"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". La cita que se atribuye a Franklin D. Roosevelt se popularizó con el 'Spiderman' de Stan Lee en cómics y películas del superhéroe arácnido que sigue reventando la taquilla en los cines. Ese es el consejo que recibe Peter Parker para que no olvide que los superpoderes conllevan obligaciones proporcionales. Es la apelación del presidente de EEUU para evitar mirar para otro lado en la II Guerra Mundial.
Para los actuales asesores de Pedro Sánchez, la alusión viene a cuento porque existe una sensación generalizada en la sociedad que considera que el jefe del Ejecutivo ha esquivado responsabilidades en las decisiones difíciles y tediosas al escudarse en los gobiernos autonómicos. En cambio, a la hora de poner medallas de los logros parece que todo se gestó en Madrid. Por eso no ha sentado bien en algunas regiones que, en su última declaración institucional del año pasado, el mandamás de Moncloa asumiera el control de méritos y medallas de la salida de la crisis económica.
Dice Sánchez que "la pandemia no ha sido un freno sino un acelerador para impulsar las reformas y los avances sociales que España necesita"; o "la salida progresista a la crisis no es solo más equitativa sino también más eficiente desde el punto de vista económico". Saca pecho el presidente de los crédito ICO, de los ERTE, las prestaciones a los autónomos, la subida del SMI, los datos de empleos (20 millones de ocupados), de la reforma laboral y del "fuerte crecimiento de la economía española". Se silencia es el rol de Bruselas como instigador y pagador de algunas de esas reformas; o de las comunidades autónomas, en primer línea de fuego en la guerra contra el Covid-19. Pero sobre todo hay una omisión fundamental: el escudo financiero que facilitó el Banco Central Europeo (BCE) para que países como España pudieran aguantar las embestidas de la crisis.
Fuera del balance que hizo el presidente la semana pasada han quedado algunas cuentas pendientes que en 2022 habrá que ajustar con total seguridad. La gran responsabilidad en este caso es decir la verdad. La factura que nos tocará pagar a todos por la salida de la crisis se llama aumento de la deuda pública y se traduce en 243.889 millones de euros adicionales de 'hipoteca' para el país entre 2020 y 2021 (hasta 1,43 billones de euros), casi 27 puntos más en relación al PIB (hasta el 122%) y unos 5.104 euros per cápita (hasta 30.221). Buena parte de los logros económicos del Gobierno de coalición no hubieran sido posibles sin el mayor incremento de la deuda en democracia, superior a los peores bienios de sus antecesores Mariano Rajoy (2012-2013) o José Luis Rodríguez Zapatero (2009-2010).
¿Cómo es posible que, ante semejante necesidad de financiación, la prima de riesgo o los intereses exigidos a la deuda española se hayan convertido en un tema irrelevante? Si para los dos anteriores inquilinos de Moncloa era una cuestión de vital importancia que les quitaba el sueño y daba dolores de cabeza, el actual ha podido dormir a pierna suelta. Los superpoderes del BCE han permitido sacar adelante todas y cada una de las subastas del Tesoro Público en estos dos últimos años.
Por si lo dudaban, quienes han lanzado la telaraña para evitar que se rompiese la capacidad de financiación a costes razonables no era Sánchez, sino la gobernadora Christine Lagarde, su 'número dos' Luis de Guindos y el espíritu salvador de Mario Draghi, que volvió cuando más se le necesitaba en Italia y Europa. Al programa APP de compras de deuda pública se le unió en 2020 el 'bazuca' de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) que ha desplegado, en conjunto, un cortafuegos de 2,5 billones de euros para que los países del euro pudiesen pagar sus políticas contra el Covid-19.
Hubo periodos en los que ambos programas llegaron a acumular hasta 160.000 millones de euros al mes en compras de bonos europeos. Se evitó que la tragedia sanitaria y el shock en la producción se convirtieran en algo peor como una crisis financiera. La vacuna monetaria funcionó para júbilo de todos los europeos. Por este motivo es todavía más relevante dar el mérito que se merece al banco central único y al euro. Sería injusto no hacerlo porque en los próximos meses, nuestro héroe comenzará a retirar la telaraña que ha protegido a las finanzas públicas durante dos años.
Según las previsiones, la compra de deuda por parte del BCE se reducirá de forma drástica a partir de febrero y marzo. En concreto, un 75% menos. De 70.000 millones de euros al mes pasaremos a niveles inferiores a los 40.000 millones y de 20.000 millones en el último trimestre de 2022. Será entonces cuando las tensiones de financiación de los Estados pueden volver a florecer. Será el momento de gobernar sin superpoderes monetarios. Quizá también la ventana de oportunidad para invocar a las urnas que Sánchez y otros dirigentes buscan antes de que para refinanciar la deuda haya que pensar en recortar gastos y no solo en subir impuestos.
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