La vida política española y no solo la económica, va de sobresalto en sobresalto, como lo acaba de manifestar el resultado de las elecciones catalanas, cuyo análisis dejamos para otro día.
En el asunto que hoy nos interesa, el Gobierno pretende replicar cada varapalo judicial con un nuevo movimiento en el tablero de las altas vanidades, donde se juega el verdadero poder. ¿Quién manda sobre la Fiscalía? Lo dejo claro y explícito el Presidente del Gobierno. ¿Quién sobre los jueces? Es lo que ahora se dilucida.
El 'punctus dolens' hasta el momento presente ha sido la sentencia de la Sala Tercera anulando el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado, ex ministra de Justica y ex fiscal general del Estado, como fiscal de Sala contemplada en la Ley de Memoria Democrática.
En otros tiempos las contratas públicas se resolvían en las cacerías como con plasticidad y humor nos mostró García Berlanga en la Escopeta nacional; hoy como en tiempos del tándem Bermejo (ex ministro de Justicia) y Baltasar Garzón (juez poderoso de la Audiencia nacional hasta su expulsión), se resuelven también en fincas de Castilla-La Mancha. Hoy el tándem lo forman Garzón y Dolores Delgado.
En tal situación el panorama se ha vuelto esperpéntico. ¿Cómo pensar que un fiscal general del estado recusaría a los Magistrados del TS que han de juzgar si su nombramiento ha incurrido también en una desviación de poder? Es decir, que el Gobierno haya utilizado potestades o facultades públicas para fines distintos de los que prevé el ordenamiento jurídico. Dicho mas claramente, si su nombramiento ha sido ilegal.
La Fiscalía General del Estado no suele ser plato de gusto, salvo para aquellos que legítimamente pretenden llegar en lo más alto de sus aspiraciones profesionales, véase por ejemplo el nombramiento de Eduardo Torres Dulce, uno de los mejores fiscales con prestigio y autoridad en la carrera, que aun así dimitió de su cargo en 2014, tras ser nombrado por el Gobierno Rajoy en 2012.
También tiene algo que ver en algunos casos con la vanidad mundana, que como noveló Tom Wolf puede convertirse en la hoguera de las vanidades. También, desde otra perspectiva, es un honor servir a tu país. Todo depende del color e intención con la que se ejerza.
Últimamente, sin embargo, tras la llegada de Sánchez a la presidencia se han realizado nombramientos muy políticos como el de Dolores Delgado, que tras su nombramiento como ministra de Justicia (2018-2020), fue nombrada sin solución de de continuidad como fiscal general del Estado (2020-2022). Tras ello pretendió su acomodo primero como fiscal de Sala de lo Militar y luego para la Fiscalía que se creó ad hoc en la Ley de memoria democrática. Estos últimos nombramientos han sido anulados por el TS, poniendo en cuestión la actuación del fiscal general del Estado.
Esa misma Sala Tercera anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, por no ser jurista de reconocido prestigio. Pareciese que los excesos gubernamentales pretendiendo nombrar a sus afines políticamente para altos órganos del estado, de naturaleza no gubernamental, escuece a Sánchez costumbrado a gobernar a su libre albedrío.
Algo de ello acomodado a los tiempos presentes recuerda en la historia de las ideas políticas, a la simonía o nombramiento de altos cargos eclesiásticos, práctica habitual en la alta Edad Media y del Renacimiento. Pudiera parecer que nada nuevo hay bajo el sol, aunque se revista de ropajes modernos cambiándolo por la afinidad política para conseguir los propósitos del gobierno.
La recusación de los Magistrados del Tribunal Supremo (TS) que han de juzgarle se asemeja a los intentos de Puigdemont de recusar a sus juzgadores. Aunque no sea algo parejo, pero sí ejemplo de recusaciones históricas, se encuentra la de Serrano Suñer, apartado ya de su cargos políticos, en los años cincuenta del siglo XX, cuando ejerciendo como abogado de la sociedad canadiense Barcelona Traction Light and Power Company Limited (la quiebra mas importante del siglo XX en España) recusó a todos los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona. Imagínense cómo terminó el asunto.
Debe llamarse la atención sobre el hecho de que la calculada recusación por el Fiscal General llamada por imperativo legal a ser resuelta por la Sala del 61 del TS, puede no solo caldear los corazones corporativos entre fiscales y magistrados del TS, sino la mas preocupante de dividir al TS, etiquetando a los Jueces afectos o desafectos, en el intento de controlar el sesgo de sus resoluciones. Francamente todo ello, me parece, un despropósito.
La Sala del articulo 61 del TS compuesta por el Presidente de dicho Tribunal, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conoce de los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda.
Ni que decir tiene que más allá del resultado final, la figura de Alvaro Garcia Ortiz pasará a la historia por una razón u otra. Así están las cosas, queridos lectores en las altas instancias de la Justicia de nuestro País, donde el lawfare o persecución judicial, parece haberse iniciado.
Coda final
El resultado de las elecciones catalanas deja entreabierta la cuestión de que en la actual situación de inestabilidad consumada tras las elecciones catalanas, el presidente del Gobierno necesita una longa manu en la fiscalía para allanar las dificultades legales para que que el prófugo Puigdmont no sea la piedra que remueva su gobierno, o en cualquier otro caso, para torcer el brazo judicial en su favor. Por tal razón, el pulso de las recusaciones del TS es vital para sus intereses. Malos tiempos para la independencia judicial o, en otro caso, para el genio expansivo del estado de derecho si no hay valientes que quieren protagonizarlo.
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