Del negro casposo al technicolor 24 horas al día. Sin solución de continuidad. Aún tibio el cadáver de Franco, se estrenaba la farsa tragicómica contada de forma magistral por Javier Cercas ("Anatomía de un instante"). El extremeño de Gerona le dio un título certero al momento político por el que atravesaba el país: "La placenta del golpe". El 23-F fue la última zarzuela representada por el militarismo español aunque pudo terminar en una alianza de sangre, correajes y montones de muertos en las cunetas. Sin embargo, no todo el oxígeno que, dentro de "la placenta del golpe", alimentaba la conspiración procedía de un grupo de militares hartos del terrorismo de ETA y, como decían ellos, del "separatismo" que amenazaba la unidad sagrada de la patria. También hubo una cacería despiadada del presidente Suárez, organizada a bombo y platillo por muchos (y no pequeños) medios periodísticos de Madrid ("Ya" y "ABC", entre otros). En el sanedrín de los medios importaba una higa la cultura y la formación del espíritu democrático. Los llamados "periodistas de raza" estaban enfermos de frivolidad y voluntad de poder. Quien piense que aquella fue la edad dorada del periodismo español y que las ediciones amarillas de los medios son un invento de la actualidad, se equivoca. Esa campaña feroz para descabalgar a Suárez, que no fue ajena (con premeditación o sin ella) al intento de golpe de Estado, creó un ambiente de opinión como excusa: "El desencanto".
No, no aludo a la película de Jaime Chávarri sobre las miserias intestinas de la familia Panero. Como fenómeno político, "el desencanto" fue una operación de acoso y derribo de Suárez iniciada nada menos que en septiembre de 1977, apenas dos meses después de que el político de Cebreros ganara las primeras elecciones democráticas celebradas en nuestro país desde febrero de 1936. La opinión publicada tuvo la audacia y la irresponsabilidad de poner contra las cuerdas al hombre que nos había sacado del franquismo más pestífero, en un país arrasado económicamente, estragado por los asesinatos de ETA y con los cuartos de banderas hirviendo contra la democracia. Como Suárez había fallado el penalti decisivo que eliminó a España del Mundial de 1978, el PSOE de Felipe González hizo la gracieta de presentar en 1980 una moción de censura contra Suárez que desestabilizó aún más a todas las instituciones democráticas, recién nacidas. Una ocurrencia que contó con el apoyo incondicional del periódico de mayor tirada, el entonces llamado "diario independiente de la mañana". España se divertía con la movida madrileña, la ópera bufa y los chistes, espantosos, de los hermanos Calatrava.
Recién estrenada la primera mayoría absoluta del PSOE y con la vieja aspiración a la estabilidad social y política de España proyectándose sobre el futuro inmediato, le hice una pregunta al entonces alcalde de Madrid. "Muy señor mío –le dije-, ¿cree usted que ha sonado la hora del imprescindible aburrimiento al que aspiran todas las democracias dignas de tal nombre, es decir, el fin de los tumultos y asonadas, el ocaso de las pasiones, el ambiente verbenero y el juego circense que impiden: 1) el debate racional de los asuntos políticos, 2) la dirección sostenida del Gobierno sobre la burocracia administrativa, 3) la elaboración profesional de las leyes y, en suma, 4) la arribada del ciudadano medio a la madurez política?". Acariciándose la barbilla con la mano derecha, el alcalde miope vestido con su omnipresente terno gris marengo respondió: "Sería menester, joven, pero me da que estos chicos…".
La profesora Anne Applebaum acaba de publicar un brillante ensayo sobre la erosión de las instituciones democráticas producida en los últimos 20 años ("El ocaso de la democracia", Debate). Sin embargo, me quedo con un artículo del joven prodigio nacional Ricardo Dudda (Madrid, 1992). Su mirada ("La muerte de la rendición de cuentas", Letras Libres, julio de 2021) es exacta e inapelable. La polarización de los partidos, la pérdida de influencia de la prensa y la fatiga ciudadana impiden la fiscalización del poder. En la "posdemocracia" liberal –sostiene el periodista madrileño-, el poder no se explica, se ejerce. Las polémicas sepultan a otras polémicas, los relatos no pueden escribirse en el tiempo acelerado en el que vivimos, los políticos defienden a la vez una idea y su contraria, los ciudadanos no se identifican con sus líderes políticos por lo que piensan sino por lo que representan. El Gobierno no rinde cuentas porque sus partidarios no le juzgan por lo que hace y muchos ni siquiera comprenden sus actos. No hay debate, no hay nada de qué hablar. Al Estado solo le interesa el Estado. El Estado no es democrático, solo busca su supervivencia. La política es un espectáculo de luz y sonido. Un carrusel en el que los caballitos suben y bajan, y giran alrededor del espectador.
