Memes, wikipedia, medios... ¿en qué consiste la nueva directiva de derechos de autor europea?

Internet se mueve a una velocidad mucho mayor que las reformas legislativas, algo que afecta en distintos sentidos a muchas realidades, también a las relacionadas con los derechos de autor. Casi ocho años en asuntos digitales son el equivalente a medio siglo en otros.

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo  lograron en febrero cerrar el acuerdo sobre la nueva legislación que pretende extender los derechos de autor al entorno digital. Se trata de una actualización pendiente desde 2016 de la actual normativa, de mayo de 2011.

Esta modernización ha sido un proceso largo que, de hecho, aún no ha concluido. El acuerdo, que afecta directamente a gigantes como Facebook, Youtube o Google, tiene todavía que ser aprobado formalmente por los representantes del Parlamento Europeo. Los europarlamentarios tendrán que votar su aprobación este martes 26 de marzo. Algo que, previsiblemente, sucederá sin inconvenientes pese a que dicha directiva no contenta a todos los afectados. Por ejemplo, youtubers españoles como VisualPolitiik, Jaime Altozano, YellowMellow o Rush Smith han expresado su preocupación por la implantación de esta normativa.

Apenas un día antes de que el acuerdo tomara forma, un grupo de asociaciones europeas de autores entre las que se encuentran la Alianza Europea de Compositores, la Federación de Editores Europeos, la Alianza Europea de Agencias de Comunicación y la News Media Europe, emitieron un comunicado en el que lo valoraban como "un paso crucial" para que los creadores tuvieran garantías de obtener "una remuneración justa en Internet" y sus sectores no estén "sujetos a una enorme incertidumbre legal", pero también solicitaban "más mejoras".

Menos complacientes son desde el primer momento en la Electronic Frontier Foundation, un grupo sin ánimo de lucro y de origen estadounidense cuyo objetivo es la protección de los derechos de libertad de expresión en esta era digital y que considera especialmente problemáticos los artículos 11 y 13. El primero está dedicado a las publicaciones de prensa y el segundo hace referencia a la obligatoriedad de las distintas plataformas de monitorizar lo que los usuarios suben a sus sistemas y que les preocupa especialmente pensando en proyectos colaborativo como Wikipedia.

También David Kaye, designado como el responsable de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de la libertad de opinión y expresión, expresó en junio de 2018 su preocupación por si esta directiva puede impactar negativamente en estos derechos.

El Europarlamento, consciente de las numerosas críticas que esta directiva ha recibido, destaca desde una de las numerosas webs informativas para acercar esta iniciativa a los ciudadanos europeos que "ha sido objeto de una intensa campaña en contra" y que, según sus estadísticas internas, "rara vez" los eurodiputados han recibido tanta presión por diferentes vías como en este caso. Descarta que todas las afirmaciones "catastrofistas" que aseguran por ejemplo que la norma viene a "romper Internet" vayan a hacerse realidad, recordando que también resultaron fallidas predicciones anteriores como las de las compañías de telecomunicaciones asegurando que los topes en las tarifas de roaming dispararían los precios o que la gente dejaría de ir a restaurantes y bares si se prohibía fumar en ellos.

Desde las distintas instituciones europeas defienden sin fisuras la normativa. Antonio Tajani, presidente de la Eurocámara, ha asegurado que "protege la creatividad europea. Músicos, actores, escritores, periodistas y el sector audiovisual tendrán derecho a una remuneración justa también por parte de los gigantes de Internet. De forma parecida se han expresado la comisaria para Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel; el vicepresidente para el mercado único digital, Andrus Ansip; o el el ministro de Cultura de Rumanía (país en cuyas manos está la presidencia del Consejo de Europa este semestre), Valer Daniel Breaz.

El Parlamento Europeo aclara que la norma no crea en ningún caso nuevos derechos para los creadores o periodistas, sólo asegura que sus actuales derechos salgan reformados. Tampoco origina nuevas obligaciones para las plataformas online o los agregadores de contenidos, sino que afianza que las obligaciones ya existentes sean respetadas mejor.

Insisten en que no está dirigida al usuario de internet ordinario, para el que debería ser transparente y que podrá seguir generando y subiendo contenido a las distintas plataformas; que afecta a creadores y empresas de Internet.   Sobre todo impactará en esas grandes compañías, con la intención de que "remuneren correctamente" a los autores por su trabajo, porque "una empresa debe pagar por el material que usa para obtener beneficios".

Tampoco establece cómo deben las empresas proceder para asegurar ese respeto a los derechos de autor y la remuneración justa de los autores. Lo que hace la norma es fijar el objetivo, pero no cómo llevarlo a cabo.

Los medios no obtendrán ingresos porque terceros compartan fragmentos de sus contenidos. No obstante, esos fragmentos que se comparten por ejemplo en Facebook o Google News, tendrán que ser "muy breves".

Las contribuciones a las plataformas sin ánimo de lucro como Wikipedia o GitHub están exentas. Y también habrá requisitos menos estrictos para las empresas más pequeñas y emergentes (que tengan menos de tres años de existencia, 10 millones de euros de volumen de negocio anual o  5 millones de usuarios únicos al mes) que para los grandes gigantes de Internet.

También hay excepciones al copyright establecidas en caso de que los propósitos sean la investigación científica.

La norma protege las obras que se suben a Internet con objeto de citar, criticar, revisar, caricaturizar, parodiar o imitar. Es decir, que la diversión más o menos inocente a costa de memes y gifs no peligra.

En estos momentos, si un usuario de una red social o cualquier otro tipo de negocio online sube contenido sujeto a copyright (fotos, vídeos o textos de los que no tiene derechos), esas empresas solo están obligadas a eliminar el contenido cuando les llega una reclamación. Es un proceso que desde Europa consideran "complicado" y que "no garantiza a los titulares una remuneración justa" y la nueva norma busca una mayor responsabilidad de esas empresas sobre dicho contenido.

El acuerdo establece que los autores (músicos, guionistas, periodistas, etc) puedan negociar una mejor remuneración si los gigantes tecnológicos utilizan sus trabajos.  Además, dichos autores también podrán negociar una remuneración adicional de los distribuidores que exploran sus trabajos si es desproporcionadamente baja comparada con lo que dichos distribuidores ingresan.