La economía esta desordenada ¿quién la reordendará?... Podríamos seguir el trabalenguas para elucubrar sobre a qué fuerza política y con qué estrategia ideológica le va a tocar poner en marcha todo lo que Putin y la crisis energética han puesto patas arriba desde hace un año, a base de sangre en Ucrania y gas en Alemania. Pero ese ejercicio de política ficción serviría de muy poco, sobre todo si antes no somos capaces de identificar con claridad los desórdenes básicos que hay que encauzar y que, en el caso español, obedecen sobre todo a tres escenarios que se han derrumbado: la energía, los alimentos y los impuestos.
Antes de que se empezara a cortar el grifo del gas ruso como arma de destrucción masiva contra Europa, las grandes empresas energéticas de Viejo Continente hacían sus cábalas sobre cómo quedaría el sector en un plazo de cinco a diez años, con la reconversión al ‘verde’ delante de sus narices y la necesidad de aparcar poco a poco los combustibles fósiles a partir del 2035, la fecha en la que se pretende (o pretendía) sacar a los coches de combustión delas carreteras. Los expertos del sector calculaban que ese ‘shock’ iba a dejar cinco o seis grandes campeones en la Europa del euro para liderar el sector: dos en Alemania, uno en Francia, otro en Italia y un par de ellos más entre España y Portugal…
Un año después, las alianzas e integraciones previstas para convertir el gas en hidrógeno verde y cambiar el petróleo por renovables han cambiado radicalmente de escenario, si tenemos en cuenta que una buena parte de los actores se han nacionalizado o está en la cuerda floja por los precios a los que tienen que comprar materia prima y suministros. Seguramente quedará el mismo número de campeones en Europa, pero la reordenación ha variado el plantel y les ha dado mucho protagonismo a los socios del sur, capaces de traer gas de Argelia o de Qatar, frente a la todopoderosa Alemania, que lo apostó todo a Moscú, perdió y parte de más atrás. Grandes petroleras como Repsol o Shell, tendrán que acercarse aún más a socios potenciales, como Naturgy o Iberdrola, bajo el acecho permanente del gigante francés Total Energies o la semipública italiana Enel, que ya supo llevarse de calle a Endesa y no le importaría repetir un negocio similar.
Si ya es complicado el sudoku de la reordenación energética en el ámbito empresarial, más difícil será controlar el impacto de sus precios en el resto de los ámbitos de la economía, con los gobiernos parcheando como pueden las vías de agua que se generan en familias y pymes, pendientes de reformar un mercado eléctrico hecho a medida de Alemania. Los alimentos son ahora el gran paganini del impacto de la subida de costes en cada país, pero especialmente en España, donde el golpe de los costes y del carburante ha venido a intensificar una situación precaria que se arrastraba en la producción del campo y que ofrece una buena oportunidad de transparencia para que todos sepamos cuánto vale producir las cosas en el mundo rural y cómo se pagan.
Todo el mundo se echa manos a la cabeza con el 14% de subida de los precios de los alimentos del IPC de septiembre y su efecto en la cesta de la compra, pero también es cierto que estamos en la parte de consumo doméstico más fácil de asumir y flexibilizar hasta que vengan tiempos mejores. Tal vez los productores agrícolas y ganaderos estén ante una de las grandes ocasiones que aflora la economía para dar a conocer el verdadero valor de lo que hacen y marcar el precio justo que deben cobrar por ello. El cereal se paga tres veces más alto que hace apenas tres años, pero es que lo vale, tanto para cubrir unos costes exagerados, como para dignificar y poner encima de la mesa su papel básico en la cadena alimentaria, frente a negociaciones a la baja y muchas malas cosechas asumidas con pérdidas. Y la pesca y la ganadería tres cuartos de lo mismo: es el momento de marcar el precio/valor de lo que hacen, erradicar las ventas a pérdidas, hacer que la nueva Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla de una vez por todas y sacar la especulación y el manejo de los almacenistas de algo tan importante para el bienestar social como tener alimentos a un precio razonable.
Si a medida que Putin va cediendo se logran avances sensatos en las tensiones del sector energético y el calvario de los precios de los alimentos, se habrá avanzado mucho en lo que más necesitamos los españoles, un poquito de paz y tranquilidad. Pero no ayuda en nada a ese trayecto el tercero de los escenarios que se está rompiendo y, esta vez, más por imprudencia propia que por cuestiones sobrevenidas, que es el de la fiscalidad. Podemos tragar con aquello de que no es momento de bajar impuestos, mucho menos a lo loco y en ámbitos autonómicos que luego dependen de fondos estatales. Pero tampoco lo es de subirlos de forma desaforada por ideología y oportunismo político.
No hace falta un impuesto a los ricos demagógico, carente de base jurídica legal y sin eficacia recaudadora; es suficiente con elevar el tipo marginal en el IRPF o sacar un tramo más por arriba… Y no es necesario inventarse un impuesto a la banca sin base legal ni hecho imponible definido; bastaría con subir la tarifa del Impuesto de Sociedades en lo que sea necesario. El coto fiscal a las sicavs ha sido la medida más efectiva sobre los grandes patrimonios, sin hacer ruido y poniendo la inteligencia tributaria por delante de la ideología, no al revés. La estrategia fiscal del Gobierno es el ejemplo más claro de cómo los españoles somos expertos en crear problemas donde nunca los ha habido. Estoy seguro de que a la banca, los grandes patrimonios y las empresas del Ibex no les importa arrimar el hombro lo que haga falta, pero dentro de un orden, sin sapos que tragar a la fuerza.
El problema es que, si se avanza en lo energético y los alimentos para no matar al consumo y creernos un poco que lo peor ha pasado ya -como dicen algunos socialistas y no pocos empresarios-, maltratar a la gente con impuestos absurdos que tocan su bolsillo puede echar por tierra todo lo avanzado de un plumazo. El desorden fiscal es malo para la clase media trabajadora, tanto la que no llega a 21.000 euros como la que esta entre esa renta y la de los más ricos, que es donde se acumulan los votos clave para ganar las elecciones y solo saben que van a pagar más por todo, incluidas sus hipotecas.
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