Aprovechar la reforma de las penas en el delito de sedición para promover un cambio similar en el caso de la malversación de fondos públicos, que son los dos delitos por los que fueron condenados los políticos independentistas catalanes del 1-O, tiene visos de convertirse en una carambola política con un efecto ‘boomerang’ parecido al que se ha generado con la ley del ‘solo sí es sí’. Las consecuencias que tienen los cambios de leyes penales en los procesos judiciales, con un principio general del derecho que otorga al reo la aplicación de la ley más favorable, aunque sea posterior a la comisión del delito, pueden dar al traste con sentencias que cuentan con un amplio consenso social y provocar un desánimo general de que las cosas no funcionan como debieran muy peligroso.
La reforma de la sedición estaba en el programa político de la coalición de Gobierno desde el inicio, si bien su aplicación ahora, justo cuando más necesita Sánchez el apoyo de las huestes nacionalistas e independentistas del Congreso, para que no se le caigan los Presupuestos en el año previo a las grandes citas electorales, es cuando menos sospechosa. Al menos, en esa iniciativa no se ha engañado a nadie más allá de los dimes y diretes de los negociadores políticos que ya nadie se cree. Pero aprovechar ese movimiento para alterar también las penas de la malversación como un delito añadido a la sedición en el caso del conflicto catalán, como quieren desde ERC para recortar la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los políticos indultados del ‘proces’, es pasar una raya roja difícil de entender con la ‘diligencia del buen padre de familia’ que recomiendan el Derecho y la sensatez.
Tal y como publicaba este domingo Nuria Morcillo en La Información, por más recomendable que sea adaptar normas de hace un siglo a los tiempos que corren, la prudencia aconseja no pasarse de frenada en un delito como la malversación y las penas de inhabilitación absoluta o parcial, que no solo afectan a los cargos políticos catalanes indultados y a los que están pendientes de juzgar porque han huido, sino a una retahíla de procedimientos judiciales ya juzgados o en fase de instrucción que minaron la reputación de nuestro país como el paraíso del ‘pelotazo’, las recalificaciones y el caciquismo en los contratos públicos.
Hay que reconocer, como defiende el Gobierno, que la situación en Cataluña ha mejorado de forma considerable frente a la ‘cuasi rebelión’ que se produjo cuando Carles Puigdemont hizo la famosa Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y, después de huir para no pisar la cárcel, calentó las calles de Barcelona durante semanas, a riesgo de condenar la economía y la convivencia de la comunidad y de toda España. Ahora las encuestas sorprenden con más gente en contra de la independencia que nunca, en plena crisis de gobierno en la Generalitat enquistada y de difícil solución. Y se puede reconocer que, además de la división interna del soberanismo catalán, la mejora de la situación es fruto de que hay más diálogo (además de los indultos). Pero no nos olvidemos que, aunque a los autores del 1-O se les condenó por sedición y no se consideró que estuviera en juego la estabilidad del Estado, la situación que se generó fue algo más que un mero delito contra el orden público.
Remover ahora las penas restrictivas de derechos, como la inhabilitación, que conlleva el delito de malversación de caudales públicos, a petición del interesado y después de que ha se han dejado sin efecto las penas restrictivas de libertad con los indultos, es rizar demasiado el rizo catalán. Tal y como ha pasado con el ‘sí es sí’, los jueces no tendrán más remedio que empezar a rebajar condenas en los casos de corrupción, y eso no es diálogo catalán, es manipular el derecho hasta tal punto que el daño social que se genera es mayor que el mal que se quiere ‘compensar’. Sólo quedaría echar la culpa después a los propios jueces por hacer bien su trabajo, como ha hecho una ministra de este Gobierno tras aprobar una norma cuyas consecuencias jurídicas nunca estuvieron bien evaluadas. Si además de hacer la ley con prisa, se pretende controlar las decisiones de los jueces a la hora de interpretarla, por incómodas que sean, lo que estamos haciendo es tomar el control total del sistema para tapar nuestras propias vergüenzas, y ese no es el camino.
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