La penúltima farsa
Como el mercado de saltimbanquis está saturado por un exceso de oferta y por las grandes dotes para el espectáculo de los participantes, llamar la atención del respetable es hoy una tarea muy difícil. El listón de la irracionalidad, de las exageraciones y barbaridades de "los posdemócratas" se sitúa cada vez más alto. No obstante, el problema siempre encuentra un trapisondista que lo solucione. Si antes disfrutábamos de las acrobacias de Pinito del Oro, hoy nos deleita la incomparable Mª Jesús Montero.
A la iniciativa de la Ministra de Hacienda se debe la reciente modificación de la Ley General Tributaria por varios -buenos y malos- motivos. Entre los últimos descuella una supuesta lección ética (un ajuste de cuentas) al ex Ministro Cristóbal Montoro por su amnistía parcial de 2012. El bofetón a don Cristóbal (y a don Mariano) se expresa en una prohibición de futuro: nunca jamás se adoptarán medidas de gracia fiscal, sean las que sean, que puedan beneficiar a los defraudadores. Esta norma jurídica, en una "posdemocracia" como la española, debe interpretarse así: "nosotros, los progresistas somos hombres y mujeres honrados que luchamos por la justicia social y no usamos las malas artes que la derecha se saca de la chistera para que se vayan de rositas sus amigos capitalistas".
Bueno, bueno. La medida adolece de tres vicios insubsanables:
Es falaz
La actual Ministra de Hacienda fundamenta la prohibición de futuras amnistías fiscales en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) que, según su particular versión de redentora profesional, atribuye a la condonación de Montoro la violación del principio de igualdad tributaria (artículo 31 CE). Es falso de toda falsedad. El TC no examinó este posible motivo de inconstitucionalidad (el segundo de los planteados en el recurso del PSOE). Se limitó a estimar el primero: la "declaración tributarias especial" de 2012 fue aprobada por Decreto-ley y, en este caso, el Ejecutivo no respetó los límites que la Constitución impone a dichas leyes provisionales (artículo 86 CE). Con una pésima intención, la señora Montero maniobra y saca de su contexto un "obiter dictum" del ponente (Andrés Ollero) para incluirlo, como haría un trilero, en el fallo de la sentencia del TC. Obvio de toda obviedad: si el TC hubiera prohibido realmente la concesión de cualquier medida de gracia, la modificación legal de Montero sería redundante, inútil y artificial. Verdaderamente lo es, pero por otras razones.
Es infantil
El artículo 2º del Código Civil dispone que las leyes se derogan por otras posteriores. Montero quiere congelar el tiempo. Es una miembra destacada del Requeté sanchista, escapulario incluido: "¡Detente, bala!" En el Gobierno no caben más margaritas, aunque ellas no lo saben.
Es incongruente
Razones de utilidad pública (no precisadas) han llevado al Gobierno –según nos dice su presidente- a conceder el indulto parcial a los cabecillas del mayor atentado contra la soberanía nacional y la estabilidad de la democracia española. Yo ni quito ni pongo rey. Sin embargo, ¿no chirría el perdón a los separatistas si lo comparamos con la severidad mostrada por Montero con otros rebeldes quizás menos peligrosos para el Estado que los que han puesto -y siguen haciéndolo- a España al borde del precipicio? Al fin y al cabo, todas las amnistías fiscales aprobadas en nuestro país, desde la establecida por la Ley 50/1977 hasta la de Montoro de 2012, han obedecido a razones de "utilidad pública". ¿Tiene el Gobierno dos varas de medir?
Según el principio de Arquímedes de la democracia española, una payasada desaloja a otra. Hay que reconocer que en los juegos olímpicos del pilla pilla siempre ganan –y así debe ser- los más desvergonzados/as.
Comentarios