A 22 de enero de 2020, según datos del Ayuntamiento, había 4.821 patinetes en circulación en el término municipal de Madrid, que correspondían a 14 empresas. Además, está el servicio de Bikesharing, que disponía de 3.500 bicicletas desplegadas, correspondientes a dos empresas. Y, por supuesto, Motosharing: con datos de Cinco Días, hay 5.665 y dependen de cinco empresas. Faltarían los coches eléctricos compartidos, cuya flota ronda los 3.000 en la capital de España. Hablamos de unos 17.000 vehículos solo en Madrid.
Cuando estas empresas no tienen base fija no pagan ningún tipo de tasa por la ocupación del espacio urbano. Sólo han de abonar una tasa de este tipo en Barcelona. Entró en vigor en febrero de 2019 y supone un pago de 71,51 euros por vehículo y año. En el momento de ponerse en funcionamiento, informaron desde el Consistorio de la Ciudad Condal, había seis empresas de bicicletas y motos compartidas, con 1.500 bicicletas y 2.325 motos en circulación.
Business Insider ha hecho una estimación de lo que podría recaudarse en Madrid si se estableciera una cuota similar a la de Barcelona. La cifra dimanante es como para pensárselo: 1,74 millones de euros al año.
Combatir la contaminación vs Empleo del espacio público
En su momento, el Plenario municipal de Barcelona aprobó la creación de esta tasa para vehículos de movilidad compartida “para limitar su presencia y minimizar el impacto que generan”. El impuesto comporta el otorgamiento de una licencia por vehículo que será obligatoria e intransferible, y tiene una duración de tres años prorrogables a un año más.
Los requisitos para obtener las licencias son:
- Que una vez obtengan las licencias, estos vehículos se tienen que utilizar.
- Cumplir los criterios de sostenibilidad municipales: bicicletas mecánicas y eléctricas, y motos eléctricas.
- Cumplir los criterios de seguridad municipales: se tienen que adherir al manual de buenas prácticas.
- Todos los vehículos tienen que incorporar sistemas de geolocalización.
- Los vehículos averiados se tienen que retirar en menos de 24 horas.
- Acceso municipal a los datos de uso del sistema en tiempo real.
- Todas las bicicletas tienen que disponer de sistema de anclaje y tienen que estacionarse en los espacios que tienen habilitados en la vía pública.
- Todas las motos se tienen que estacionar de acuerdo con la normativa municipal de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos.
La proliferación de empresas de movilidad compartida, argumentaron entonces, “ayuda a combatir la contaminación, a fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público y a impulsar el vehículo eléctrico. El nuevo marco regulador servirá para minimizar sus efectos negativos: el empleo del espacio público y la seguridad vial”.
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