Embargado por la melancolía y aturdido por la confusión de su propia crisis de identidad, el PSOE histórico empieza a preguntarse si Pedro Sánchez habrá dado por amortizada la coalición con Podemos para emprender el camino de una larga campaña electoral en solitario, bajo el fundamento de una agenda social que consiste única y simplemente en arrojar dinero a los problemas. Algo de esto ya se veía venir desde que se rubricó el compromiso de legislatura en noviembre de 2019, pero lo que nadie podía aventurar entonces era el enorme coste económico que va a suponer para las arcas públicas el divorcio de un matrimonio de conveniencia en el que la incompatibilidad de caracteres ha estado mal que bien soterrada en aras de un ejercicio de poder tan interesado como irresponsable. Los dos aliados preferentes de Gobierno empiezan a mirarse a los ojos de manera inquietante después de haber jugado de pillo a pillo durante casi tres años.
El zafarrancho de combate contra la cumbre de la OTAN en Madrid constituye la guinda más amarga del pastel que los camaradas filocomunistas vienen arrojando a la cara a Pedro Sánchez desde el mismo día en que ambas partes decidieron compartir mesa y mantel. La ley de la Vivienda, el Salario Mínimo Interprofesional o el debate sobre la pretendida Ley de la Corona y la inviolabilidad del Rey son algunas de las cuentas pendientes en el rosario de desavenencias y deslealtades protagonizadas sin solución de continuidad por los dos actuales inquilinos del Gobierno. Los más jacobinos del ala que representa la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya no se cortan un pelo e incluso han llegado a votar por primera vez en el Congreso contra un proyecto de ley como la del sector audiovisual, que había sido previamente aprobado en Consejo de Ministros.
Una vez escenificado el altercado en el gran decorado parlamentario de la Carrera de San Jerónimo es lógico preguntarse qué no habrá ocurrido en las reuniones de los diferentes órganos colegiados del Ejecutivo, cuyas deliberaciones son tan secretas como explícitas han sido las pataletas de los dirigentes podemitas cada que salían trasquilados de la trastienda de Moncloa. Sánchez ha ido soltando carrete y tragando sapos para complacer a la tropa del excomandante Iglesias frente al criterio resignado de sus principales ministros y ministras socialistas. Pero el momento legislativo y la marejada electoral que entra en estos momentos por Despeñaperros y pronto avanzará al resto de España impide al líder del PSOE seguir templando gaitas si quiere evitar el ascenso imparable de un rival con un sentido genuinamente afinado para soplar y sorber como es el gallego Núñez Feijóo.
Cada hogar español perderá durante este año 2.660 euros de renta si el promedio del IPC se queda, con un poco de suerte, en el 7,5% previsto por el Banco de España
El presidente del Partido Popular es consciente de la inviabilidad de llegar a acuerdos con el Gobierno en un momento crucial para el devenir político del país y aunque no para de ofrecer su mano tendida a Pedro Sánchez lo hace siempre marcando una línea roja que el jefe del Ejecutivo ni puede ni quiere cruzar. El debate económico refleja de manera nítida la guerra fría que mantienen las dos grandes fuerzas parlamentarias con ese muro infranqueable que representa la llamada deflactación de los impuestos. Una reivindicación que el primer partido de la oposición hace extensiva a diario para evitar lo que algunos expertos tributarios denominan el ‘señoreaje’ medieval, empleado por los reyes del antiguo régimen para enriquecerse con la inflación a costa de empobrecer a sus súbditos. Probablemente el fisco no tiene intenciones tan aviesas, pero está visto que en la nueva España del IPC galopante lo único que no se va a indexar es el IRPF.
La pertinaz negativa de la ministra Montero, la de Hacienda, a recomponer el gravamen sobre la renta de las personas físicas supone una desconsideración, casi una burla, ante el serio quebranto de los ingresos reales que van a padecer los hogares españoles en 2022. No hace falta echar muchos números para aplicar la previsión del IPC en relación con la renta media del país, contabilizada por el INE en torno a los 35.500 euros anuales. Si con un poco de suerte el coste de la vida se detiene a final de año en ese promedio del 7,5% que pronostica el Banco de España cada familia tendrá que asumir un roto de 2.660 euros, lo que distribuido en 12 pagas supone una pérdida de ingresos de 222 euros al mes. En otras palabras, la inflación no sólo tiene resultados negativos en forma de subida de precios, sino que también produce un efecto perverso en el sueldo de los trabajadores.
El Gobierno necesita recaudar a destajo para mantener una agenda social orientada a conseguir votos con el reparto de limosa entre los llamados colectivos vulnerables
Es paradójico que un Gobierno empeñado en adoptar el amable papel de Robin Hood se obstine en mantener contra viento y marea su mayor voracidad recaudadora estrujando como un limón el bolsillo de sus contribuyentes. Las ayudas en forma de cataplasmas más o menos efectivas que se vienen dispensando con platillos y timbales para contener el choque energético pierden buena parte de su atractivo social ante el leñazo fiscal que supone la subida encubierta de un impuesto nacido al amparo de la gran maldición divina. Con la inflación echando fuego y los responsables tributarios mirando para otro lado está visto que para ganarse el pan no basta solo con el sudor de la frente; es necesario antes que nada pagar el despilfarro de un Estado dispuesto a compensar luego su glotonería con el reparto de limosnas a beneficio de inventario electoral.
La esquizofrenia económica marca la agenda política de Pedro Sánchez, rabiosamente orientada a la compra de votos con el bombardeo de dádivas a un sinfín de colectivos vulnerables mientras sus ministras del ramo afilan en la retaguardia el lápiz rojo carmín de unas cuentas públicas que no admiten la más mínima alegría. Los fondos europeos hacen las delicias del jefe del Ejecutivo en su labor de filántropo ocasional dispuesto a gastar como si no hubiera un mañana los 70.000 millones de subvenciones a fondos perdido que supuestamente van a llegar de Bruselas. Una cifra demasiado bonita para ser verdad pero que aparece claramente deslucida si se compara con los 140.000 millones en que puede reducirse la deuda pública en unidades monetarias constantes con un IPC a punto de alcanzar los dos dígitos. Eso sí que es una deflactación como Dios manda que demuestra quien es el gran y verdadero beneficiario de la inflación. Lo dicho, el sheriff de Nottingham.
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