que sólo critica el sistema cuando el precio sube y nunca cuando baja, aunque sería de locos no estar en contra de pagar más por un producto que ni se ve ni se toca y, únicamente, lo echamos de menos cuando no está.
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